La nación
Joaquín Trigo. Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional
El debate sobre el estado de la nación tiene más de rito que de análisis. La contraposición entre lo hecho y lo posible, la elucidación de causas y las acusaciones de ligereza o debilidad tienen más color y peso que las aportaciones sustantivas. Se espera poco de los debates y se obtiene aún menos porque las acusaciones y la letanía de actuaciones -más propuestas que aplicadas- llenan el escenario.
La economía de la nación pende de hilos finos. Una parte está en situación complicada manteniendo su actividad productiva en condiciones delicadas, otra acepta su incapacidad para continuar en el mercado, hay una tercera que tiene mercado porque ofrece bienes y servicios básicos y otros progresan, a pesar de contingencias, porque están fuera del mercado o suplen el declive de otras actividades. La oferta esencial, reiterada una y otra vez, es ayudar a quienes han perdido la capacidad de generar ingresos. Es un objetivo deseable y se mantendrá el derecho de quienes lo tienen, pero es discutible que se puedan crear nuevos filones de ayudas sin cuestionar el nivel de actividad.
El resto es acumulación de medidas que, en general, se caracterizan por demoras en su implantación, por estar lejos del umbral de percepción, por requerir condiciones incumplibles y/o que afectan a una franja de población ínfima. Aquí se incluye la deducción por vivienda del IRPF, que en 2011 se rebaja para quienes ingresen más de 17.000 euros anuales y se elimina para los que ingresen más de 24.000 al año. Para las empresas la reducción de 5 puntos en el impuesto de sociedades se limita a empresas con menos de 25 trabajadores, con ventas menores de 5 millones de euros y que, a 31 diciembre de 2009, mantengan o mejoren su plantilla media de 2008, lo que curiosamente beneficia a quienes ajustaron sus efectivos en 2007.
La legitimidad de la política económica se mide con criterios como la eficiencia de las medidas, la ecuanimidad en sacrificios y la prevención de contingencias indeseables como las presentes. Sin apoyo efectivo a la actividad productiva habrá más pérdida de empleos y mayor duración en la situación recesiva. Por otra parte, las posibilidades de las Administraciones son limitadas por el déficit, el coste y la dificultad de acceder a más crédito y por la rémora que arrastran los contribuyentes para pagar los impuestos con los que hacer frente a sus intereses. A pesar de esto, parte de las Administraciones públicas mantienen o amplían sus plazos de pago, la carga regulatoria prosigue su proceso de crecimiento, las reformas de la enseñanza y la justicia carecen de la credibilidad deseable y la reducción de efectivos y coste de las administraciones, de haberla, es inapreciable.
Se obtiene lo que se paga, por eso conviene estimular la oferta de empleo, facilitando actividades que lo generen, como reparación y rehabilitación de vivienda, así como incentivar la búsqueda y primar la colocación. Conviene dejar la incidencia efectiva del impuesto de sociedades en la media europea. Las minucias no cambian una crisis.
