El Gobierno choca con la oposición en su intento de eliminar los blindajes
La solitaria firmeza con la que el PSOE ha venido defendiendo en las últimas semanas la enmienda que pretende suprimir los límites a los derechos de voto en las sociedades cotizadas contrasta con la falta de apoyos políticos para sacarla adelante en el Congreso. Hoy no la incluirá en la ponencia y el debate previsto para el día 24 ha sido pospuesto hasta después de Semana Santa.
El Gobierno daba por seguro el apoyo de Convergència i Unió a esta enmienda, que fue introducida a última hora en el proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas y de Mercado de Valores. Las conversaciones de alto nivel que mantuvo el Ejecutivo con el líder de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, fueron el empujón definitivo que llevó al Grupo Socialista a colar la iniciativa. Sin embargo, a medida que han ido pasando las semanas, los nacionalistas catalanes se han enfriado como consecuencia de las presiones empresariales, hasta el punto de que ahora sólo llegan a manifestar que "siguen deshojando la margarita".
A las dudas de CiU, que está sopesando la opinión de las grandes empresas catalanas, se sumó ayer la enmienda transaccional anunciada por el PNV, en la que se supedita la supresión de las limitaciones de voto al lanzamiento de una opa por el 75% de la compañía afectada, iniciativa que, a juicio de los diputados Josu Erkoreka y Pedro Azpiazu, serviría "para proteger a los accionistas minoritarios" de aquellas sociedades donde "una minoría puede tomar decisiones que afectan al conjunto".
El PNV, que se ha mostrado próximo a los intereses del actual equipo gestor de Iberdrola, ha tomado como una de sus referencias la legislación francesa. De llevarse a la práctica su propuesta tendría que modificarse la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Opas. En su argumentación, los nacionalistas vascos hacen ver que las limitaciones al número máximo de votos continúan admitiéndose en la mayoría de los ordenamientos europeos, como, entre otros, de Francia, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Portugal, Suiza, Bélgica, Polonia, Hungría y Finlandia. Las únicas excepciones son Alemania e Italia.
El PNV argumenta también que el análisis de las sociedades del Ibex revela que las limitaciones estatutarias al número máximo de votos no pueden considerarse en la práctica como instrumento de blindaje del equipo directivo frente a la propiedad dado que en estas compañías, a través del consejero dominical, los accionistas significativos tienen acceso al consejo de administración.
Los nacionalistas vascos entienden que las limitaciones al número máximo de votos han demostrado ser una medida de protección de los minoritarios, que evita que determinados partícipes puedan controlar de facto sociedades cotizadas a través de la compra de participaciones significativas, pero evitando de forma deliberada superar el umbral de opa obligatoria (30% del capital) y, por tanto, que los minoritarios puedan beneficiarse de la prima de adquisición de control.
El Partido Popular ha eludido retratarse hasta ahora, a la espera de conocer si su voto puede ser determinante o no para que prospere la enmienda socialista. Los grupos minoritarios no se ven llamados todavía a este debate y, por tanto, tampoco han definido su posición. En cualquier caso, el Gobierno, que en un principio aparecía enrocado en la defensa de sus posiciones, pese al origen tan singular que ha tenido esta iniciativa, se ha tentado la ropa para evitar abrirse un nuevo frente de consecuencias desconocidas.
Defensa contra opas
Fuentes empresariales consideran que los límites a los derechos de voto que recogen los estatutos de algunas empresas (aún las mantienen 14 sociedades, seis del Ibex) dejaron de ser un blindaje contra opas. Tras las que sufrió Hidrocantábrico, la norma cambió y desde entonces se permite que los opantes establezcan como condición para liquidar la oferta que se levanten estas restricciones. Más recientemente se ha suavizado el porcentaje de votos requeridos en la junta para levantar los blindajes: del 75% al 50%.
Estas fuentes prevén que la enmienda se matice y que sólo afecte a las empresas cotizadas, o que se establezca un límite alto para los derechos de voto (hoy libre) entre el 20% y el 30%. Distinto es que, a través de un pacto parasocial, dos socios se autolimiten sus derechos.
Días clave para Iberdrola
Dentro de tres semanas será debatida en el Congreso la polémica enmienda con la que el Gobierno quiere eliminar los límites a los derechos de voto en las empresas. Una medida que se ha asociado a la batalla accionarial que mantiene ACS en Iberdrola, donde cuenta con un 12% del capital y en la que le ha sido vetada la entrada al consejo. También, en menor medida, con la de Sacyr en Repsol, donde posee el 20% del capital, aunque en este caso tiene tres puestos en el consejo.La semana que viene será clave para Iberdrola: el día 24 está prevista la tradicional comparecencia ante los medios del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, previa a la junta de accionistas, que se celebrará el 26, viernes.El pulso entre Galán y el presidente de ACS, Florentino Pérez, se ha endurecido tras la decisión del primero de nombrar a dos nuevos consejeros y renovar a otros siete a los que se les acababa el mandato, bloqueando una vez más la entrada a ACS. Precisamente, estos cambios serán sometidos a la aprobación de la junta, a la que la constructora también llevará su propuesta de entrar en el consejo.La enmienda, que modificaría la ley de sociedades anónimas, no estará en vigor para la junta de la eléctrica y, en cualquier caso, no cambiaría la situación de ACS respecto a la junta que, de momento, sólo tiene un 12% de Iberdrola.
Nuevos inversores
Compañías como Repsol, Telefónica, Iberdrola, Popular o Sabadell tienen fijados en sus estatutos un tope del 10% para ejercer los derechos de voto de los accionistas aunque su participación en el capital sea superior. De prosperar la enmienda del PSOE, que elimina los blindajes antiopa, se abriría la puerta a nuevos inversores en buena parte de las grandes firmas.