Venezuela, devaluación y seguridad jurídica
Tras la devaluación de la moneda venezolana, el bolívar, realizada por el Gobierno Chávez, ésta no debería incidir en los precios de los productos. Sin embargo, el Convenio Cambiario número 14 estableció que las importaciones públicas y las de los sectores esenciales se realizarán con la tasa de 2,60 bolívares por dólar. La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) determinó que de 6.394 productos que pueden ser importados, el 59% recibirá dólares a 4,30 bolívares y el 41% restante, a 2,60.
Las inversiones en el sector privado son escasas por la falta de seguridad jurídica. Mientras no haya transparencia no habrá respuesta de la inversión del mercado privado y de los inversores. Para ello, se necesitarían leyes, procedimientos y un discurso más conciliador por parte del presidente del país. El Gobierno tiene que ofrecer a los empresarios garantías, seguridad jurídica, incentivos y dejar de ponerles obstáculos.
Consecuencias: la devaluación del bolívar se traducirá en inflación porque empresas y comerciantes pagarán un precio superior por los productos que compran en otros países provocando una merma del poder de compra.
En 2009 el descenso de los precios del petróleo provocó que Cadivi recortara la entrega de dólares y una cantidad importante de las importaciones comenzó a realizarse con el tipo de cambio paralelo. El impacto de esta devaluación incrementó el precio de productos importados en un 35% en 2009 frente a 17% en 2008. Este año puede llegar al 40%.
Esto mantendrá a Venezuela como el país con más inflación de Latinoamérica, por lo que debe haber un abandono de la política de controles y la persecución al empresariado, y un respeto a la propiedad para que los agentes puedan invertir. El sector privado requiere inversiones de 10 y 15 años para el retorno del capital, en el marco de una mayor confianza y seguridad jurídica.
En la región no existen las condiciones de seguridad jurídica que un empresario necesita para hacer cálculos y planificaciones a largo plazo. Esta imprevisibilidad implica un aumento de los costos de transacción y un descenso en el monto de las inversiones, porque hay que mantener reservas para cubrir los altos costos de las transacciones y los riesgos de la inseguridad jurídica.
Para que pueda darse la confiabilidad y previsibilidad del sistema legal son necesarias algunas condiciones: la seguridad jurídica exige igualdad ante la ley y que el poder legislativo esté sometido a un orden constitucional, así como un acceso individual al Derecho con procedimientos transparentes, rápidos y capaces de solucionar los conflictos que no puedan solucionar individualmente.
Lamentablemente, estas exigencias básicas en muchos países latinoamericanos no se cumplen, como es el caso de Venezuela.
Sandra Blanco. Abogada de Bouza International Lawyers