_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Pensando en los que no tienen de todo

En la noche electoral del 9 de marzo del pasado año, José Luis Rodríguez Zapatero pronunció una frase que bien podría identificar el leitmotiv para esta legislatura: "Gobernaré para todos, pero pensando en los que no tienen de todo". Desde entonces, la economía española ha entrado en una profunda crisis que ha dejado la tasa de paro en el 17,4% de la población activa en el primer trimestre del año, periodo en el que la actividad se ha contraído un 7% trimestral anualizado, según el Banco de España. Además, las previsiones de consenso alertan de una prolongación de la crisis hasta 2010, lo que podría elevar la tasa de desempleo por encima del 20%.

Ante este escenario, el incremento de gasto público no es suficiente, sólo supone un amortiguador, y han comenzado ya las recomendaciones para abordar reformas estructurales. De entre ellas, quizá la más importante pasa por el mercado laboral. Las razones de eficiencia para impulsar la reforma laboral son conocidas. Sin embargo, existen profundas razones de equidad que sustentan un rediseño del mercado laboral en las que deseo detenerme, dado que el presidente ha mostrado una especial preocupación por estas cuestiones y creo que podrían ayudar a reactivar la agenda de reformas.

En primer lugar, el mercado laboral español se encuentra profundamente segmentado entre los empleados indefinidos y los temporales. La tasa de temporalidad se sitúa en España en torno al 30%, porcentaje que duplica la media de la eurozona. Además, existe amplia evidencia empírica que confirma la reducida probabilidad de pasar del mercado de trabajo temporal a contratos indefinidos, de modo que estos trabajadores han venido encadenando contratos temporales indefinidamente. En la misma línea, las contrataciones temporales tienen un efecto muy negativo sobre los salarios en el medio plazo, dado que desincentivan la inversión en capital humano, ofreciendo una magra evolución de la productividad del trabajo. Con todo, la economía española ha venido creando empleos bajo el modelo de contratación temporal debido a las importantes rigideces que presenta el mercado en otros planos.

De entre ellas, debemos destacar la profunda centralización de la negociación colectiva que resta capacidad para acordar condiciones laborales a nivel de empresa. De este modo, se reduce la correlación salarios-productividad y, por lo tanto, la principal variable de ajuste a los ciclos no es el precio del trabajo (el salario), sino la cantidad (el empleo), contribuyendo así a la destrucción intensiva de empleo en las fases recesivas. Este diseño de la negociación colectiva, unido al elevado diferencial del coste de despido entre los contratos temporales e indefinidos, modela un entorno institucional que incentiva las contrataciones temporales, dado que reduce el coste de un potencial ajuste.

Por último, resulta necesario señalar la escasa efectividad de las agencias públicas de empleo, que tras la descentralización autonómica continúan presentando unos niveles de éxito exiguos. Asimismo, los fondos destinados a políticas activas de empleo son aún reducidos y se entremezclan, además, con la financiación pública de los agentes sociales.

Ahora bien, ¿quiénes se han incorporado masivamente al mercado laboral a través de contratos temporales?, ¿quiénes engrosan las filas del desempleo?, ¿quiénes van a sufrir la reducida eficiencia de las agencias de colocación? Fundamentalmente, las personas con menores rentas y reducidas oportunidades, especialmente los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes.

Por lo tanto, resulta urgente abordar una reforma laboral y, además, existe un amplio consenso en la academia en torno a las principales medidas. En este sentido, se ha publicado recientemente un manifiesto firmado por un centenar de los mejores economistas del país (http://www.crisis09.es/propuesta) que apuesta por la creación de un único contrato de trabajo con un coste del despido creciente en el tiempo, el aumento del poder de la negociación colectiva en las empresas, la mejora de las políticas activas de empleo y nuevas reformas de las agencias de colocación. Todo ello, junto al incremento de la protección de los desempleados durante esta recesión. Sin duda, estas medidas no sólo liderarían un incremento en la eficiencia del mercado ("gobernaré para todos"), sino que esencialmente mejorarían la situación de "aquellos que no tienen de todo", por lo que podrían configurar una buena base para la negociación.

Con todo, el Ejecutivo no debería renunciar a liderar la reforma laboral, en tanto que el principio de la autorregulación de los mercados (también el de trabajo), fruto de la revolución conservadora, ha desaparecido de la agenda y muy pocos discuten ya la intervención pública en el diseño de los marcos institucionales; aunque los acuerdos siempre serán bienvenidos.

Jonás Fernández Álvarez. Director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & Asociados y profesor asociado de economía en la Universidad Carlos III

Archivado En

_
_