Condenados a ayudarse

Fondo Monetario Europeo. Las siglas, FME, suenan familiares a la primera, porque recuerdan al FMI. Alemania, que debería ser el principal contribuyente de la nueva caja, parece dispuesta a firmar el cheque en cuanto se ponga en marcha. Y la crisis griega permite ya contar con un involuntario paciente que aceptará estrenar la amarga medicina que recete el FME a cambio de la ayuda para pagar a sus acreedores.

Visto así, cualquiera apostaría que la zona Euro contará con un fondo de rescate dentro de unos meses. De un año, como mucho. Sería una forma, como otra cualquiera, de tirar el dinero, a menos que el apostante se cubra con algún derivado.

Hoy mismo, durante la reunión mensual de los ministros de Economía y Finanzas de la zona Euro, podrá comprobarse que el proyecto está mucho menos maduro de lo que han sugerido algunas autoridades. De hecho, el Eurogrupo sólo aspira a ponerse de acuerdo sobre un plan de emergencia para Grecia (mediante avales) que se activaría en abril o mayo si Atenas llega a solicitarlo.

Más temprano que tarde la zona euro tendrá un sistema de ayuda para evitar casos como el de Grecia

Pero la solución a largo plazo para futuras crisis se antoja mucho más compleja. Incluso los presuntos partidarios de la creación del Fondo, como la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, han alertado sobre las tremendas dificultades legales que deberán superarse para dotar a la zona Euro con un servicio de emergencia similar al creado para la economía mundial en 1944 (el FMI).

Por lo pronto, la Unión Monetaria Europea no parece disponer de una base legal clara sobre la que cimentar el Fondo. Merkel ha reconocido que haría falta reformar el Tratado de Lisboa, que entró en vigor hace sólo tres meses después de una década de tortuosa negociación y ratificación. Con todo, la traba legal es superable. La Unión cuenta con juristas de demostrada capacidad para retorcer los textos hasta adaptarlos a la realidad política de cada momento.

Pero ningún texto se negocia ni entra en vigor si no existe la voluntad política suficiente para impulsarlo. Y en el caso del FME, ese motor no parece que esté en marcha todavía. Antes "hay que contestar un millar de preguntas", ha señalado gráficamente el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.

Entre las primeras dudas por resolver figura qué países participarían en el hipotético Fondo: ¿todos los de la Unión o sólo los que comparten el euro? O quién lo gestionaría: ¿el cada vez más influyente Banco Central Europeo o la cuestionada Comisión Europea? Por último, habría que determinar también en qué casos y con qué condiciones intervendría.

En definitiva, la idea está pendiente de un exhaustivo trabajo técnico, como enfrió el pasado miércoles el primer ministro francés, François Fillon, en la Universidad Humboldt de Berlín. Y falta, sobre todo, que Alemania y Francia pacten el perímetro político del nuevo instrumento.

París lo ve como el brazo armado de un "gobierno económico europeo" que, según Fillon, debe superar la obsesión fiscal y "apuntar a los desequilibrios de los modelos de crecimiento, los déficit y los excedentes desproporcionados en las cuentas corrientes y la evolución de la competitividad". En ese nuevo marco, Alemania dejaría de ser el alumno modélico porque "el crecimiento equilibrado debe apoyarse a la vez en las exportaciones y la demanda interna".

La Comisión Europea se muestra dispuesta a secundar esa tesis, aunque prefiere hablar de "gobernanza" y erigirse en principal órgano de vigilancia. Teme que en el Eurogrupo unos ministros se protejan a otros cuando llegue el momento de llamar la atención a un país con más credibilidad y ascendiente que Grecia. Pero Berlín no parece coincidir ni con París ni con Bruselas. El ministros alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, precisó el viernes que su propuesta de un Fondo "no está relacionada para nada con las discusiones sobre la necesidad de una forma de gobierno económico".

Schäuble, que en algunos momentos utiliza un lenguaje más propio de su antigua cartera de Interior, defiende un Fondo que se limite a resolver los problemas puntuales de liquidez de un país. Y propone unas condiciones de uso tan draconianas (cortar el Fondo de Cohesión, suspender el derecho de voto en el Eurogrupo, amenaza de expulsión de la zona euro) que parece improbable que algún socio llegara a solicitarlo.

A pesar de todo, parece claro que más temprano que tarde la zona euro deberá dotarse de un mecanismo para garantizar la estabilidad económica y monetaria del conjunto de la Unión. El caso griego ha puesto de manifiesto que incluso un país que sólo representa el 2% del PIB de la UE puede arrastrar con su crisis al resto de socios y amenazar la integridad de la zona euro.

Por eso, la CE espera hacer sus propuestas sobre el nuevo instrumento en cuanto se estabilice la situación griega y los mercados se calmen. La primera hipótesis de trabajo apunta, como mínimo, a extender a los socios de la zona euro el mecanismo de ayuda a medio plazo para las balanzas de pago de los países de la UE que mantienen su propia moneda. En cuanto a la resistencia del Bundesbank hay que recordar lo que dijo del euro en los años 1980: Es un proyecto para dentro de 100 años. Y ya ven.