Alianza inteligente en el Plan de Infraestructuras
El Plan Extraordinario de Infraestructuras, que presentó el presidente del Gobierno la semana pasada, es un impulso para la reactivación de la economía y el empleo en el momento que más lo necesita el país y que no compromete la estabilidad presupuestaria. Como apuesta conjunta del Gobierno, las entidades financieras y las empresas del sector, es, además, una alianza inteligente para invertir en infraestructuras del transporte, reduciendo costes y mejorando la competitividad de nuestra economía.
Y es extraordinario porque es el plan más ambicioso basado en la colaboración publico-privada de los que están en marcha en la UE. Un plan que va a movilizar 17.000 millones de euros (el 1,7% del PIB), anticipando a 2010 y 2011 la licitación de inversiones ya programadas de acuerdo con el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. Y quiero resaltar esto porque para cumplir el objetivo de licitar en ese periodo de tiempo es imprescindible contar con proyectos maduros en avanzado estado de tramitación administrativa.
Este elevado volumen de inversión tendrá un notable impacto sobre el empleo, especialmente en los primeros años del plan -al coincidir con la construcción de obra nueva- justo cuando más falta hace. Pero también contribuirá a crear empleo estable en la conservación y mantenimiento de las infraestructuras a lo largo de todo el periodo concesional, 25 años en el caso de infraestructuras ferroviarias y 30 en la mayoría de las viarias.
El plan apuesta por la sostenibilidad del sistema de transporte. Por eso, el 70% de las inversiones en obra nueva serán en ferrocarril, tanto para el transporte de mercancías como de personas, la mejor apuesta para reducir la dependencia energética del petróleo y las emisiones de CO2.
El plan se ha diseñado para que cumpla dos exigencias fundamentales: que las inversiones en obra nueva no computen en déficit durante el periodo de ejecución de las mismas y que sea financiable por las entidades financieras.
Para cumplir los criterios fijados por Eurostat respecto al cómputo en déficit, se transfieren al concesionario los riesgos de construcción y de disponibilidad. Ello supone que el concesionario ha de financiar íntegramente el coste de la inversión y que deberá asumir las penalizaciones correspondientes por desviaciones técnicas o de plazo en la construcción. La transferencia del riesgo de disponibilidad se medirá a través de una serie de indicadores objetivos que establecen penalizaciones -que podrán ser muy severas- para garantizar una efectiva transferencia del riesgo y la conservación de la infraestructura en condiciones óptimas.
Se ha descartado el riesgo de demanda de tráfico por dos razones fundamentales. Primera, porque el objetivo del ministerio es la correcta conservación de las infraestructuras, independientemente de los avatares del ciclo económico y del tráfico existente, y eso se garantiza con el riesgo por disponibilidad. Segunda, porque los mercados financieros no asumen en las condiciones actuales el riesgo de tráfico. Todos conocemos demasiados casos en comunidades autónomas de concesiones basadas en el riesgo de demanda que no han podido iniciarse e, incluso, han tenido que rescindirse por no encontrar el concesionario la financiación adecuada. A la hora de diseñar este plan, lógicamente, se han tenido en cuenta todas las circunstancias para no caer en los mismos errores.
El modelo contempla un canon único que paga la inversión, la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras, así como la retribución de los recursos propios y ajenos invertidos por el concesionario en la construcción de las mismas y que no se empezará a percibir hasta que entre en funcionamiento la infraestructura, a partir de 2014. Esto supone comprometer un volumen anual de recursos presupuestarios muy reducido, correspondiente a los importes del canon que se actualizarán con el IPC hasta el final del periodo concesional.
Llegado este punto quiero resaltar la racionalidad de plantear la financiación de las infraestructuras a largo plazo, comprometiendo una parte muy pequeña de los presupuestos futuros del ministerio. Ninguna empresa eficiente financia inversiones a largo plazo con financiación a corto plazo. Parece lógico que el sector público tampoco lo haga. Además, creo que es de justicia que todas las generaciones que nos vamos a beneficiar del disfrute de estas nuevas infraestructuras contribuyamos a su financiación.
En relación con la financiabilidad del plan, las sociedades concesionarias completarán con recursos propios al menos el 20% de la inversión inicial. El resto será con financiación ajena. Para garantizar el acceso al crédito se ha contrastado con las entidades financieras la viabilidad del plan y que los riesgos sean asumibles por ellas. Es importante resaltar que se ha logrado la colaboración del BEI, el ICO, la AEB y la CECA.
El plan incluye proyectos que requieren diferentes volúmenes de inversión, lo que posibilitará la participación de empresas de diversos tamaños. Con ello, se pretende abrir nuevos caminos para la cooperación entre las empresas del sector, pues aúna a empresas especializadas en la conservación con constructoras y concesionarias. Y ello puede servir para especializarse en la actividad concesional, que puede ser la antesala de su internacionalización, como ocurrió en su día con otras empresas españolas que son hoy líderes a nivel mundial en el negocio concesional. En definitiva, una alianza inteligente para dar el impulso necesario a la reactivación económica y al empleo.
Inmaculada Rodríguez-Piñero. Secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento