TRIBUNA

Copenhague: al borde del precipicio

La cumbre de Copenhague se ha cerrado con una declaración política de buenas intenciones. Las apenas tres páginas del acuerdo contienen metas a largo plazo: existe unanimidad sobre la urgente necesidad de reducir las emisiones y una aparente voluntad política de combatir el cambio climático. Pero poco más: el texto no contiene ningún acuerdo vinculante ni prevé una supervisión efectiva.

Copenhague ha supuesto un retroceso frente a Bali -al menos en Bali se llegó al compromiso de alcanzar el acuerdo que Copenhague ha frustrado-. Es más, se ha perdido el valor del compromiso: cualquier promesa de alcanzar nuevos acuerdos es ahora papel mojado.

Seguramente haya pocas cuestiones que aúnen tanta unanimidad como la necesidad de frenar el cambio climático. Apenas se escuchan ya voces discordantes, quizás por miedo al ridículo. Y sin embargo, ¿por qué los esfuerzos para combatir el cambio climático son tan insuficientes y por qué resulta tan difícil alcanzar un acuerdo internacional en esta materia?

El cambio climático es un problema de escala global: aunque de manera desigual, nos afecta a todos. Por la misma razón, la lucha contra el cambio climático nos beneficia a todos, aunque los costes sólo los soporten aquellos que reducen sus emisiones. Este hecho: "Quien percibe el beneficio, no es el que soporta la totalidad del coste", tiene dos implicaciones económicas bien conocidas.

Primera implicación: los incentivos para frenar el cambio climático son débiles. Hay un problema intertemporal: se percibe que las generaciones futuras serán la beneficiarias, mientras que los costes económicos de reducir las emisiones los soportan las generaciones presentes (no en vano, la tasa de descuento centró buena parte de las discusiones en torno al Informe Stern). También hay un problema interregional: los beneficios económicos de las emisiones van a parar a los países contaminantes, que son los países desarrollados, mientras que los costes del cambio climático los sufren en mayor medida los países pobres, con bajas tasas de emisiones per cápita, reflejo de sus bajos niveles de renta. También hay una asimetría en la percepción de lo cierto frente a lo incierto: mientras que el coste de mitigación es un coste cierto, los beneficios se perciben como inciertos a pesar del consenso científico sobre la certidumbre e inminencia de las implicaciones adversas de la inacción.

Segunda implicación: la cooperación para combatir el cambio climático es difícilmente alcanzable. Estamos ante un claro dilema del prisionero: cada país tiene incentivos unilaterales a comportarse como free-rider o polizón, es decir, a desviarse de un acuerdo cooperativo, porque quien se desvía se ahorra el coste de reducir sus emisiones pero sigue beneficiándose de las reducciones de los demás.

La cumbre de Copenhague partía con un polizón por todos conocido, China, y con otro polizón incierto, EE UU (con Obama llegamos a pensar que otro mundo era posible, pero aunque su presidente sea otro, EE UU sigue siendo el mismo). La existencia de polizones en la línea de salida hacía incluso menos atractivo para los demás apostar por la cooperación. Aunque parezca paradójico, el compromiso de la Unión Europea en materia de cambio climático ha podido dificultar más que contribuir a la cooperación: quienes se desviaban lo hacían a sabiendas de que otros seguirían esforzándose. El ministro británico Ed Milliband ha caracterizado la decepción en Copenhague como un mal menor: "Las alternativas eran: falta de acuerdo o esto". Pero si la falta de acuerdo hubiera estado sobre la mesa, el acuerdo quizás hubiera sido más fácil y el peso de la UE en las negociaciones mayor. ¿No habrá caído la UE en su propia trampa al pensar (y hacer pensar a los demás) que era peor nada que la declaración de buenas intenciones que ha dejado la cumbre de Copenhague vacía de contenido?

Sin una solución al problema de la cooperación, cualquier acuerdo, vinculante o no, está abocado a la inestabilidad. Por ejemplo, EE UU no ratificó el Protocolo de Kioto a pesar de haberlo firmado, y Canadá, aun habiéndolo ratificado, no respetará sus compromisos. Hasta que los países no perciban como ciertos y presentes los costes del cambio climático, hasta que no vean el desacuerdo y sus consecuencias como amenazas creíbles, será difícil la cooperación.

Aunque sea condición necesaria, la estabilidad de los compromisos tampoco es garantía de éxito. Más allá está el propio diseño de la regulación tendente a la reducción de emisiones, los incentivos que ésta genera, y las transferencias de rentas que mecanismos como el Protocolo de Kioto han supuesto entre unos países y otros, y entre consumidores y productores (seguramente los grandes beneficiados de Kioto), sin que quede constatada su superioridad frente a otras alternativas (por ejemplo, impuestos y apoyo público a la I+D a través de la recaudación).

Estamos ante una cuestión política y económicamente compleja para cuya solución hará falta algo más que imaginación. Y prisa, porque estamos ya al borde del precipicio.

Natalia Fabra. Profesora titular en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III