Un cambio de modelo necesario
Hablar de financiación autonómica es hablar, fundamentalmente, de la financiación de las principales partidas de gasto que definen el Estado del bienestar. En España competencias como las de educación, sanidad y servicios sociales están en manos de los Gobiernos autonómicos. Un mal modelo de financiación para estos Gobiernos significa, por tanto, una mala financiación del Estado del bienestar. Y ésta es precisamente la situación que actualmente se da.
La intervención del sector público en la prestación de este tipo de competencias se justifica, entre otras muchas razones, por su contribución a alcanzar una mayor igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, o mayores tasas de productividad de la economía. Si ello es así, las graves consecuencias de una mala financiación de dichos servicios son evidentes.
Algunas comunidades autónomas asumieron este tipo de competencias durante los primeros años de la década de los ochenta. Es decir, hace más de 25 años. El resto las asumieron más recientemente. Con ello se ha ido alcanzado en España un grado de descentralización por el lado del gasto que incluso supera el de la media de los Gobiernos intermedios de los Estados federales. Cabría esperar que este grado de descentralización fuera acorde con el grado de descentralización de los ingresos. Un grado de descentralización tan importante por el lado del gasto exige poner mucha atención a la descentralización de los recursos. Tanto en su cuantía como en la forma de obtenerlos, es decir en el modelo. Pues bien, tanto la cuantía de recursos de que disponen los Gobiernos autonómicos, como el modelo que se ha diseñado para obtenerlos, no responden ni al volumen de gasto ni al tipo de competencias que dichos Gobiernos han asumido.
El actual modelo de financiación fue acordado el año 2001. Es heredero de los distintos sistemas de financiación autonómica que han sido aprobados, quinquenalmente, de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ratificados bilateralmente, entre cada comunidad autónoma y el Gobierno central. En el 2001 se decidió cerrar el modelo. No se previó ningún mecanismo de actualización ni de seguimiento del mismo. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más cerrado está el modelo más evidente se hace la necesidad de cambiarlo. Los problemas que presenta son múltiples. Su reforma es urgente.
Quizás los problemas más destacables del actual modelo son: existencia de un desequilibrio vertical a favor del Gobierno central; insuficiente autonomía financiera de los Gobiernos autonómicos; existencia de un mal llamado mecanismo de nivelación (solidaridad) que en lugar de reducir las distancias entre los recursos de los Gobiernos con una mayor y menor capacidad fiscal, las invierte penalizando, de este modo, a las comunidades que realizan un mayor esfuerzo fiscal y provocando problemas de desincentivos al crecimiento económico; inexistencia de mecanismos de actualización que permitan adaptar el modelo a las necesidades reales de este momento (mayor población, problemas y nuevas situaciones derivadas de la crisis económica, etcétera) y no a las que se daban hace 10 años; existencia de diferencias significativas entre los recursos de las comunidades forales y las de régimen común: si los recursos por habitante de éstas son 100 los de las forales se sitúan a 176, y falta de mecanismos de coordinación entre el Gobierno central y los autonómicos que permitan establecer reglas del juego claras y transparentes y eviten la discrecionalidad.
En Cataluña la urgencia de dicha reforma no sólo está justificada por la existencia de los problemas que se acaban de señalar, sino también porque así lo exige el texto de su nuevo Estatuto. Cabe no olvidar que se trata de una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y refrendada por el pueblo catalán. Esta ley prevé unos plazos temporales para la puesta en marcha del nuevo sistema de financiación previsto para la Generalitat. Concretamente, el 9 de agosto del 2008 se debería haber acordado el nuevo modelo y, como bien se sabe, casi tres años después ello aún no se ha producido. Además del catalán existen otros estatutos también en vigor que a pesar de que no establezcan plazos, también contemplan cambios significativos del modelo.
Los problemas del actual sistema deben ser resueltos y las leyes deben ser cumplidas.
El domingo pasado la ministra de Economía y Hacienda expuso las líneas de la propuesta de reforma del actual modelo que va a ser sometida a aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El modelo que se desprende supone un cambio significativo respecto al actual y su aplicación puede ser la solución a sus principales problemas.
Ojalá el acuerdo y la aplicación de este nuevo modelo se produzca pronto. Por el bien del Estado del bienestar a que tienen derecho los ciudadanos españoles y por la salud democrática e institucional de nuestro país.
Maite Vilalta. Profesora de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona