Decepción e incertidumbre
Con la naturaleza, no se negocia". æpermil;se ha sido uno de los lemas de los activistas medioambientales que más se ha oído estos días en EE UU. Es uno de los grupos que más han deseado que de Copenhague saliera un acuerdo vinculante con objetivos de reducción de emisiones a medio y largo plazo porque de otra manera, nada puede detener lo que es inexorable, una rápida degradación medioambiental con un dramático impacto en el clima. Copenhague se ha cerrado sin esos elementos cruciales y la decepción no sólo se queda en las ONGs o los movimientos ciudadanos, sino que llega hasta los despachos de un buen número de empresas.
Una de las cosas que menos gusta a los empresarios es la inseguridad jurídica, y la falta de acuerdo en Copenhague abre un periodo de incertidumbre en el cual es difícil tomar decisiones sobre objetivos e inversiones que afecten al medioambiente. Es cierto que en EE UU a los empresarios no les gusta que el Gobierno o un tratado internacional les imponga normativas, pero la mayoría sabe que el cambio es una cuestión de tiempo y de responsabilidad social, además de una fuente de nuevo negocio. Hay una mezcla de resignación y pragmatismo. Las normas llegarán (antes o después) y en ese sentido es mejor que sea uniformes y precisas, es decir que haya seguridad.
Precisamente, fue la falta de certidumbre lo que hace unos años llevó a un grupo de empresarios muy pragmáticos a demandar al Ejecutivo y Legislativo de Washington una actuación clara sobre emisiones y objetivos. Nacía entonces una tímida revolución verde en EE UU y empresas como PG&E o General Electric no querían quedarse atrás.
No se trataba sólo de estar en la vanguardia del movimiento ecologista, es que además temían, que estado a estado de la Unión se desarrollaran normativas distintas, con objetivos de emisiones distintos que les obligara a plantear distintas estrategias medioambientales en el mismo país. Lo que buscaban, sobre todo, era la homogenización de unas normas que estaban por venir e influir en el proceso legislativo desde posiciones cosntructivas y no obstrucccionistas.
El escaso resultado de Copenhague es un jarro de agua fría en este sentido. A quienes han apostado por las energías renovables les va a costar ahora algo más competir con las empresas que siguen dependiendo de la tradicionales. Inversiones que podrían haber dinamizado el sector y el empleo, algo que se necesita como si fuera maná, puede que se repiensen.
Copenhague, además, puede complicar la vida de Barack Obama en el frente verde. El presidente ha apostado en Dinamarca por una legislación que establece unos límites de emisiones que no apoya el partido Republicano y que encontrará dificultades en su paso por el Senado dado que muchos legisladores demócratas de esta cámara representan a estados con una fuerte dependencia del carbón.
El escaso apoyo internacional, dado el mínimo avance, no va a ayudar a que se cambien muchas opiniones en un enconado Congreso. Ante esta perspectiva, el escenario que querían evitar los empresarios, la legislación fragmentada, puede que se materialice. Estados como California ya han dicho que ellos continúan su marcha verde. La incertidumbre está servida.