Garantizar los recursos a la economía productiva
En estos dos años largos de crisis financiera y económica los paradigmas de la inversión han cambiado radicalmente. Los flujos de dinero de los inversores privados, acostumbrados a crecientes tasas de rentabilidad en los negocios privados, se han frenado o han dirigido el tiro a la seguridad de los bonos públicos. La propia oferta de productos ha condicionado el comportamiento de la demanda: el fuerte crecimiento de las emisiones públicas para atender las necesidades de la economía ante la retirada de la liquidez privada ha sido el principal protagonista de los últimos años. Pero puede convertirse también en un acompañante incómodo para los próximos ejercicios, ya que la acumulación de deuda cercana al 100% del PIB en las grandes economías del mundo se convertirá en una especie de imán financiero del ahorro privado, con el consiguiente efecto de exclusión para la economía productiva.
España, que no es precisamente de los países que más dinero público ha gastado, porque al contrario que EE UU o Reino Unido no ha tenido que poner cantidades descomunales para salvar su sistema financiero, ha pasado de unas ratios de deuda sobre PIB inferiores al 40% a tasas muy superiores al 60% ya en 2010, y con riesgo cierto de acercarse al 80% antes de que el ciclo crítico haya concluido. Tal avance del endeudamiento público supone que el coste de la factura financiera del Estado se duplique, y que pase de los 16.000 millones de coste medio en los últimos años a cerca de 30.000 millones de euros al año, siempre con un escenario de tipos de interés moderados. Para una estructura presupuestaria como la española es una cantidad muy alta, sólo superada por la partida de pensiones y puntualmente por la de cobertura por desempleo, que en 2010 superará con holgura los 30.000 millones de euros.
Pero aparte del coste del servicio de la deuda, que detrae recursos presupuestarios que estarían mejor empleados en inversión pública productiva, todo esto supone restar liquidez por una cantidad nada despreciable a la economía productiva, en un país que no está sobrado de proyectos de inversión y de expansión empresarial.
Ha sucedido en el pasado y existe el riesgo de que vuelva a ocurrir: una deuda alta eleva artificialmente los tipos de interés para atraer el ahorro que debe financiarla, condicionando el precio de la inversión privada, y hace cada vez más difícil encontrar dinero para la economía que genera retornos en riqueza y en empleo. En pocas palabras, los proyectos privados y productivos tienen que competir en remuneración, en retornos financieros, con la inmensa bolsa de deuda pública por captar financiación, y muchas veces no tienen más arma a su disposición que subir la remuneración del capital, con peligro de recortar la rentabilidad y acercarse a un apalancamiento negativo, a un coste de financiación superior a la rentabilidad del activo. Ya ahora el sector público y el sector privado se juegan en el mercado la atracción del dinero. De hecho, las empresas han vuelto a las fórmulas tradicionales de financiación ante las dificultades para encontrar recursos en la ventanilla de la banca, ante las restricciones impuestas por ésta. Las emisión de bonos y las ampliaciones de capital han vuelto a los mercados, aunque en ambos casos el coste puede ser superior al que tradicionalmente las corporaciones abonaban a la banca.
De hecho, en las emisiones realizadas en los últimos meses, las empresas han tenido que abonar primas de riesgo desacostumbradas, aunque se han moderado en las últimas emisiones. Otra fórmula que comienza a ponerse en marcha es la tradicional ampliación de capital, poco usual en los últimos años por la antipatía que desataba en unos inversores que veían diluir el valor de sus títulos. De hecho, el mercado espera ahora una avalancha de ampliaciones, especialmente de empresas de tamaño medio que tienen que recomponer sus balances o ampliar sus negocios ante la aparición de oportunidades.
Para no poner en peligro este tipo de operaciones, ni cualquier otra que el sector privado ponga en marcha para consolidar sus posiciones en los mercados y restablecer el crecimiento de la economía, la riqueza y el empleo, el Estado, los Estados, deben flexibilizar su presión sobre la liquidez y los tipos de interés, poniendo coto cuanto antes a los crecimientos de los déficit fiscales.