El CES echa en falta en la Ley de Economía Sostenible un impulso al empleo de calidad
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, propuesto por el Gobierno, carece de medidas concretas en materia de empleo, educación y medio ambiente, según el dictamen que aprobó ayer el Consejo Económico y Social, después de evaluar su contenido. Así, el CES pide a las fuerzas políticas y sociales un amplio consenso para que "el desarrollo sostenible se considere una auténtica política de Estado".
El órgano consultivo critica que el patrón de crecimiento propuesto en la ley impulsa, "prácticamente, un nulo desarrollo de la dimensión social". Significa que la entidad echa en falta la necesidad de favorecer el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Estos objetivos sólo se mencionan esporádicamente cuando deberían ser los pilares orientadores de las Administraciones públicas, apuntó el consejo.
Igual opinión tiene sobre el tema educativo. El CES lamenta la falta de una propuesta de formación permanente en el empleo, un elemento clave, según indica, para el cambio de modelo productivo que plantea el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En materia financiera, el organismo sugiere que la regulación sea abordada de modo transversal y no fragmentado, como plantea el anteproyecto. Así como impulsar las ventanillas únicas para agilizar la actividad económica. Aunque valora la incorporación de medidas que otorgan una mayor transparencia a los mercados.
El anteproyecto tampoco incluye propuestas relativas a la gestión de residuos y de los recursos hídricos; ni del sector agrario. El dictamen sugiere, además, a las administraciones redoblar su esfuerzo inversor para la rehabilitación de viviendas del tejido urbano.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid criticó también el anteproyecto, en fase parlamentaria. "El documento está cargado de buenismo en la literatura, pero de pocas medidas concretas contra la crisis", dijo el vicepresidente de la comunidad, Ignacio González, después de reunirse con el Consejo de Gobierno regional. Y cifró en 179 millones la "carga económica no compensada" que supondrá la ley para la región.