Basta de tanta competencia
Hoy en día una fusión importante debe ser notificada ante al menos una veintena de autoridades de competencia en distintos países. Bajo los auspicios de ciertas organizaciones internacionales (como el G-20), una larga lista de países emergentes o con economías en desarrollo han adoptado este sistema, conocido como control de concentraciones, generando con ello una desproporcionada carga administrativa para las empresas.
Una economía de mercado se basa en que las empresas compitan libremente y que ese esfuerzo competitivo se traduzca en productos mejores y más baratos. Para garantizar la competencia, y siguiendo la práctica norteamericana, la UE tuvo el acierto de introducir a finales de los ochenta un sistema de control de concentraciones por el que se obliga a las empresas a notificar previamente determinado tipo de operaciones que por su tamaño puedan reducir la competencia. Por ejemplo, se pretende evitar fusiones entre competidores que puedan reducir la presión competitiva e incrementar los precios.
En los últimos años, el impulso de ciertas organizaciones internacionales (entre ellas el G-20) ha llevado a un número significativo de países emergentes o economías en desarrollo a crear sistemas propios de control de concentraciones con una suerte desigual.
La necesidad de notificar una operación a tantas autoridades resulta en una importante carga administrativa. Cada notificación puede fácilmente constar de cientos de páginas (análisis de mercados, contratos, informes ) y viene seguida de un procedimiento largo e incierto que en ocasiones impide a las partes cerrar el acuerdo de fusión.
Además, ciertos países imponen un control indiscriminado, llegando incluso a exigir la notificación de una operación aun cuando una de las empresas que se fusionan no tenga ventas (es decir no compita) en ese país. ¿Cómo se puede restringir la competencia si ambas empresas no compiten? Parece que resulta difícil resistirse a un sistema que en la práctica grava cualquier fusión a una jugosa tasa de notificación y otorga una importancia injustificada a la autoridad de competencia del país en cuestión.
A un control algunas veces innecesario se une la natural tendencia administrativa a utilizar su poder hasta sus límites. Es entonces cuando la autoridad se cree en posición de aprovechar la operación en cuestión para (y citamos textualmente lo que hemos oído) "mejorar el mercado", "evitar pérdidas de puestos de trabajo" o peor, "proteger los intereses nacionales". Estos eufemismos esconden la voluntad de algunas autoridades de competencia de utilizar el control de concentraciones como arma de una política industrial proteccionista que les permita intervenir aún más sus economías. Resulta paradójico que países que carecen de una verdadera economía de mercado (e incluso de un Estado de Derecho), gasten recursos en garantizar la libre competencia y terminen interviniendo aún más su economía.
Ante esta situación, es necesario analizar si tanto control es necesario y si, en realidad, algunos países han aprovechado la exigencia de un control de concentraciones para lo contrario de lo que se pensaba.
Álvaro Ramos y Eduardo Cabrera. Abogados de Howrey LLP