El gravoso costo de las dilaciones
Demorar el reconocimiento de los problemas esperando que el simple paso del tiempo los solucione es una táctica nefasta pues acaba encareciendo sustancialmente las inevitables soluciones. Esta ha sido la tónica que en el largo periodo de falsa bonanza de la economía ha guiado a los responsables políticos obcecados en no reconocer la crisis de la economía.
La inconsistencia e incredibilidad de esta postura salió recientemente a la luz con ocasión del cambio de Gobierno. En el espacio de pocas semanas la opinión del jefe del Ejecutivo pasó de negar la existencia de una crisis a declarar el estado de emergencia económica.
Sin embargo, y sorprendentemente, el único cambio de política económica fue acelerar su ritmo de aplicación, al considerar quizás los responsables políticos que si la recesión vino del exterior, también de allí vendrá de alguna forma su recuperación. Parece que el Deus ex machina que va a salvar la economía es el G-20, pues según el presidente Zapatero lo acordado en la reunión de Londres va a llevar la economía española a la recuperación en el segundo semestre de este año. Pero el comunicado aprobado dice por el contrario que "nuestras medidas para restablecer el crecimiento no darán resultado mientras no restauremos el crédito interno".
Y esto parece que va a tardar en producirse en España y no porque las entidades de crédito no quieran, como repetidamente dan a entender las autoridades, sino porque realmente no pueden. Tienen que sanear el lastimoso estado de sus activos debido al aumento sustancial de la morosidad, a la fuerte caída del precio de las viviendas y a la necesidad de ir liquidando su enorme (800.000 millones de euros) deuda externa. Pero quizás más indicativo de los problemas de estas entidades sea la tardía intervención de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha.
La tendencia recesiva en curso iniciada a mediados de 2008 se habrá acentuado en el primer trimestre de 2009, seguirá así en el segundo y probablemente mantendrá un perfil plano a partir de ahí. La economía registrará en el año una caída comprendida entre el 3,5% y el 4,5%, con el consiguiente aumento de dos desequilibrios básicos.
El del paro podría aproximarse a los cinco millones al final del año y superar la tasa del 20%, contribuyendo con las ayudas al desempleo a aumentar el ya elevado déficit público. En 2008, con la economía todavía en crecimiento, registró un aumento del 6% del PIB, disipando en un solo año la mejora lograda en los 10 anteriores. Dado el fuerte aumento previsto para los gastos públicos y la aún mayor caída de los ingresos fiscales -el 11% anual hasta febrero- las Administraciones públicas podrían cerrar el año con un déficit superior al 9% del PIB.
Cabe preguntarse cómo es posible este profundo y repentino deterioro de la economía española que generaba la mitad del aumento del empleo en la UE, pero que de la noche a la mañana pasó a crear más desempleo que en ningún otro país de la zona.
Es evidente que estos cambios no pueden ser coyunturales y por tanto fácilmente reparables. Son, claro está, el resultado de una profunda crisis estructural que dio sus primeros pasos el día que España accedió a la moneda única pero que las autoridades no supieron o no quisieron ver.
Los gestores de la economía entonces, pero igual hicieron sus sucesores, despreciaron la ventana que abría la estabilidad de precios y los bajos tipos de interés para llevar a cabo las reformas estructurales -en esencia dar mucha más flexibilidad a la economía- que exigía perentoriamente la eliminación de las habituales devaluaciones de la divisa como medida de ajuste.
Esas reformas tan demoradas son hoy más necesarias que nunca. Si no se llevan a cabo, cuando el aumento del gasto público no pueda impulsar la economía porque no lo permita el elevado nivel del déficit público, el sector exterior no podrá venir al relevo porque lo impedirá la ancha brecha de la competitividad exterior. El ritmo de crecimiento sería entonces inferior al necesario para generar un aumento del empleo cuando la tasa de paro será todavía excesivamente elevada.
La responsable de la política económica debe saber que al terminar el año la economía se encontrará en una situación de extrema fragilidad, caracterizada por los mencionados y elevados déficit público y tasa de paro, a los que hay que añadir la no menos grave enorme deuda externa (160% del PIB) que será creciente mientras no se elimine el todavía elevado déficit corriente exterior.
La política tomada por el nuevo Gobierno es más de lo mismo y más rápido, aspirando claramente a una rentabilidad electoral a corto plazo, pero así se está flirteando descaradamente con el desastre a medio plazo.
Anselmo Calleja. Economista y estadístico