COLUMNA

Reformas sí, alarmismo no

En estos días ya primaverales, han surgido con cierta fuerza dos debates recurrentes sobre reformas estructurales: las pensiones públicas y la reforma del mercado de trabajo. En ambos casos parece que, por un lado, el modelo de pensiones públicas conocido como pay as you go está en serias dificultades, básicamente por ser muy generoso con el pensionista, y por otro lado, que toda la culpa de la crisis económica en España la tiene el mal funcionamiento del mercado de trabajo, según el ex presidente del Gobierno.

Comencemos por el problema de las pensiones públicas. Como todos sabemos, y se olvidan selectivamente, el sistema público de pensiones es joven, comparado con la mayoría de países de nuestro entorno, lo cual supone un hándicap en algunos sentidos.

Por un lado, el tiempo cotizado por parte de la población es bajo, así como la base de cotización también es reducida. No hay que olvidar que muchas empresas cotizan a sus trabajadores por la base mínima, complementando el salario con complementos y antigüedad que a la postre no se traduce en salario futuro, incluso en trabajadores de cualificación media y alta. Esto, unido al incremento de la esperanza de vida, el aumento del desempleo y el recurso a la jubilación anticipada, han sembrado algunas dudas sobre la viabilidad del propio sistema de pensiones, más allá de la posibilidad que puntualmente pueda incurrir en algún déficit entre ingresos y pagos, lo cual está siendo muy común en la mayoría de sistemas.

Estas dudas, muy interesadas en algunos casos, han sido desmentidas oportunamente por la persona que está al frente de la Seguridad Social, persona que maneja los datos con rigor y conocimiento y sin intereses espurios, por lo que no entraré en ello.

En lo que sí me gustaría incidir es un aspecto no comentado. La edad de jubilación, en un contexto de límite legal y pensiones contingentadas por arriba, es una variable que depende del coste de oportunidad de estar jubilado. Es decir, del salario de reserva que ofrece, por un lado, la pensión pública y, por otro, la empresa o entidad empleadora. Si el salario de reserva es muy superior al salario de mercado, el trabajador/a preferirá salir del mercado de trabajo, y viceversa. Por tanto, el problema radica no tanto en el límite de edad, sino en lo que el mercado ofrece a los trabajadores entre 55 y 65 años. Si uno observa la tasa de actividad de este colectivo de edad, especialmente la femenina, constata que es una de las más bajas de toda la OCDE.

Además, la escasa tasa de actividad femenina en esta franja es la que determina la deriva salarial entre hombres y mujeres cuando se agrega la población activa ocupada. Por tanto, las reformas deben ir encaminadas a penalizar a las empresas que prejubilan o incentivar la ocupación de este colectivo, garantizando que el salario de mercado es superior al de reserva.

De las medidas propuestas para la reforma del mercado de trabajo parece que se trata de culpabilizar al subsidio de desempleo y al coste del despido del fuerte incremento del desempleo. Además, se recomienda un único tipo de contrato de trabajo indefinido con indemnización creciente.

Comencemos por el tema del contrato de trabajo. En una economía con un componente estacional tan significativo, si sumamos hostelería y turismo, construcción y agricultura, tenemos casi un 30% del PIB. Es decir, ¿podrían los empresarios de estos sectores asumir contratos indefinidos?

Por otro lado, la última reforma del coste del despido, con la ampliación del colectivo de trabajadores con un coste de 33 días, ha resultado frustrante. La mayoría de contratos de estas características se han hecho con costes de despido máximo, es decir 45 días. Por tanto, el coste del despido no parece que sea una variable tan relevante como se plantea.

En el caso del subsidio de desempleo, la evidencia empírica no muestra claramente una correlación elevada en España entre subsidio de desempleo e incentivos a la empleabilidad.

En resumen, son necesarias reformas de calado en empleabilidad en algunos segmentos de población, desincentivar la jubilación anticipada y mantener un salario de mercado superior al salario de reserva.

Por último, mientras algunos agentes sigan viendo a la Seguridad Social como un impuesto habrá problemas financieros, pero no hay ninguna señal de alarma.

Alejandro Inurrieta. Delegado federal Secretaría de Economía y Empleo de CEF-PSOE