Cómo garantizar las pensiones del futuro
Las finanzas de la Seguridad Social empiezan a recoger los efectos de la crisis. Pueden culminar el ejercicio con un pequeño déficit de explotación, en el que los ingresos por cotizaciones no podrán cubrir ya los gastos en pensiones. Sólo la posibilidad de integrar los intereses devengados por el Fondo de Reserva puede proporcionar al sistema de pensiones un desahogo temporal; pero de mantenerse la tendencia de ingresos y pagos, y no hay razones para pensar que vaya a cambiar, los tesoreros tendrán que echar mano de los ahorros trabajosamente capitalizados en los diez últimos años, que acumulan casi 60.000 millones. Para eso se constituyó la hucha, pero no se diseñó para agotarla al primer desajuste presupuestario, sino para que sirviese de comodín en tanto ejercían sus efectos las reformas que en los noventa se comprometieron a hacer de forma dinámica desde el pacto político alcanzado en el Parador de Toledo.
De hecho, el compromiso de los dos grandes partidos al borde del río Tajo consistía en estudiar y ejecutar reformas de forma continua, sin esperar vaivenes del ciclo, y haciendo abstracción de la contienda política. Las condiciones no se han cumplido porque los gestores políticos del sistema de protección han congelado su responsabilidad mientras el ciclo engordaba las cuentas, aprovechando dos variables que jugaban a favor: la llegada casi nula de cotizantes a la jubilación por la irrupción de las modestas cohortes de nacidos durante la guerra civil y la posguerra, y la explosión de empleo en los diez últimos años, que ha cebado los ingresos, pese a registrar continuas caídas de la base media de cotización.
Pero este juego feliz ha terminado. La incorporación de nuevos cotizantes se ha tornado en fuerte pérdida de los ocupados, con caídas de más del 6%, y la llegada a la jubilación ha vuelto a acelerarse hasta tasas del 2%. Además, en diez años la llegada de pasivos al sistema será masiva, porque estarán en edad de retiro las voluminosas cohortes de los nacidos en el baby boom de los sesenta y setenta. Mediarán para ello diez o doce años; pero no es nada en Seguridad Social, un entramado en el que las reformas para fortalecer las finanzas tardan unos cuantos años en dar frutos apreciables. Por ello, los cambios no pueden esperar, y han de tocar todos los pilares que sustentan la contributividad para que las prestaciones estén garantizadas en el futuro sin temor.
En primer lugar, los cotizantes deben serlo durante más años para tener una pensión contributiva. En una sociedad industrializada y rica, un sistema de pensiones de reparto con cotización obligatoria no puede exigir sólo 15 años para entregar una pensión. Este listón debe ser bastante más elevado, al menos hasta 25 años. Debe hacerse de forma paulatina, pero sin esperar. A la vez debe ampliarse el número de años que se computen para calcular la prestación. Debe elevarse de los 15 al menos hasta los 25 también, pero con tendencia a tomar toda la vida laboral. Los 15 actuales son un mecanismo injusto que premia a quien tiene la suerte de mantenerse en el mercado laboral hasta el final, aunque haya hecho aportaciones muy bajas toda su carrera, y castiga a quien tiene la mala suerte de ser expulsado con 50 años de edad y no puede cotizar los ejercicios de la verdad. Toda la vida laboral garantiza una pensión equilibrada al cotizante e impide que nadie se lleve lo que no ha aportado.
Debe reajustarse la escala de aseguramiento, hoy muy generosa, para estimular las carreras largas de cotización y restar atractivo a las cortas, compensando todos los años trabajados, en vez de hurtar a los buenos cotizantes las aportaciones que sobrepasan los 35 años de carrera. En paralelo, debe presionarse normativamente a los colectivos de las escalas más bajas de cotización para que hagan un mayor esfuerzo, ya que, en caso contrario, el sistema estará siempre preso del mecanismo de complementos a mínimos si los Gobiernos suben artificiosamente las pensiones mínimas, con ánimo electoral disfrazado de redistributivo. Además, debe recalcularse la base reguladora que fija la pensión para que la cuantía de la primera prestación esté más alejada que ahora del último sueldo percibido en activo, tal como se hace en toda Europa, porque los cotizantes deben convencerse de que con la avalancha demográfica venidera, estos retornos de renta son insostenibles e infinanciables. Sólo pueden mantenerse si se refuerza la cotización, algo que puede entorpecer la creación de empleo, pues las cuotas son un impuesto directo al trabajo.