Las diez asignaturas pendientes del Ejecutivo
El Gobierno afronta su curso económico más difícil con apoyos políticos limitados.
Se aproxima el otoño más caliente para el Gobierno socialista desde que José Luis Rodríguez Zapatero accediese a la presidencia hace cinco años y medio. Como corresponde a la peor crisis jamás registrada por las estadísticas oficiales, los asuntos económicos centrarán el debate en un nuevo curso político que promete polémicas encendidas.
El gran objetivo a corto plazo es acelerar la salida de la recesión. Pese a que Zapatero sostuviese en su comparecencia del viernes que lo peor de la crisis ha pasado, el Ejecutivo reconoce que queda otro año con crecimiento negativo y busca soluciones para evitar que el déficit público se expanda indefinidamente. Los Presupuestos Generales del Estado, que se presentan a finales de septiembre, tendrán así más importancia que nunca. Además, en este otoño se concretarán temas candentes como la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, la financiación autonómica y local, la gripe A y la gran apuesta sobre el modelo económico que sustituya al basado en la construcción. Y todo ello, con la Presidencia de la UE el primer semestre de 2010.
1. Orientar legalmente el futuro modelo económico
En fecha sin determinar de otoño, en Sevilla, el Ejecutivo aprobará la Ley de Economía Sostenible, que deberá establecer las bases del nuevo modelo productivo. La norma agrupará iniciativas ya lanzadas en materia de reducción de cargas administrativas o de impulso a la creación de empresas, además de una reforma por concretar de las "estructuras educativas". Además, se establecerán incentivos fiscales a la I+D+i, se crearán impuestos medioambientales y se dotarán dos fondos por un valor conjunto de 25.000 millones. Su objetivo: fomentar la inversión en proyectos acordes con la economía "innovadora y sostenible" que sustituya a la basada en el ladrillo. Sin incluirse en esa ley global, el Ejecutivo buscará también un gran pacto sobre el horizonte energético hasta 2020.
2. Aprobar unas cuentas públicas que pongan coto al déficit
La geometría variable que ha usado el Ejecutivo para pactar con otros grupos parlamentarios le ha permitido ir salvando votaciones. En octubre le toca sacar adelante los Presupuestos, con los que tendrá que hilar fino los apoyos. Las anteriores cuentas públicas las refrendaron PNV, ICV, BNG, Coalición Canaria y la Chunta Aragonesista. En 12 meses, las cosas han cambiado mucho: el distanciamiento con el PNV se ha hecho evidente tras el pacto PP-PSOE en el País Vasco, y algo similar ha ocurrido con el BNG tras la derrota del bipartito en Galicia. La Chunta ya no tiene escaño, mientras que la ruptura con ICV se ha hecho patente en materia fiscal, más aún cuando la subida de impuestos pactada antes del verano fue retirada. El único apoyo que parece garantizado es el de Coalición Canaria, mimada con una línea de crédito de 100 millones de euros para reactivar el turismo.
3. Concretar el nuevo marco fiscal y las subidas anunciadas
El Gobierno se verá obligado a elevar los impuestos si no quiere que el déficit público se dispare más allá del 10% del PIB. Con cierta timidez, el Ejecutivo abrió fuego antes del verano, al elevar los tributos especiales sobre hidrocarburos y tabacos, con una incidencia recaudatoria limitada. Pero en las próximas semanas se detallarán las subidas "limitadas y/o temporales" que admitió el viernes el presidente del Gobierno. En su discurso, excluyó que afecten a la actividad de las empresas (es decir, no se tocará Sociedades) y a los ingresos por trabajo. Pero en este último punto se contradijo: aunque no se suban los tipos del IRPF, el gravamen real sí aumentará si, tal y como admitió, se limita la deducción de 400 euros, a la manera de lo ya anunciado respecto a la inversión en vivienda. Además, parecen garantizados aumentos impositivos sobre el alcohol y el Ejecutivo no descarta de antemano tocar el IVA, cuyo tipo medio es sensiblemente inferior al europeo, y, muy probablemente, las rentas del capital. El ministro de Fomento, José Blanco, insinuó ayer que la subida de impuestos será para quien tenga ingresos superiores a los 50.000 euros al año.
4. Ajustar el incremento de los sueldos de los funcionarios
Otro de los focos de polémica para las próximas semanas se sitúa en la remuneración de los funcionarios. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha calificado como "deseable" un incremento salarial mínimo, y su número dos, José Manuel Campa, aseguró en este periódico que la evolución debería ser acorde con la de un techo de gasto decreciente. Los principales sindicatos de la función pública (UGT, CC OO y CSI-CSIF) ya han expresado el rechazo frontal a cualquier pérdida de poder adquisitivo y no descartan movilizaciones de protesta. El secretario de organización de Servicios Públicos de UGT, Rafael Espartero, matiza que su sindicato está dispuesto a "hacer sacrificios", pero no en el ámbito salarial. Si acaso, contemplan concesiones en materia de entrada y salida de la función pública, promociones y cobertura de vacantes.
5. Restituir el flujo del crédito para empresas y familias
Siete de cada diez empresas siguen teniendo problemas para acceder al crédito, según la última encuesta elaborada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. La banca ha cerrado el grifo de los préstamos a familias, que apenas han crecido un 0,4% en junio, mientras que doce meses atrás avanzaban al 9%. Restituir el crédito a familias y empresas se convertirá en una obligación para el Ejecutivo, que ya ha hecho los deberes para dotar de liquidez a la banca. Desde que se inició la crisis, el Ejecutivo ha adquirido activos por valor de 20.000 millones de euros y ha creado un fondo de rescate para fusiones por 9.000 millones de euros.
6. Frenar el desempleo y reactivar la negociación colectiva
El paro se ha convertido en el talón de Aquiles del Ejecutivo. Recortar el número de parados y proporcionar cobertura a aquellos que dejen de percibir sus prestaciones serán las prioridades a la vuelta del verano. En doce meses, el número de desempleados ha crecido en más de 1,3 millones de personas y ya hay más de un millón de hogares con todos sus miembros sin trabajo. Además, existen 340.000 personas que ya han agotado su prestación por desempleo, lo que obligó al Ejecutivo a improvisar un subsidio adicional de 420 euros al mes. Esta medida ha recibido un alud de críticas y está siendo revisada para que cubra a un mayor número de personas. Mientras tanto, el paro sigue creciendo y la amenaza de los cinco millones de parados sigue en pie, más aún cuando las obras del Plan E acaben a lo largo del invierno.
Pero el principal asunto a resolver será sentar a empresarios y sindicatos y tratar de recuperar el diálogo social. El acuerdo se rompió antes de las vacaciones, ya que las peticiones de los empresarios fueron consideradas excesivas por el Ejecutivo, que se alineó con los sindicatos al aprobar días después de la ruptura de las negociaciones el subsidio de 420 euros para parados. El acuerdo se antoja difícil y aún lo parece más si se quiere consenso para impulsar una reforma laboral, ampliamente demandada por analistas y empresarios.
7. Concretar las cuentas de la nueva financiación autonómica
El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de junio selló las grandes líneas del nuevo modelo de financiación autonómica, por el que las comunidades recibirán más de 11.000 millones adicionales. El sistema tomará en cuenta la evolución anual de la población, segmentada por edades para adecuar mejor las necesidades en materia de salud y educación. Además, se extenderán los criterios de territorio, densidad e insularidad. En las próximas semanas, el Gobierno se reunirá con los distintos responsables autonómicos para detallar los montantes específicos. Además, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que probablemente recibirá el voto contrario del PP en el Parlamento. Al margen de los retos estrictamente económicos, también la política planteará al Ejecutivo quebraderos de cabeza. Quizá el más cercano sea la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que puede suponer un varapalo al texto aprobado en referéndum.
8. Acelerar la reforma de la financiación local
La falta de ingresos ahoga a los ayuntamientos, que exigirán al Ejecutivo la reforma de la financiación local para obtener más fondos con mayor participación en los ingresos del Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, el Ejecutivo ya le ha transmitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que tendrá que esperar a principios de 2010 y que la nueva financiación no se aplicará hasta 2011. El vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, tendrá que afrontar además distintas reuniones con el presidente de la FEMP, Pedro Castro, en las que éste le solicitará la creación de un fondo de 3.000 millones para compensar las menores transferencias del Estado, estimadas en 1.700 millones, y los menores ingresos de los ayuntamientos, cifrados en 1.300 millones.
9. Aplicar el Tratado de Lisboa desde la Presidencia de la UE
Un reto con trascendentales repercusiones económicas será la presidencia de la UE por España el primer semestre de 2010 -en combinación con Bélgica y Hungría, que lo harán los siguientes semestres-. El principal desafío será aplicar, una vez que entre en vigor, el nuevo tratado de la Unión, el Tratado de Lisboa, y, paralelamente, apoyar desde Bruselas la recuperación económica de la UE tras más de dos años de crisis. Otras prioridades serán reforzar la Europa social, garantizar la seguridad energética de la UE, que Europa hable con voz propia en la escena internacional y, en fin, conseguir una Europa más competitiva, como fija la Estrategia de Lisboa. Además, la Presidencia española recibirá las conclusiones del informe del Grupo de Reflexión sobre el futuro de Europa que preside Felipe González.
10. Controlar los efectos y el coste de la gripe A
La irrupción de la gripe A ha generado una alarma social que el Ejecutivo va a tener que mitigar ante el inicio del curso escolar y del otoño, en el que las posibilidades de contagio son mayores. Ante las dos decenas de personas fallecidas, desde Sanidad recalcan que la mayoría de las muertes se han producido por complicaciones con otras enfermedades. Sin embargo, la oposición, en especial el PP, se ha encargado de acusar al Ejecutivo de falta de previsión y ha exigido comparecencias para explicar los protocolos de actuación y el coste que va a suponer la compra de fármacos para vacunar a un gran porcentaje de la población contra la gripe estacional y contra el virus H1N1.
Apoyar la recuperación desde Bruselas
España asumirá la presidencia de la UE el primer semestre de 2010. Justo cuando está previsto que se vea con claridad la recuperación de las principales economías, aunque no de la española. En esos seis meses, la prioridad, tal y como ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, será luchar contra la crisis económica y la destrucción de empleo, según las medidas aprobadas en la Comisión Europea. Pero, sobre todo, y una vez que se apruebe, aplicar el Tratado de Lisboa.El Ejecutivo español impulsará la celebración de ocho cumbres internacionales con América Latina, EE UU, México, Canadá, Marruecos, Japón, Rusia y la Unión por el Mediterráneo. El Ejecutivo aspira también a firmar los acuerdos de asociación entre la UE y Centroamérica y entre los Veintisiete con varios socios de la Comunidad Andina.Otro de los ejes de actuación será el de la ampliación de la UE. Si Croacia concluye las negociaciones para su inclusión en la UE a finales de 2009, tal y como está previsto, le correspondería a la presidencia española la firma y ratificación del Tratado de Adhesión. Desde Exteriores insisten en que también se alentará el impulso de las negociaciones para un mucho más improbable ingreso de Turquía. La presidencia española tendrá que trabajar con las conclusiones de la Cumbre de Copenhague, de diciembre, para reducir las emisiones de CO2.