El código de buen gobierno se enfrenta a su primera revisión
El presidente de la CNMV afirma que algunas recomendaciones podrían dotarse de rango normativo
Los códigos de buen gobierno tienen que estar en reflexión permanente", opina Cándido Paz-Ares, socio del bufete Uría Menéndez y uno de los componentes de la comisión que elaboró el Código Unificado. Algo parecido cree uno de sus compañeros de comisión, Aldo Olcese, para quien existen "algunas cuestiones muy controvertidas que quedaron finalmente en el ámbito de las recomendaciones" y que en algún momento deberían revisarse. Sobre todo, porque como apunta este experto, el Código Unificado se redactó antes de la crisis "y en estos momentos ha quedado de manifiesto que algunas recomendaciones no se han seguido".
Es algo que constata cada año la CNMV al analizar los informes de gobierno de las sociedades cotizadas. Así lo aseguró hace unos días su presidente, Julio Segura, que aseguró "que podría ser conveniente dotar algunas recomendaciones de rango normativo tales como, por ejemplo, las definiciones sobre las distintas categorías de consejeros".
Segura dejaba así la puerta abierta a la revisión del Código y anunciaba que el organismo que preside ultima además una propuesta que remitirá al ministerio de Economía para incorporar al ordenamiento español la recomendación de la CE sobre las políticas de remuneración de los consejeros. En este sentido, Segura señaló que "es necesario aumentar el nivel de transparencia". El presidente de la CNMV aboga por "un sistema híbrido" que combine ciertas exigencias de transparencia obligatoria "mediante el desarrollo de modificaciones legislativas, con el mantenimiento de las recomendaciones de buen gobierno".
Es una opinión que comparte el socio de Uría Menéndez que apunta además que la recomendación de la CE en materia de retribuciones de los consejeros de sociedades cotizadas (la de las empresas financieras lleva su propia tramitación y está pendiente de la decisión de la próxima reunión del G-20) podría recogerse en un documento diferente al Código Unificado. "Algo así como recomendaciones de buen gobierno en materia de retribuciones, como ya sucede en Gran Bretaña". Paz-Ares considera que la transparencia sobre los sueldos en el sentido de detallar los conceptos y las personas que cobran debe ser obligatoria, pero que debe dejarse a la decisión de cada empresa el esquema retributivo.
Reforma de la ley
Otro de los redactores del Código, José María Garrido, en la actualidad abogado principal del Banco Mundial, opina que "es ineludible reformar la Ley de Sociedades Anónimas y las recomendaciones de buen gobierno. No basta con hacer sólo una cosa". Para Garrido es vital que el sometimiento de los sueldos del consejo a la consulta de la junta de accionistas deje de una recomendación del Código para convertirse en norma.
En cuanto a regular por ley las definiciones de consejeros no hay tanta convergencia. Mientras Aldo Olcese opina que es el sistema de elección en que falla, Manuel Sánchez Álvarez, asociado de Garrigues alerta de que elevar a rango legal la calificación de los administradores "supondrá un aumento de litigiosidad, porque el nombramiento de un consejero que se considere calificado indebidamente como independiente, por ejemplo, podrá ser impugnado al amparo del artículo 115 de la Ley de Sociedades Anónimas por cualquier socio o, incluso, por un tercero con interés legítimo".
La opinión de la CE sobre las remuneraciones
La Comisión Europea tomó la decisión de no regular mediante una directiva cuál debe ser el nivel de transparencia sobre las retribuciones de los consejeros y publicó a cambio una recomendación cuyo grado de seguimiento analizará antes de abril. La recomendación pretende que los Estados miembros adopten medidas para limitar las indemnizaciones por despido (a dos años de salario), que se prohíban cuando la rescisión del contrato se basa en malos resultados, que en los pagos con acciones se exija que los adjudicatarios de este tipo de pagos las mantengan durante al menos tres años antes de ejecutarlas y que una parte de ellas se mantenga hasta la extinción del empleo. La intención es, según el comisario Charlie McCreevy, ligar la remuneración a los resultados sostenibles en el tiempo y no recompensar los fracasos.