La regulación destruye millones de empleos
Según la evaluación de impacto del Parlamento Europeo, se estima que 1.750.000 empleos se destruirán y que el PIB de la UE se reducirá un 0,2% anual como resultado de la aplicación de la propuesta de directiva que regule el capital inversión y el capital riesgo, entre otras inversiones alternativas. Teniendo en cuenta que no se considera que ninguna de estas clases de activos haya sido identificada culpable de contribuir a la crisis financiera mundial, la Directiva sobre Inversiones Alternativas para Gestores de Fondos (AIFMD) es muy polémica.
Existen áreas en los actuales borradores de esta legislación que claramente precisan una mejora; en particular hay que revisar normas que, de forma injusta, discriminan a las compañías participadas por el capital riesgo, en España y en otros países europeos. Estas empresas no son distintas de aquellas con las que compiten, con independencia de que sean o no cotizadas, de propiedad familiar, de inversores individuales o parte de conglomerados. Todas crean empleo, dan servicio a sus clientes, respetan la normativa vigente y pagan sus impuestos. No tiene sentido que las normas concernientes a las empresas participadas por el capital riesgo relativas a cuestiones como la transparencia, por ejemplo, no sean de aplicación general a todas las empresas. Si existen insuficiencias en la regulación empresarial horizontal, todo intento de solucionarlas a través de legislación financiera sectorial creará, por definición, mayores lagunas jurídicas y anomalías en la legislación que afecta a las empresas.
Tanto el capital riesgo como el capital inversión continúan siendo una alternativa de financiación de crucial importancia para las empresas españolas en un momento en que los bancos han cortado las líneas de crédito. A finales de 2009, 373.000 españoles trabajaban en empresas participadas por el capital riesgo pero estas medidas discriminatorias tendrán como consecuencia una inhibición de la actividad de capital riesgo en España y en Europa, y esta a su vez acentuará una nueva ola de desempleo y ejercerá un efecto negativo en la recuperación.
Según el Informe de Impacto Económico y Social del Capital Riesgo en España. 2010 de Ascri, que ha hecho seguimiento de más de 1.000 empresas participadas por el capital riesgo, éstas han experimentado altos niveles de crecimiento del empleo. En los últimos tres años, en plena crisis, su plantilla ha aumentado en 73.239 trabajadores, lo que supone un crecimiento 6,4 veces superior al experimentado durante el mismo periodo por empresas equivalentes sin el respaldo del capital riesgo.
Es erróneo pensar en la Directiva AIFM como un cambio regulatorio que sólo afectará a la industria de los hedge funds en Londres; afectará directamente a las empresas españolas y al empleo. Además es contraria a las prioridades de la UE para 2020 enfocadas en el crecimiento y la innovación. Para España, es especialmente preocupante debido a la necesidad de diversificar nuestra economía e incrementar nuestra base tecnológica. La presidencia española debe hacer hincapié en que se examinen ésta y todas las propuestas legislativas de la UE bajo el prisma de su adecuación y coherencia con la ya existente agenda de innovación y crecimiento. Es la mejor forma de proteger el empleo, tratar con equidad a las empresas y fomentar una mejor regulación.
Javier Echarri. Secretario general de la Asociación Europea de Capital Inversión y Capital Riesgo (EVCA)