El carbón y los principios

Energía térmica. La crisis del sector de la minería ha colocado al Gobierno en una posición difícil, atrapado entre un discurso en favor de las energías renovables y la creación de un mercado eléctrico en condiciones y los compromisos asumidos con el sector en el Plan del Carbón

La crisis provocada en el sector de la minería del carbón en España ha vuelto a poner al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero frente a sus contradicciones. La caída de la demanda de energía por el parón económico y la decisión de las eléctricas de no cumplir los contratos de compra de carbón nacional que tenían cerrados con los principales productores ha obligado al Ejecutivo a buscar una fórmula que permita dar salida a las cerca de ocho millones de toneladas de mineral acumuladas en los parques de acopio de la minas.

La solución ha supuesto, en la práctica, la creación de un nuevo régimen especial dentro de la generación eléctrica, como el que ya ampara a las energías renovables. Así, se saca del pool (mercado eléctrico diario) a las centrales que producen con carbón nacional, se les da prioridad a la hora de cubrir la demanda eléctrica y se les retribuye a un precio fijado desde el Ministerio de Industria. El precio medio pactado, de 57,3 euros por megavatio hora, es alrededor de un 60% superior al que marca el mercado en la actualidad.

Este modelo, que se llevará a la práctica vía real decreto, ha colocado al Gobierno en una posición difícil a la hora de mantener sus principios, atrapado entre un discurso en favor de las energías renovables y la creación de un mercado eléctrico en condiciones, por un lado, y los compromisos asumidos con el sector minero en el Plan del Carbón hasta 2012, por otro. Vayamos por partes.

El Plan del Carbón, firmado por la Administración, los sindicatos y las empresas mineras, marca de forma clara las pautas por las que tiene que discurrir el sector en España. Y éstas no son otras que las de una progresiva reducción para mantener un tejido industrial pequeño y lo más eficiente posible. El objetivo final es asegurarse el acceso a una reservas mínimas de carbón que sirvan de colchón en caso de crisis por desabastecimiento. Algo que tiene su lógica, dado que el mineral es el único combustible fósil autóctono en un país cuya dependencia energética del exterior ronda el 80%, lo que exige la importación de unos 730 millones de barriles de petróleo al año.

Mantener esta reserva estratégica tiene un precio, ya que el carbón nacional es menos competitivo que el extranjero. Por eso el plan prevé unas ayudas al funcionamiento que este año ascienden a 322,7 millones de euros para producir 10,3 millones de toneladas y que en 2010 serán de 315,9 millones para 10,1 millones de toneladas. Es decir, unos 31,3 euros por tonelada. Según la patronal Carbunión, esto se traduce en un sobrecoste de 1,82 céntimos de euro por kilovatio generado, bastante por debajo de las primas que reciben las renovables, que en casos como el de la energía solar pueden llegar a los 42,8 céntimos por kilovatio.

Con independencia de estas comparaciones, la realidad es que el plan firmado por el Gobierno recoge de forma expresa que el Ministerio de Industria tendrá que adoptar las medidas necesarias, "mediante incentivos (primas a la generación con carbón autóctono, etcétera) u otros procedimientos", para asegurarse de que las eléctricas consumen las cantidades de carbón pactadas en el documento. Es decir, que una vez suprimida la llamada peseta al carbón para 2009 y ante la decisión de empresas como Endesa o Gas Natural-Fenosa de dejar de comprar a las mineras, al Ejecutivo no le quedaba otra salida que convertir el Plan del Carbón en papel mojado o buscar una alternativa para que el carbón se volviera a quemar.

El problema es la alternativa que se ha articulado y sus consecuencias, tanto en el orden práctico como en el más teórico del discurso oficial que La Moncloa defiende en materia de energía. En el plano más tangible, el primer efecto del nuevo real decreto será de carácter económico. Las estimaciones iniciales apuntan a que el sobrecoste que supondrá la entrada en funcionamiento de las centrales de carbón para el periodo 2010-2012 (el contemplado por la nueva normativa) se situará entre los 1.550 y los 2.000 millones de euros. A estas cifras habrá que sumar las compensaciones que recibirán los ciclos combinados que funcionan con gas natural, que quedarán fuera del pool para dar cabida al carbón y que cobrarán por el lucro cesante. Según Gas Natural-Fenosa, la retirada obligada de estas centrales más eficientes le costará al sistema eléctrico unos 750 millones anuales.

El uso de las térmicas también tendrá consecuencias medioambientales. Estas centrales son las más contaminantes tanto en dióxido de carbono (CO2) como en dióxido de azufre (SO2), partículas y óxidos de nitrógeno (NOx). Greenpeace estima que, si las nueve centrales de carbón amparadas por la nueva norma funcionan al máximo previsto, las emisiones de CO2 que provocarán rondarán los 25 millones de toneladas. Y según la CNE, aumentará en un 20% las emisiones del sector eléctrico.

A estas cifras habrá que restar las que dejarán de emitir las plantas que tengan que pararse para dar cabida al carbón. Para José Luis García, responsable de la campaña de cambio climático de la organización ecologista, resulta "inaceptable que un país que triplica ... los límites de emisiones de gases de efecto invernadero del Protocolo de Kioto tome una medida que supone incrementar las emisiones de manera arbitraria e innecesaria".

En el plano más teórico, la decisión del Gobierno es un paso atrás en sus intentos por convertir el pool eléctrico en un mercado que funcione de forma eficiente y refleje en sus precios los costes reales que tiene la generación de energía. Crear un régimen especial para el carbón y, además, limitar la producción de otras tecnologías que sí participan en el pool implica reducir el tamaño del mercado y adulterar todavía más su funcionamiento.

Y eso por no hablar de la contradicción que supone el apoyo a una tecnología tan contaminante cuando el Ejecutivo ha sacado todo su arsenal argumental para defender el crecimiento de las renovables y su apuesta por las energías sostenibles en el reciente debate sobre la continuidad de la central nuclear de Garoña, en Burgos.

Al final, la cuestión de fondo que algún Gobierno tendrá que resolver es hasta cuándo se puede seguir sosteniendo con fondos públicos una actividad empresarial que no es rentable. La respuesta, como en otros casos, probablemente vendrá dictada desde Bruselas. A la vuelta de la esquina está la nueva regulación comunitaria de ayudas para el sector. Y el Ejecutivo ya ha advertido de que entre los socios europeos "no abundan los que apuestan por el carbón ... y menos aún los que apoyan ayudas públicas a este sector".