Falacias sobre costes sociales
Pese a la nula responsabilidad de los trabajadores sobre esta crisis, la patronal y algún sector profesional conservador vuelven a la carga sobre el despido y los costes sociales en nuestro país. Es una posición parcial porque el coste legal del despido en España no es de 45 días por año; este supuesto sólo es para los casos de despido individual improcedente, decidido por un juez y siempre que la contratación no se haga con la modalidad de contrato acordada en 1997, en cuyo caso es de 33 días por año.
En los despidos por causas objetivas y los colectivos -expedientes de regulación de empleo- la indemnización legal es 20 días por año trabajado, con límite de 12 mensualidades. En las grandes empresas se supera no porque lo marque la ley, sino por la negociación de empresas y sindicatos.
Son pues incorrectas las comparaciones con la legislación de otros países, porque lo que en España no es un caso generalizable, se compara con otros que sí lo son. Además, en los países más desarrollados de Europa, cuando se producen reestructuraciones de grandes empresas, las indemnizaciones pactadas superan, como en España, los mínimos legales.
Como lo es argumentar que la multiplicidad de contratos existentes en España es discriminatoria de unos trabajadores -los fijos- con otros -los temporales- para justificar reducir las indemnizaciones. Un contrato fijo sin indemnización o con indemnización baja y sin trabas judiciales o administrativas eliminaría los contratos temporales, pero debilitando mucho el derecho laboral. Ese, y no el coste del despido, es el objetivo de sectores empresariales desde el primer Estatuto de los Trabajadores en 1979. Sería más fácil simplificar la contratación temporal reforzando su causalidad.
Los acuerdos en grandes empresas superan no sólo los 20 días por año de la ley para despidos colectivos, también los 45 previstos por despido improcedente. Además, desde que se aprobó el contrato con 33 días, la mayoría de los contratos fijos formalizados no se han hecho con esta modalidad sino con la anterior.
Recientemente, millón y cuarto de personas han ido al paro, sin ruido, sin conflicto y, muchas, sin indemnización. No parece que el mercado de trabajo sea tan rígido como dicen y sí que la creación de empleo tiene relación con la actividad, la inversión, tecnología y cualificación.
En los costes de Seguridad Social se dice una verdad a medias. Estos costes son parte de los costes de personal, pero no todos. Son además parte del sistema fiscal: lo que no cubren las cuotas lo hacen los impuestos. La comparación debe hacerse con los costes de personal totales, salariales incluidos, y el dato fiscal relevante es el de la presión fiscal, incluyendo cotizaciones e impuestos, y con esta comparación estamos por debajo de los países del euro. Hablar del déficit de la Seguridad Social y pedir bajadas de cotizaciones es autocumplir la profecía.
En ocho años se crearon cinco millones de empleos -dos tercios en la construcción, los servicios inmobiliarios, el comercio y la hostelería-. Hoy todavía hay tres millones más de empleos que entonces, la mayoría de bajo valor añadido y costes salariales por debajo de la media. Se mantendrán si los sectores en que se crearon tienen actividad y se destruirán si no la hay, como en el resto. Si la actividad económica se reactiva, si se incorporan actividades e inversiones en sectores, habrá creación de empleo, mejorará el mercado laboral y la recaudación, independientemente de la legislación.
Los trabajadores no tienen responsabilidad en esta crisis, día tras otro han salido noticias de abusos financieros y retribuciones e indemnizaciones de consejeros y ejecutivos de empresas que lo prueban. Hay que abordar un diálogo social en que todos haremos esfuerzos, abordaremos racionalizaciones, para que la protección social sea viable en el futuro, pero con límites y garantías, que no debiliten los derechos.
Andrés Gómez. Economista, ex miembro de la Comisión Ejecutiva de CC OO