COLUMNA

Carta de un amigo inglés

Aquellos lectores que hayan seguido mis crónicas en estas páginas recordarán a Norman, mi amigo profesor emérito en la Universidad de Cambridge y gran conocedor de los asuntos españoles.

Hace un par de semanas me escribió una larga carta en la que me comentaba en tono apasundrabado el asunto de las parlamentary expenses; o sea, la utilización de fondos públicos para gastos tan privados como el alquiler de películas pornográficas.

Curiosamente, existen cuestiones que minan la vida pública en nuestros dos países y que van más allá de la corrupción de sus políticos: recesión económica, paro, sistemas bancarios en muletas, utilización partidista de los órganos del Estado y, para concluir esta relación, política exterior vacilante parecen, en principio, preocupaciones compartidas.

Por lo tanto mi respuesta forzosamente debe transcurrir por caminos trillados. Aquí, le informé, también soportamos un alto grado de corrupción derivada en buena parte del insaciable apetito de fondos por parte de los partidos políticos aun cuando la estructura descentralizada del Estado español es caldo de cultivo para todo tipo de tratos de favor y, consecuentemente, de ineficiencias y enriquecimientos ilicitos.

En cuanto a la última polémica relativa a las posibles escuchas a miembros del partido de la oposición he afirmado que, en principio, nada me extraña y le he recordado que la policía inglesa violó el domicilio de un miembro del Parlamento y archivos electrónicos sin contar con el obligado permiso de la Cámara.

En todo caso, añado, acaso lo más terrible es la sensación de impunidad que transmite a la opinión pública una clase política que, paradójicamente, criada en la democracia recurre una y otra vez al tópico del franquismo para justificar su ignorancia respecto a los conceptos políticos básicos y su olvido de las costumbres que deberían certificar cotidianamente la honradez de su actividad y el respeto a las normas legales que nos rigen. En resumen, vicios públicos y carencias privadas parecen ser una definición bastante fiel de su comportamiento.

Un aspecto, el único, en que puedo mostrar una actitud de cierta condescendencia respecto a mi amigo inglés es el referente a la situación de nuestros respectivos sistemas bancarios, aunque en este punto cada vez debo andar con pies de plomo pues las noticias transmitidas por la Prensa sobre los cabildeos de los políticos autonómicos y los propósitos, confesados e inconfesables, del recién creado Fondo me llevan a pensar que vamos a despilfarrar miles de millones de dinero del contribuyente para apuntalar entidades crediticias que deberíamos dejar caer en beneficio de todos, menos de quienes las han manejado tan irresponsablemente.

Como la curiosidad de Norman es insaciable me he visto obligado a resumirle los rasgos esenciales del nuevo sistema de financiación autonómica, tarea nada fácil por tratarse de un acuerdo por el momento cuasi-secreto que combina en un mismo modelo una corriente de recursos en la cual participan todas las comunidades y otra especial para unas u otras comunidades en función de criterios muy distintos.

En mi opinión, le he dicho, la Administración Central ha aceptado un incremento considerable de los recursos a disposición de los Comunidades con lo cual es de temer un aumento sustancial -de entre 2 y 3 puntos del PIB calculan los expertos- del déficit público.

Con todo debemos estar satisfechos si creemos al presidente de la Generalidad Catalana pues el resto de España ha saldado así una deuda histórica con Cataluña. Veremos ahora la próxima comunidad que reclama sus deudas con el resto del país

Como mi amigo conoce muy bien Cataluña, de hecho vivió durante no pocos meses en Barcelona en los años de la Transición, no he podido menos de comentarle la declaración del Señor Montilla calificando el estatuto como "un pacto político" -¡eso sí, le he recordado, aprobado por menos del 35% del electorado catalán!- y añadiendo que, por tanto, no lo pueden "tumbar los tribunales", en clara referencia a los recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional (TC).

Por no sonrojarme nada he añadido sobre qué clase de político puede asegurar que existen pactos más fuertes que la Constitución.

P.S.- En el último momento he podido comunicarle que el TC acaba de anular algunos artículos de la Constitución por estimarlos contrarios al Estatuto de Cataluña.

Raimundo Ortega. Economista