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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El curso más duro para el Gobierno Zapatero

La rentrée del Ejecutivo tras el verano va a ser este año más dura de lo normal. Su primera ocupación deberá ser resolver el problema de esos cuatro millones de personas que carecen de empleo. Crear puestos de trabajo y combatir el paro debe ser el principal desvelo de la agenda del Ejecutivo. Pero el listado de tareas con que se inicia el curso es mucho más amplio y los retos son importantes. En estas páginas se recogen los frentes que debe atender el Gobierno, y la mayor parte son de carácter económico. Se ha excluido a propósito el terrorismo, porque la lucha contra la lacra no es sólo misión del Gobierno de turno, sino de todo el Estado en su conjunto.

El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, resaltó el viernes el cambio de modelo productivo como el gran reto. A tal fin, anunció que pactará con los agentes sociales y con las comunidades la Ley de Economía Sostenible, en la que confía para modificar la estructura productiva española. Habrá que esperar a ver el contenido de la norma, pero a priori la promulgación de una ley no parece el camino infalible para semejante labor. No les falta razón a quienes critican esta iniciativa porque "no se puede cambiar de modelo por ley". Pero una buena ley sí puede establecer el marco adecuado para esa transformación. Para ello se ha de elaborar un texto práctico, realista y eficaz. Se pretende, ni más ni menos, que diseñar el modelo productivo que deberá regir la economía las próximas décadas. Y no estará de más que se solicite la colaboración del primer partido de la oposición. Otra cosa es la disposición del PP a colaborar, pero la decisión de convocarlo para negociar sendos pactos sobre educación y sobre modelo energético, anunciada por Zapatero, cobraría más credibilidad.

Como siempre al finalizar el verano, otro punto caliente es la elaboración de los Presupuestos. Si las cuentas públicas siempre son difíciles de cuadrar, las de 2010 un plus de complejidad. Y no sólo por la falta de mayoría parlamentaria. El Gobierno ha de presentar a la opinión pública una subida de impuestos. Zapatero insistió el viernes en la moderación y calificó el alza de "limitada y temporal". Todo indica que el objetivo de las subidas estará en los impuestos indirectos y en las rentas del capital. Pero al margen de cómo sean, lo cierto es que el déficit público no puede seguir desbocado y los estabilizadores automáticos, léase gasto por desempleo, siguen creciendo. Si el margen para reducir gasto es poco, será imprescindible incrementar los ingresos.

Pero obtener más ingresos no será el único problema presupuestario. La economía todavía sigue en recesión y, según el Ejecutivo, el PIB no volverá a estar en positivo hasta después del segundo trimestre del año próximo. El secretario de Estado de Economía ha explicado que la subida de impuestos no dañará la recuperación. Sin embargo, es innegable que puede afectar a las decisiones de compra de las familias, lo que retrasaría más la salida de la crisis. El recorte del gasto corriente en los Presupuestos hace cada vez más probable que el Gobierno necesite negociar lo más parecido a una congelación salarial de los funcionarios. Esto acrecentará el malestar social. Y, por si fuera poco, está el riesgo latente de una poco conocida gripe A, de efectos imprevisibles, que pondrá a prueba la gestión del Ejecutivo y la coordinación de las autonomías.

La financiación autonómica y la local son otros dos grandes asuntos pendientes de este otoño. La primera quedó encarrilada antes del verano, aunque está por ver el impacto político en ella de la sentencia del Tribunal Constitucional contra ciertos aspectos del Estatuto de Autonomía de Cataluña. No está definida la financiación de los ayuntamientos, que tienen las arcas bajo mínimos y pueden empezar a quebrar si no se buscan alternativas de financiación. Normalizar también para las familias el crédito es otra de las tareas pendientes. Y, todo ello, con la responsabilidad de aplicar, una vez que esté aprobado, el Tratado de Lisboa, y apoyar la recuperación de la UE desde la Presidencia europea el primer semestre de 2010.

Pero, por encima de todo, la máxima preocupación han de ser los cuatro millones de parados. Y todo apunta a que el Ejecutivo no afronta el problema certeramente. El enfrentamiento con las empresas, que son las capacitadas para crear ese empleo tan necesario, no es el camino adecuado.

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