Las cajas mueven ficha ante el baile de fusiones

Las cajas de ahorro constituyen la principal seña de identidad de la industria financiera española. Con sus virtudes y sus defectos, representan, a decir de diversos organismos internacionales, el rasgo más peculiar de nuestro sistema bancario. El progresivo deterioro de la economía nacional, junto con el recién aprobado Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) van a obligar a este singular sector a reflexionar sobre su viabilidad, su modelo de negocio y hasta sobre su naturaleza jurídica.

Varios directivos de cajas consultadas por este periódico esperaban con ansiedad la publicación de los detalles definitivos del citado fondo, antes de iniciar los contactos con otras entidades de ahorro. "Con la aprobación del FROB, ya conocemos cuál es el terreno de juego en el que tendremos que movernos todos", comenta uno de ellos.

Las conversaciones para combinarse, integrarse o buscar alguna fórmula de colaboración se suceden por todo el país. En Cataluña, Caixa Sabadell, Caixa Terrasa, Caixa Manresa y Caixa Manlleu negocian su fusión, con la venia de la Generalitat y del Banco de España. Mientras, las tres entidades controladas por las diputaciones provinciales, Caixa Catalunya, Caixa Girona y Caixa Tarragona han intensificado los contactos y La Caixa, pese a manifestar su voluntad de mantenerse al margen del proceso, podría intervenir en caso de que la clase política catalana reclamara su actuación.

El otro gran referente del sector, Caja Madrid, se ha mostrado abierto a colaborar para integrar alguna entidad de menor dimensión. "Tenemos vocación de intervenir en el proceso de reestructuración del sector financiero español", aseguró recientemente su presidente, Miguel Blesa.

Andalucía y Castilla y León son también foco de constantes rumores y especulaciones sobre combinaciones de entidades. En la primera, Unicaja llegó a entablar negociaciones formales con Caja Castilla La Mancha, justo antes de su intervención. Ahora, el Gobierno de José Antonio Griñán, tras defender con contundencia el veto autonómico ante futuras fusiones, trata de promover la creación de dos colosos financieros en la región. La denominada doctrina de las dos torres consiste en fusionar, de un lado, Unicaja con Cajasur y con Caja Jaén y, por otro, integrar Caja Granada dentro de Cajasol.

En Castilla y León, el Gobierno regional impulsó una fusión virtual que tras desinflarse ha derivado en una negociación para fusionar Caja Duero y Caja España. La consultora contratada para elaborar un modelo de integración tiene muy presente las posibles ayudas que pueden venir del FROB para facilitar la operación. También entidades pequeñas, como Caja Ávila y Caja Segovia, han reconocido que mantienen conversaciones para evaluar su posible combinación.

Una vez que el Fondo de Reestructuración ha fijado el terreno de juego, la primera fase de la partida será la de concentración de cajas dentro de una misma Comunidad Autónoma, según coinciden varios directivos. Además de los citados casos de Cataluña, Andalucía y Castilla y León, también en Canarias, Extremadura y el País Vasco existen contactos para integrar las cajas autonómicas.

La siguiente fase, en la que se sondearán fusiones interregionales, se antoja más complicada. A pesar de que desde la patronal, el Gobierno y algunas entidades (como Cajamurcia) se ha defendido a capa y espada las ventajas económicas y financieras de promover este tipo de operaciones, la reticencia de los Gobiernos autonómicos a perder el control de alguna de las cajas de la región es feroz.

En Valencia, el consejero de Economía de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, defendía el viernes el mantenimiento del veto autonómico y aseguraba que si se plantea alguna operación que afecte a las cajas valencianas "nunca se utilizará el veto por razones políticas". En esta comunidad, el temor a que la reordenación del mapa financiero pueda suponer la salida de la sede social de Bancaja o Caja Mediterráneo hace que la sombra de una combinación de los dos gigantes financieros valencianos vuelva a sobrevolar en los círculos financieros y políticos.

Las cajas de ahorros se encuentran en una encrucijada, y no tan sólo por la necesidad de ganar tamaño, sino por el cuestionamiento de su naturaleza jurídica. Como bien apuntan Jordi Sevilla (ex ministro de Administración Públicas), junto con Luis de Guindos (ex secretario de Estado de Economía) y Vicente Martínez-Pujalte (diputado del PP) en un artículo recogido en el libro Pasado, Presente y Futuro de las Cajas de Ahorro, que se presentará el próximo martes, "la crisis económica, el debate sobre la reestructuración del sector y algunas manifestaciones poco afortunadas de los gobiernos tutelantes de las cajas de ahorro y de los partidos políticos, han hecho más acuciante la necesidad de abordar un proceso que garantice los principios básicos de funcionamiento de los órganos de gobierno de las cajas y sus procesos de elección".

Uno de los puntos más polémicos del FROB es el referido a las cuotas participativas. El real decreto aprobado el viernes prevé que, en caso de que el Fondo recapitalice una caja de ahorros, lo haga con la compra de esa modalidad de títulos, pero con derechos políticos. Esto supondría que el Estado tendría, aunque fuera de una forma indirecta, voz y voto en los órganos de decisión de las cajas socorridas. Pese a que el presidente de la patronal bancaria se aprestó a negar que los bancos tengan ningún interés en acabar comprando al Fondo esas participaciones, los sindicatos han hecho sonar la voz de alarma por el peligro de que esta medida sea la puerta de atrás de la privatización del sector de cajas.