El PP rechazará la reforma de la Lofca para contentar a su sector crítico
La marejada interna que ha provocado en el PP la abstención impuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a las comunidades gobernadas por el partido se intentará controlar mediante un voto contrario del mismo a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) que se someterá a la aprobación del Congreso en septiembre.
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, es la que más alto y más claro ha criticado la decisión de Mariano Rajoy de obligar a las siete comunidades gobernadas por el PP a abstenerse en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo más coherente, a juicio de Aguirre, hubiera sido un voto contrario al nuevo modelo de financiación, teniendo en cuenta que la mayoría de las comunidades afectadas y el propio PP han rechazado este nuevo modelo en su discurso oficial.
La dirección del PP tenía que busca alguna forma de compensar esta contradicción y parece ser que la ha encontrado. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, anunció ayer que el PP votará en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) cuando se someta a votación tras las vacaciones de verano. Este es un trámite necesario para que el nuevo modelo de financiación entre en vigor y será aprovechado por el PP para hacer patente su oposición al mismo, contentando así a las comunidades, como la de Madrid, que más han contestado el nuevo sistema. Galicia y La Rioja también se encuentran entre ellas, circunstancia que ha impedido al PP escenificar un cierre de filas similar al que las comunidades del PSOE exhibieron el pasado fin de semana en el Consejo Territorial presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
Comparecencia de Salgado
La urgencia con la que las diferentes comunidades autónomas necesitan el dinero extra prometido por el Gobierno hará que, llegado el momento del reparto, todas acudan a esta cita. Para ello, limarán las diferencias que todavía les separa con el Ministerio de Economía en las comisiones bilaterales previstas para encauzar esta negociación. En todo caso, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha dejado claro que la inyección de los 11.000 millones extra prometidos no es susceptible de ampliación.
Salgado solicitó el pasado viernes su comparecencia en el Congreso para explicar el nuevo modelo a los diferentes grupos parlamentarios, poco después de que el PP registrara también la correspondiente petición de comparecencia de la vicepresidenta segunda.
El Ministerio sigue sin facilitar las cifras de lo que corresponde a cada comunidad con el pretexto de que se decidirá en las diferentes comisiones bilaterales. Ello ha dado pie a múltiples cálculos individuales, cuya suma sobrepasa en más de 2.000 millones los recursos extraordinarios comprometidos por el Gobierno.
Enmienda a la totalidad para la futura ley de extranjería
La futura ley de Extranjería tampoco será objeto de un pacto entre el Gobierno y el primer partido de la oposición. El PP presentó ayer una enmienda de devolución al proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo, ya que considera que éste no impide nuevas regularizaciones masivas de inmigrantes.En opinión del PP, el proyecto sigue apostando por "la inmigración masiva de baja cualificación", al margen de la situación de nuestro mercado laboral.El PP considera, además, que este proyecto favorece la actividad de las mafias que trafican ilegalmente con personas al establecer la posibilidad al inmigrante ilegal de optar entre la expulsión y la multa.