Europa adapta su motor al siglo XXI
Hoy ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa, un nuevo marco institucional para la Unión Europea que los socios comunitarios han negociado y ratificado de manera tortuosa durante la primera década del siglo XXI. El objetivo de la reforma era ofrecer a los ciudadanos europeos una Unión "más democrática, más transparente y más eficaz", según la Declaración de Laeken pactada en diciembre de 2001.
¿Se han conseguido esos objetivos? A medias, como siempre ocurre en la Unión Europea. Pero aunque a veces cunda el desánimo, parece difícil otro resultado porque en el club comunitario convivían 15 países muy distintos cuando comenzó la negociación del tratado, entonces llamado Constitución. Y ya eran 27, aún con mayor diversidad política y económica entre ellos, cuando hace dos años terminaron el proceso en Lisboa. El texto final no responde a la ambición constitucional que frustraron los referéndums de Francia y Holanda. El salto a la unión política no ha sido posible. Tampoco se ha logrado la simplificación del Tratado de la UE, que continuará siendo un oscuro y confuso texto legal, apto sólo para expertos en Derecho comunitario.
Pero el nuevo tratado sí que supone un avance en cuanto a la visibilidad y la democracia interna de la Unión. El Parlamento Europeo, la única institución comunitaria elegida por votación directa de los ciudadanos, ganará nuevos poderes en política presupuestaria, agrícola y judicial. Los propios ciudadanos contarán con la posibilidad de sugerir iniciativas legislativas a la Comisión Europea (CE) si reúnen un millón de firmas. Y en el Consejo de Ministros de la UE, la votación ponderada por países se sustituirá en 2014 por una doble mayoría basada en el 55% de los Estados y el 65% de la población.
El Consejo Europeo, esas cumbres periódicas de los presidentes de Gobierno, contará por primera vez con un presidente estable, elegido por dos años y medio -renovable sólo una vez-. Y la creciente política exterior de la UE, encarnada durante los últimos años por el esfuerzo personal del español Javier Solana, se dirigirá desde una vicepresidencia de la CE que contará con poderosos recursos económicos y humanos para llevar a cabo su labor.
Las dos personas elegidas para esos puestos, el belga Herman Van Rompuy y la británica Catherine Ashton, tienen a partir de hoy el reto de definir y concretar unas tareas que el tratado sólo esboza. Sus trayectorias indican que son personas de consenso, idóneas para el encaje de bolillos político que deberán hacer dentro y fuera de la UE.
La primera prueba de convivencia será con la presidencia española de la UE, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ocupará a partir del 1 de enero. Afortunadamente, ni Moncloa ni Exteriores quieren rivalizar con las dos nuevas figuras y han dejado claro en Bruselas que España defiende la aplicación desde el primer día del espíritu y la letra de Lisboa. Ese tratado aspira a mejorar la eficacia de la Unión, un objetivo que no depende tanto del texto en sí como de su aplicación. Si Zapatero, Van Rompuy y Ashton demuestran en el primer semestre de 2010 que el nuevo marco puede funcionar, las probabilidades de éxito de la reforma ganarán muchos enteros.
Pero el éxito no está garantizado. El solapamiento en las responsabilidades de los nuevos cargos; los posibles celos del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, o los roces con otras presidencias semestrales no tan comprensivas como la española pueden acabar generando más confusión que claridad.
La ceremonia de esta tarde en Lisboa debe ser más un punto de partida que un punto final. Barroso, en particular, deberá demostrar que su segundo mandato está a la altura de las posibilidades del nuevo tratado. El portugués cuenta con Joaquín Almunia en la cartera de más peso, Competencia; con el francés Michael Barnier en Mercado Interior; con la actual titular de Competencia, Neelie Kroes, a cargo de Telecomunicaciones, y con el finlandés Olli Rehn velando por el Pacto de Estabilidad. Los cinco tienen como tarea urgente la salida de la crisis. Pero a largo plazo también se les juzgará por el uso que hagan del nuevo motor institucional de la UE. Un motor que, a la vista de lo que ha tardado en ponerse a punto, debería durar muchos años.