Generación de aportación definida

Como muchos ya conocen, los planes de pensiones en España sufrieron una profunda transformación en los años de la exteriorización de los compromisos por pensiones (2000-2002.

Esta transformación significó, entre otras muchas cosas, un casi total abandono de los planes de prestación definida (en los que está definido lo que se va a percibir en la jubilación) a cambio de un reconocimiento importante de derechos por servicios pasados procedentes de esos planes y el paso a un sistema de aportación definida (en los que lo que está definido es lo que se aporta en cada año) para las aportaciones futuras de los empleados.

Aunque durante estos procesos se afirmó en todo el sector que "se trata de una transformación en términos homogéneos", o "en términos globales ambos sistemas desembocan en una prestación equivalente, ya que las hipótesis son perfectamente asumibles"… los resultados hasta ahora no son lo satisfactorios que se preveían.

Ya sea por el incumplimiento de las hipótesis, el devenir de los mercados financieros u otras circunstancias, parece obvio que nadie recibirá la prestación prevista inicialmente. En un entorno en el que parece más que evidente que las pensiones públicas serán retocadas a la baja, los grandes interrogantes que ahora se abren son: ¿Quién va a hacer frente a esas diferencias de prestación? ¿Cómo se va a gestionar el hecho de que muchos empleados que alcancen la jubilación tengan menos de lo esperado?

Asumiendo que los servicios pasados exteriorizados en el plan de pensiones suponen un porcentaje importante de la prestación y que ayudará a paliar en cierta medida el no cumplimiento de la equivalencia, ¿qué pasará con los que nos jubilaremos sin esos servicios pasados y siendo víctimas de sistemas de aportación definida?

Sin ánimo de jugar a ser adivino, ni de creerme en posesión de la verdad, se pueden intuir las respuestas a esas preguntas. En primer lugar, como sucede en muchos de los casos, el partícipe será el que pague las consecuencias. Y, en segundo lugar, pensando más a medio plazo, serán las empresas.

Cuando los poderes públicos empiecen a ver fracturas en el sistema público, podremos empezar a ver que los poderes políticos trasladarán el problema al sector privado, obligando a la creación de planes empresariales, incrementando los niveles de prestación o aportación…

El que no lo quiera ver, adelante, pero el que se quiera adelantar a los acontecimientos más vale que vaya pensando si su diseño es adecuado para cubrir una prestación suficiente a la jubilación. De lo contrario se verá abocado a un fuerte incremento del gasto por pensiones cuando menos se lo espere y, en ese momento, de manera inmediata.

Jaime Nieto-Márquez. Director de Previsión Social e Inversiones de Watson Wyatt en España