COLUMNA

Diálogo social a la española

El paréntesis estival nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el reciente fracaso del diálogo social. ¿Por qué ese fracaso? Fundamentalmente, porque no ha existido un verdadero diálogo y se han pervertido conceptos y procedimientos básicos del mismo.

Se ha producido, así, un diálogo social a la española, que siendo un procedimiento de consulta y negociación entre Gobierno y agentes sociales, con vistas a la adopción de medidas de política económica y de reformas normativas para afrontar los problemas sociales derivados de la crisis económica, se basaría en principios específicos desconocidos en otras modalidades.

El primero es el de la negociación previa rendición de una de las partes. Esto es, se exige que una de las partes -la patronal, of course- renuncie, de entrada, a sus planteamientos. Es tanto como decir: vamos a negociar, pero tus propuestas no pueden estar sobre la mesa. Una de las partes, la sindical, fija, de consuno con el Gobierno, las líneas rojas de la negociación y determina sobre qué se puede o no hablar. Asistimos a una auténtica debacle del empleo, pero sólo se admite la negociación sobre los planteamientos sindicales (y gubernamentales: cómo paliar las consecuencias de la destrucción de empleo, pero no cómo tratar de evitarla). Lo decía, blanco sobre negro, un importante líder sindical: la negociación es inviable si la patronal no renuncia a sus pretensiones.

El segundo principio es el que consagra un ámbito de autonomía de los agentes sociales, sin interferencias del Gobierno, salvo que éste apoye los planteamientos de una de las partes (la sindical). La autonomía iría dirigida a evitar que el Gobierno intervenga promoviendo reformas normativas sin el consentimiento sindical. Pero si hay acuerdo con los sindicatos, las exigencias de autonomía desaparecen, y, como ha dicho el mismo líder sindical, el Gobierno debe legislar y su intervención no debe ser salomónica. El mensaje es claro: el Gobierno ha de respetar la autonomía de los agentes sociales y abstenerse de intervenir en determinadas materias sin el consenso de los mismos, hasta que pueda comprobarse que está de parte sindical. Alcanzada esa certeza, dicha intervención pasa a estar justificada y, además, debe alinearse con los planteamientos sindicales (o sea, no debe ser salomónica).

El tercer principio, que es particularmente peligroso, es el que subordina el reconocimiento institucional de una de las partes a su aceptación del acuerdo propuesto por las otras. Esto es, si firmas el acuerdo que te proponemos, nada se cuestiona. Si no lo firmas, tu representatividad será puesta en duda. La ruptura de las negociaciones ha generado una oleada de declaraciones que ponen en duda la representación, por parte de CEOE, del mundo empresarial. Lo cual no deja de ser asombroso: si llega a firmar, todo hubieran sido parabienes. El desacuerdo, por el contrario, desata las especulaciones acerca del carácter verdaderamente representativo de organizaciones cuya representatividad nunca había sido cuestionada. Esta actitud revela una alarmante falta de cultura democrática y es muy peligrosa: no creo que a los sindicatos les interese abrir el melón de sus niveles de afiliación y de implantación, de las diferencias entre sector público y privado, o entre grandes empresas y pymes. El tic autoritario de cuestionar el previo y consolidado reconocimiento del discrepante no augura nada bueno para nuestra concertación social.

Estos principios falsean el diálogo social, y si se pretende asentar sobre ellos la negociación no iremos a ninguna parte. Negociar no es reunirse para que el otro acepte lo que previamente hemos decidido. Dialogar no es hablar sin tratar en ningún caso las propuestas del otro. El reconocimiento institucional de los agentes sociales no puede depender de su disposición a renunciar a sus planteamientos y aceptar el acuerdo que se les proponga.

A pesar del fracaso inicial, en septiembre debe retomarse el diálogo social. Y debe buscarse un acuerdo que anteponga los derechos de quienes más están sufriendo las consecuencias de la crisis (y el más importante es el derecho al trabajo, no al subsidio). Acuerdo que solo será posible si se erradican estos principios y si todos aceptamos que el otro puede tener algo de razón.

Federico Durán López. Catedrático de derecho del trabajo y socio de Garrigues