Consolidación fiscal, un reto ineludible pero posible
En los últimos dos meses, las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas en Grecia han tendido a contagiar a otros países europeos, entre ellos, España. A pesar de que la economía española parte de niveles de deuda pública menores que los de la mayoría de países europeos, la rapidez del deterioro de sus cuentas públicas y la magnitud del déficit público alcanzado en 2009 han despertado dudas en los mercados financieros internacionales sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Estas dudas se desencadenan en un entorno marcado por los ajustes pendientes en la economía española, que necesariamente van a extenderse en el tiempo, y que podrían dar lugar a un periodo de bajo crecimiento de no adoptarse reformas. Es cierto que España ha acumulado importantes desequilibrios, que afectan negativamente al crecimiento potencial de nuestra economía. Pero quedarse sólo en su inventario, sin tener en cuenta los avances que también se están produciendo y que apuntan en la dirección correcta para resolver estos problemas, denota un análisis un tanto superficial y poco objetivo de la realidad.
Por lo que respecta al sector privado, se está avanzando gradualmente en el proceso de desapalancamiento, como lo refleja el significativo aumento del ahorro observado en las familias y empresas en los últimos trimestres. Es cierto que la intensa penetración de las importaciones durante los años de fuerte crecimiento de la demanda interna dio lugar a un importante déficit de la balanza por cuenta corriente, que ahora se está reduciendo muy rápidamente. En este proceso, las empresas españolas han sido capaces de mantener sus cuotas de exportación en los mercados internacionales mientras la mayoría de países europeos y EE UU veían disminuir las suyas, por lo que no puede hablarse de un problema generalizado de competitividad. De hecho, cuando el exceso de demanda ha cedido, las empresas españolas han demostrado una importante flexibilidad para reducir costes rápidamente, lo que ha dado lugar a un diferencial de inflación negativo con otros países desarrollados en 2009 y a que, incluso durante la crisis, el comportamiento de las exportaciones españolas haya sido mejor que el de otras economías europeas.
Por lo que respecta al sector público, las políticas económicas están reaccionando de manera rápida, con una ambición y un importante nivel de concreción en ámbitos claves, lo que no se observa en otros países europeos. De hecho, de igual forma que España fue uno de los primeros países en utilizar las políticas fiscales con carácter expansivo y de hacerlo con mayor intensidad, hoy es una de las economías que está diseñando la reversión de esas políticas con mayor rapidez, con la finalidad de alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo. En particular, se están tomando medidas por el lado de los ingresos en un escenario de crecimiento más realista que en otras economías. En este sentido, se espera que la consolidación fiscal se produzca con un crecimiento del producto potencial en el entorno del 2% a medio plazo y se establece un objetivo para los ingresos respecto al PIB en torno al 38%, que coincide con el nivel previo al boom inmobiliario, esto es, un nivel en el que desaparecen los ingresos extraordinarios obtenidos durante el periodo de expansión. Por el lado de los gastos, el objetivo es alcanzar un gasto público en términos de PIB similar al existente antes de la crisis financiera. Esta reducción del gasto incorpora medidas de congelación salarial, de no cobertura de la mayor parte de jubilaciones en el sector público y de suavización temporal de otras partidas de gasto, incluida la inversión pública. Adicionalmente se ha abierto el debate sobre la necesidad de introducir medidas que prolonguen la vida laboral y que alivien la presión que el envejecimiento de la población tendrá sobre las cuentas públicas a medio plazo. Hay que ser consciente que la adopción de todas estas medidas va a suponer esfuerzos y sacrificios considerables no sólo por parte del Gobierno central sino también de las comunidades autónomas y de la sociedad en su conjunto, por lo que deben llevarse a cabo con mucha determinación, compatibilizando eficiencia y equidad.
Por último, la aprobación por parte de la Comisión Europea del FROB ha clarificado el horizonte en el que se va a abordar la reestructuración del sector bancario. Este plan, orientado a dotar de una mayor eficiencia al sector, otorga margen de maniobra para llevar a cabo medidas con las que reducir activamente su sobrecapacidad.
En definitiva, aunque todavía quedan importantes desequilibrios por corregir con nuevas reformas -los existentes en el mercado de trabajo son particularmente relevantes- y muchos sacrificios por delante, nuestra economía está asentando las bases sobre las que enfrentarse a los problemas que en estos momentos cotizan en los mercados financieros. Perseverar en la dirección adecuada será decisivo para que estos esfuerzos de nuestra sociedad terminen siendo reconocidos internacionalmente.
Rafael Domenech / Mayte Ledo. Servicio de Estudios BBVA