Caramelo entrega una auditoría que eleva a 29,9 millones sus pérdidas en 2008

La firma textil gallega Caramelo hizo entrega hoy en la delegación de la Consellería de Traballo de A Coruña de un informe de auditoría sobre la situación financiera de la empresa, que pone de manifiesto que las pérdidas en 2008 ascendieron a 29,9 millones de euros, tres millones más que los calculados inicialmente.

Por su parte, los representantes sindicales se mostraron dispuestos a hablar de "bajas voluntarias" en la empresa si se retira el expediente de regulación de empleo (ERE), que afecta a 237 de los 447 los trabajadores de la factoría de A Grela.

Empresa y representantes sindicales se reunieron hoy de nuevo, en otra jornada de paro para los trabajadores de la fábrica, que se repetirá mañana miércoles y el jueves.

En el encuentro, que finalizó una vez más sin un acercamiento de posturas, los responsables de Caramelo facilitaron al comité de empresa la misma documentación entregada en la delegación de la Consellería de Traballo y que les había sido solicitada por la Administración autonómica.

En ella figura la auditoría de la empresa realizada por Ernst & Young "que incide en la necesidad de llevar a cabo una serie de medidas correctoras para tratar de salvar la continuidad de la firma textil", aseguraron, en un comunicado, fuentes de Caramelo. En total, el informe detecta unas pérdidas acumuladas y sin consolidar de 51,9 millones de euros en los tres últimos ejercicios (3,7 en 2006 y 18,1 en 2007).

Mala gestión

El informe entregado a la Xunta incluye también el plan de viabilidad y otro tipo de documentación, que se completa la información aportada por la auditoría. En la misma, se atribuye la situación financiera de la empresa "al hecho de no haber emprendido los cambios que exigió el mercado textil a comienzos de esta década y su mala aplicación años después, agravado por la situación económica".

Así, los informes recogen que la situación empeoró con medidas como la decisión en 2006 de externalizar la producción, pero sin reducir la estructura dedicada a la producción interna; así como por la falta de control financiero y la crisis del textil.

Ere y plan de viabilidad

Para hacer frente a esta situación y evitar el cierre de la empresa, la nueva dirección de Caramelo -nombrada a inicios de 2009 coincidiendo con la toma de control del accionista principal, Inveravante- apuesta por un plan de viabilidad, que incluye, entre otras medidas, la reducción de la plantilla mediante un ERE que afecta a 237 trabajadores.

No obstante, los socios se muestran dispuestos a realizar "un último esfuerzo inversor" si se lleva a cabo el plan de viabilidad "en los términos y plazos previstos". En ese caso, la empresa se compromete "a procurar fondos por un importe de 14,2 millones de euros durante el 2009 y 2,2 en 2010".

Así, sostiene que la ejecución de este plan, acompañado de la inversión de 16,4 millones de euros entre 2009 y 2010, "supondría una reducción de los gastos en 2010-11 de 29 millones" que califica de "indispensables" para reflotar la firma. Asegura también que así se recoge en el informe de auditoría.

Falta de documentación

Por su parte, los representantes sindicales denunciaron hoy que la empresa no les aportó la documentación complementaria que habían solicitado, al margen de la presentada hoy en la Consellería de Traballo. Dores Martínez, portavoz de la CIG, aseguró a Europa Press que, en esta documentación, figura la relativa a la partida de gastos de personal, las reclamaciones judiciales que mantiene la empresa, una relación de las empresas subcontratadas "y el plan de viabilidad definitivo" porque, hasta ahora, denunció, se presentaron "cuatro distintos".

Martínez indicó que también instaron a la dirección a reconsiderar la retirada del ERE "y en ese contexto hablar de todo", indicó en alusión a posibles bajas voluntarias, pero señaló que los responsables de la empresa argumentaron que no podían retirarlo "porque era una decisión del consejo de administración".

"Eso nos confirma que la Xunta está de acuerdo con el ERE", indicó la portavoz de la CIG en referencia al hecho de que uno de los cuatro miembros del consejo represente a la Xunta por su participación en la empresa a través de Sodiga.

La representante de los trabajadores criticó esta postura de la Administración autonómica, que es la que deberá resolver el ERE, y admitió la "imposibilidad" de llegar a un acuerdo "en estas condiciones". Por ello, confirmó que mantendrán el calendario de movilizaciones, a la espera de que la empresa fije una fecha para celebrar una nueva reunión.

Iniciativas parlamentarias del BNG

Por su parte, el BNG presentó una proposición no de ley y una pregunta parlamentaria para instar al Gobierno gallego a no informar favorablemente el expediente de regulación de empleo "sin que éste cuente con el acuerdo de la representación de los trabajadores", según indicó la formación en un comunicado.

Asimismo, el Bloque pidió a Traballo que medie en las negociaciones entre trabajadores y dirección para llegar a un acuerdo y recordó que la firma recibió ayudas públicas de la Xunta para frenar la pérdida de empleo y que el Gobierno autonómico mantiene una participación en la compañía a través de Sodiga, lo que le da "capacidad y obligación" de intervenir, como accionista.