Transparencia en la negociación con el ACTA
Desde hace más de dos años, la Comisión Europea negocia con 10 países (Australia, Canadá, Corea del Sur, EE UU, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza) en el secreto más absoluto los términos de un acuerdo comercial contra las falsificaciones (ACTA). Tras siete rondas de negociaciones, continúa existiendo una gran tensión en torno a un acuerdo muy controvertido. El Parlamento Europeo, que pugna por hacer respetar las nuevas prerrogativas que le ha conferido el Tratado de Lisboa, ha pedido cuentas a la Comisión.
A primera vista, el ACTA no tiene motivos para llamar la atención: es un objetivo loable luchar contra la falsificación con los países que están dispuestos a ello (China no participa en las negociaciones). Un objetivo que redundará en beneficio tanto de las empresas como de los consumidores.
Pero el problema surge en el capítulo internet del acuerdo, un terreno donde la lucha contra los productos falsificados puede derivar rápidamente hacia una restricción de las libertades individuales y un atentado a la vida privada. Y en el corazón de los debates está la famosa regla de tres avisos y desconexión, es decir, la posibilidad de sancionar a los usuarios que utilicen productos informáticos que violen los derechos de propiedad intelectual.
Desde hace meses, no cejamos de dirigirnos a la Comisión para conocer la evolución de las negociaciones. La institución encargada de hacer respetar los tratados no tiene sólo una obligación de atender las preocupaciones legítimas de los ciudadanos europeos, sino que también, con el Tratado de Lisboa, está obligada jurídicamente a proporcionar a los diputados europeos las mismas informaciones que reciben los Estados miembros.
A la vista de que la Comisión no respetaba sus obligaciones, se ha buscado una posición fuerte y unánime del Parlamento Europeo, la única institución comunitaria que representa a los ciudadanos. En la resolución aprobada el pasado 10 de marzo, exigimos una transparencia total en las negociaciones relacionadas con el ACTA y afirmamos con claridad que estamos dispuestos a presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo para defender nuestras prerrogativas.
Por otra parte, en esa resolución recordamos nuestros principales temores en cuanto al contenido del acuerdo de negociación. Y que la prioridad es garantizar, como mínimo, que se preserva el acervo comunitario. Así, más allá del riesgo de la reintroducción de las normas tres avisos y desconexión, queremos obtener garantías sobre el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en cuanto a la libertad de expresión, y a la protección de la vida privada y de los datos.
Veamos algunos ejemplos de nuestras inquietudes: ¿vamos a permitir que al cruzar una frontera un ciudadano vea cómo registran el contenido de su ordenador o cómo se lo confiscan si contiene documentos que violan ciertos derechos de propiedad intelectual? A sabiendas de que el ACTA prevé la introducción de sanciones penales, ¿qué riesgos amenazarán a los internautas? ¿Hay garantías de que una autoridad judicial intervendrá antes de cualquier sanción? ¿O se orientará el ACTA más bien hacia una sanción directa, como intentó imponer el Gobierno francés con su ley Hadopi?
A nivel europeo, la aprobación de la Directiva sobre Comercio Electrónico en el año 2000 permitió blindar el principio de la no responsabilidad de los proveedores de acceso a internet y de los servidores. Ahora, el ACTA, si la Comisión no se mantiene firme en sus posiciones, podría reintroducir la obligación para estos últimos de controlar el conjunto de los contenidos que transitan por sus redes. ¿Pero de qué margen de negociación dispone la CE? ¿Qué está dispuesta a sacrificar a cambio de un acuerdo internacional prioritario para las potencias industriales europeas, con la industria farmacéutica en primera fila?
La Comisión debe ser consciente de que el Parlamento defenderá estos principios hasta el final. Y que si no cambia de estrategia, los diputados llevarán hasta el final el combate contra la ratificación del ACTA como ya han hecho al vetar el acuerdo sobre Swift para transmitir datos bancarios a Estados Unidos.
Kader Arif. Parlamentario europeo del Grupo socialista y portavoz en materia de comercio internacional