La CE quiere que la banca aporte al fondo de garantía en función de su riesgo
La participación en un sistema de garantía de depósitos será obligatoria y la contribución de cada entidad se calculará en base a su perfil de riesgo, según los documentos del grupo de expertos comunitarios que elabora la revisión de la directiva sobre fondos de garantía de depósitos de 1994.
Las contribuciones "deberán calcularse en base a varios indicadores que reflejen el perfil de riesgo de los bancos", señala la dirección general de Mercado Interior de la Comisión Europea en el documento de trabajo que ha presentado en una de las reuniones de los expertos celebrada este mismo mes de febrero.
Ese departamento, dirigido desde el 10 de febrero por el comisario Michel Barnier, descarta, sin embargo, una armonización total de los métodos de cálculo del riesgo. Y aboga por desarrollar algunos indicadores comunes a todos los Estados miembros, y otros complementarios que podrán aplicarse en cada país en función de las características de su sector bancario.
La flexibilidad, en cambio, desaparecerá en cuanto a la obligación de participar en el fondo de garantía. La directiva actual exime de esa participación a las entidades financieras que están cubiertas por algún otro mecanismo voluntario o mutual.
Pero Bruselas considera que la crisis financiera de 2008 ha dañado seriamente la confianza de los clientes y es necesario recuperarla cuanto antes. "Los bancos que sean miembros de un sistema de garantía voluntario y mutual tendrían que ser también miembros del fondo de garantía obligatorio", señala el documento de Mercado Interior. La propuesta ofrece a las entidades que participen en un fondo voluntario la posibilidad de pagar sólo la mitad de la contribución del fondo obligatorio.
Una semana para devolver los depósitos
Una semana de plazo tendrán los bancos en dificultades para devolver los depósitos a sus clientes, si prospera la intención del departamento de Mercado Interior de la CE. La UE ya recortó el plazo a raíz de la crisis financiera de 2008 desde los tres meses de la directiva original (que, además, se podían extender a nueve meses) hasta los 20 días del texto aprobado en febrero del año pasado. Bruselas cree que incluso ese plazo debe recortarse para evitar en el futuro el riesgo de colas ante los bancos como las que ha padecido alguna entidad en el Reino Unido durante esta crisis.