Las energías renovables y la competitividad
La recuperación de una senda de crecimiento económico suficiente para generar empleo, disminuir la tasa de paro y asegurar su sostenibilidad a medio plazo va a estar estrechamente ligada a las ganancias de productividad en nuestro sistema económico.
Los costes laborales constituyen el elemento determinante de la competitividad en la mayoría de nuestras empresas, existen otros costes, entre los que destaca el energético que, por su cuantía y por sus efectos sobre la cadena productiva, juegan un papel principal en el logro de la eficiencia de la actividad económica.
La aportación directa de los sectores energéticos al PIB se limita al 2,3%, pero las ventas de energía al conjunto del sistema productivo ascienden al 4,6% del total del valor de la producción. Es decir, una mejora de diez puntos porcentuales en la eficiencia del sector energético origina una reducción directa de los costes del sistema productivo en torno al 0,5% y un efecto multiplicador adicional que rondará el 1%.
No debe extrañar, por tanto, la relevancia que se otorga al sector energético, tanto en la estrategia económica de la Comisión Europea como en las negociaciones que están realizándose en España entre el Gobierno, los partidos políticos y los agentes sociales para superar la crisis económica en las condiciones más favorables.
La propuesta inicial del Gobierno por lo que a la energía se refiere queda definida en el punto 1.6 del Documento comunicado el pasado 1 de marzo, donde se identifican los tres pilares sobre los que se ha de asentar la política energética de Europa: seguridad de suministro, competitividad y respeto por el medio ambiente. Pero estos fundamentos no quedan reflejados con eficacia a la hora de definir el mix energético propuesto para 2020. Al contrario, en mi opinión, chocan frontalmente con el objetivo de competitividad, sin que su aportación a la seguridad de suministro y al respeto medioambiental sea significativa.
Al comparar la potencia de generación de electricidad para el año 2020 con la registrada en 2009, se observa como, además de mantener la clausura de la central nuclear de Garoña, se prevé un crecimiento extraordinario en la potencia de energías renovables, especialmente acusado tanto en la energía solar, que se verá cuadruplicada al final del periodo de planificación, como en la eólica, que se duplicará. La aportación de ambas fuentes de energía a la producción bruta, pasará del 13,8% de 2009 al 30,5% previsto para 2020, circunstancia que requerirá un excepcional incremento de las primas pagadas, en torno a 13.000 millones de euros anuales, si no se modifica la regulación vigente. Este incremento, de producirse, determinará un aumento de los costes regulados reconocidos actualmente al servicio eléctrico, en torno al 90%, y un incremento de tarifas y peajes por este único concepto del 6,5% anual acumulativo en los próximos diez años, absolutamente incompatible con el objetivo primordial de avanzar en la competitividad de nuestro sistema productivo.
Pero la incidencia negativa de esta propuesta en la competitividad de las empresas y en el gasto de las familias, no es el único problema que plantea la previsión correspondiente al año 2020. El espacio ocupado por las energías renovables, al no corresponder a aumentos de la demanda final de electricidad, exigirá cesiones importantes de las contribuciones de las tecnologías clásicas, especialmente de las centrales de generación de ciclo combinado, a la cobertura de la demanda. Según esto, de mantenerse estas expectativas, las citadas centrales verán disminuir su utilización media anual, desde las 4.000 o 5.000 horas programadas por las empresas eléctricas al acometer la inversión en estos proyectos, o desde las 4.500 horas de utilización media contabilizadas en 2008, a apenas 2.200 horas previstas para el año 2020, y ello durante un interminable periodo de diez años. Es materialmente imposible que semejante reducción de la utilización anual de estas instalaciones sea compatible con su viabilidad económica por lo que, o se habilita un nuevo procedimiento que permita compensar este estado de cosas, ajeno a la gestión de las compañías y consecuencia de las decisiones del Gobierno, o simplemente se pondrá en grave riesgo la estabilidad económica de las empresas energéticas afectadas. Nótese que más de 14.000 MW de potencia en centrales de ciclo combinado, equivalentes a 35 unidades de 400 MW y a la mitad de las operativas en 2020, estarán ociosas, un lujo que la economía española no puede soportar y que rechaza cualquier análisis, por apresurado que sea.
Eficiencia, precios competitivos, seguridad y diversificación son compatibles con la protección ambiental. Pero hipotecar a todos los consumidores para cumplir unos objetivos, por otra parte ni explicados ni justificados, no es admisible ni aceptable. Y el interés general demanda reflexión y soluciones alternativas coherentes con las directrices que conforman el devenir energético de nuestro país.
Como en tantas otras áreas de nuestra crítica situación, es el momento de aportar ideas generadoras constructivas y voluntad de actuación. Además de proclamar que la acción del buen gobierno así lo exige, otros países han adoptado ya pautas de cambio. Nuestras empresas han demostrado capacidad para competir en otros mercados y su buen hacer es reconocido internacionalmente. Hagamos posible lo deseable, contando con la neutralidad de la Administración. Y evitemos que decisiones más relacionadas con el voluntarismo ideológico que con el pragmatismo nos lleven a todos a pagar una factura que podría hipotecar el objetivo de alcanzar a medio plazo un crecimiento económico sostenible.
César Vacchiano. Consultor