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Columna
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'Bonus', crisis y reforma financiera

El pasado fin de semana tuvo lugar, en Londres, el encuentro de los ministros de finanzas del G-20, preparatorio del que se desarrollará el 24 y 25 de septiembre en Pittsburgh, con la presencia de los máximos líderes mundiales.

El principal tema de debate ha sido al control de las retribuciones de los altos directivos bancarios. Y, en efecto, el debate sobre las compensaciones variables (bonus) es especialmente necesario en un momento como el actual en el que, a medida que la economía se estabilizaba, se ha asistido a un claro retorno a las anteriores prácticas. Esta vez, no obstante, con un añadido: la recuperación en las cuentas de resultados de la gran banca internacional refleja, por encima de todo, el soporte público al sistema financiero con el dinero del contribuyente y una política monetaria ultraexpansiva.

Las excesivas compensaciones de directivos de la banca internacional no son un tema menor, ya que parte de los problemas de la crisis se originaron por un sistema salarial que incentivaba la toma de riesgos y primaba los rendimientos en el corto plazo. Por ello, medidas que las sitúen en un contexto de la estabilidad de la gran banca en el medio y largo plazo, deben ser saludadas como muy positivas.

Pero sería un error considerar que los límites a las primas bancarias son el núcleo del problema. Y por ello es muy positivo que, al margen del debate sobre las compensaciones de los banqueros, el G-20 haya también avanzado en materias de mayor calado. Así, en primer lugar, se han propuesto aumentos en la cantidad de capital y en la calidad del mismo, al tiempo que se sugiere la penalización de las actividades más arriesgadas. Estas medidas parece que podrían reducir la rentabilidad de la banca de inversión internacional desde el 15% obtenido en promedio en los últimos años al 11%, lo que tendría importantes consecuencias, indirectas, sobre el volumen de este negocio y los pagos salariales a él conectados.

Además, en segundo término, parece que se van a diseñar límites a la capacidad de endeudamiento de la gran banca, con la obligación de consolidar todas las operaciones fuera de balance. En tercer lugar, también parece existir un cierto acuerdo en la necesidad de establecer reformas en el sistema de quiebra de unas instituciones que, en última instancia, son demasiado grandes para caer y, por tanto, acaban encontrando en el sector público la protección necesaria. En este contexto, un sistema que contemple un testamento de esas corporaciones, que permita su desmembramiento en caso de quiebra, parece que se está abriendo paso.

No obstante todo lo anterior, quedan algunos importantes ámbitos sin abordar. En Gran Bretaña, lord Turner, el responsable de la entidad que controla el sistema financiero, ha destapado la caja de los truenos, al sostener que la City de Londres había crecido en exceso, y que algunas de las actividades financieras no tenían utilidad social. Y esta misma semana, Lloyd Blankfein, jefe ejecutivo de Goldman Sachs, sostenía prácticamente lo mismo.

Las declaraciones de Turner han tenido la virtud de destacar un preocupante aspecto: si antes de la crisis los grandes bancos internacionales eran demasiado grandes para caer, después de los procesos de absorción que han tenido lugar en aquellos países más afectados por los problemas financieros, todavía son más importantes. Adicionalmente, el proceso de intervención pública en parte de esos bancos, de ayudas estatales y de diseño de la política monetaria, han creado un sistema de interrelación público-privado que dificulta el proceso de reforma.

Finalmente, otro aspecto que parece fuera de debate es la competencia en algunos de estos mercados. Y ello porque la obtención de rentas sustanciales que, finalmente, se traducen en pagos salariales muy elevados, no es compatible con la existencia de mercados competitivos. De hecho, en relación con el total de beneficios corporativos, el peso de los beneficios empresariales generados por las entidades financieras en EE UU y Gran Bretaña no ha dejado de crecer, situándose en más del 30% en este último país en los primeros 2000.

En síntesis, bienvenidas sean las propuestas de cambio. No obstante, habrá que estar al tanto de su alcance final y, en especial, de los temas que no acaban de encontrar acomodo en la agenda reformista en curso.

Josep Oliver Alonso. Catedrático de economía aplicada de la Universida Autónoma de Barcelona

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