Más impuestos para la reforma sanitaria de EE UU
La Oficina Presupuestaria del Congreso critica el plan Obama.
Sin una reforma completa del sistema de salud, hay pocas posibilidades de convencer a los mercados de que el crecimiento de la deuda a largo plazo está bajo control y de que EE UU es el lugar más competitivo para invertir". Esa fue una de las conclusiones que transmitió el viernes Larry Summers, asesor de Barack Obama, en un discurso. Es algo de lo que tiene que convencer a los republicanos y a los demócratas fiscalmente más conservadores, que tienen ahora en sus manos el proyecto de reforma sanitaria.
Y no va a ser fácil porque la propuesta que está sobre la mesa y que tiene las bendiciones de la Casa Blanca contempla entre otras cosas una subida de impuestos y la creación de un seguro por parte del Gobierno, conceptos que en EE UU son, teóricamente, poco populares.
El Congreso trabaja en el proyecto de reforma desde la semana pasada. Tres comités de la Cámara de Representantes y dos del Senado están negociando una propuesta demócrata para cambiar un modelo de salud privado que es de lejos el más caro del mundo, deja sin cobertura a unos 47 millones de personas de los 300 del país, y en muchos casos impone altos costes incluso a los asegurados.
Dos de esos comités han aprobado ya el proyecto de ley de más de mil páginas pero no hay consenso político. Los republicanos y algunos demócratas han votado en contra de una reforma que tiene como objetivo la cobertura universal. El coste total rondará el billón de dólares en los próximos 10 años, siempre y cuando se rebaje el precio de la sanidad. Para pagarlo, el Estado dedicará 544.000 millones que recaudará subiendo los impuestos a las rentas más altas . Según los demócratas, estará afectado el 1,2% de la población, los que se beneficiaron de los recortes fiscales de Bush.
La otra mitad de la cuenta se pagará con la rebaja de los costes de la sanidad. Hay varios capítulos en el proyecto de ley dedicado a eso que el CBO, la Oficina Presupuestaria del Congreso (un órgano técnico, no partidista) cree insuficientes.
El proyecto de ley contiene la obligación de que los empresarios se hagan cargo de los seguros médicos si el coste de la plantilla no exceda los 250.000 dólares al año. Es decir, las empresas más pequeñas estarán exentas. Si las medianas y grandes no lo hacen, aun con ayudas del Gobierno, tendrán que pagar una penalización.
Otra de las novedades es la creación de un plan de seguro federal en 2013 en el que se puedan dar de alta los ciudadanos siempre que se den ciertas circunstancias.
Las aseguradoras privadas dicen que la competencia desleal que les hará el Gobierno acabará con ellas. Obama no acepta la crítica porque cree que si las aseguradoras tienen contentos a sus clientes no van a perderlos ya que no se obliga a nadie a cambiar de plan, solo se ofrece una alternativa más.
Douglas Elmendorf, director de la CBO, dice que no hay nada en el proyecto que permita pensar que habrá una rebaja de los costes de sanidad para el Estado (que cubre los servicios a los pobres y los mayores de 65 años). "Por el contrario, la legislación expande significativamente la responsabilidad federal de los costes".
Los reveses para la reforma de Obama seguirán llegando, pero el presidente confía en que las cámaras aprueben la ley en octubre y empiece a cambiar la salud de EE UU.
Wal Mart, un disidente entre los comerciantes
La obligatoriedad del seguro médico en los contratos ha puesto a muchas empresas en pie de guerra contra la Administración y su reforma de la sanidad, especialmente en el sector del comercio donde apenas el 45% de los trabajadores están asegurados por sus compañías. Es el porcentaje más bajo entre sectores. La NRF, la federación nacional de comercio, tiene, además, a otro enemigo en su campaña contra la reforma, Wal Mart, el mayor centro comercial del mundo.Wal Mart no solo ha mejorado sus prestaciones sociales, muy criticadas hace tres años, sino que además es uno de los defensores de la reforma. Para el resto, sólo son tácticas del más fuerte para perjudicar al débil. La CBO da la razón a la NRF, forzar a que las empresas provean el seguro "tendrá como consecuencia que se contraten a menos trabajadores de salarios bajos".