COLUMNA

Lo que nos debe RTVE

Se aproximan las elecciones europeas y se diría que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiere ambientarlas favorablemente a sus colores. En esa línea puede ir el anuncio de la supresión de la publicidad en TVE, cuya primera consecuencia ha sido el alza de las cotizaciones en Bolsa de Antena 3 TV y Tele 5. Queda por ver cuál será la consecuencia para la televisión pública estatal, a la espera, como sus competidoras, de la Ley del Audiovisual que al parecer está en el horno, mientras crece el barullo en torno a la inminencia de la TDT de pago lanzada y desmentida por el Ministerio de Industria hasta que se tome un acuerdo al respecto por el Consejo de Ministros.

Como señala el profesor Bernardo Díaz Nosty, la televisión pública es una seña de identidad de la cultura europea. Aquí el error ha consistido en convertirla en un sistema de doble financiación sin definir el perímetro del servicio público que justifica su existencia ni diferenciarla de los intereses comerciales de las cadenas privadas. Estas últimas vienen atronando hace tiempo con sus denuncias de competencia desleal. Claman por la eliminación de la publicidad en TVE pero como veremos enseguida, movidas por su insaciabilidad, pasarán a exigir sencillamente que desaparezca.

En su libro El déficit mediático, Díaz Nosty nos tiene explicada la penosa diferencia entre los nutrientes audiovisuales de un europeo medio y de un español. De forma que nuestro país para nada converge con Europa en este plano mientras seguimos estando a la cola en cuanto a la creación de autoridades independientes que aparten a los Gobiernos del control directo o indirecto de los medios reducidos a la condición de servicio doméstico de quienes se encuentran en el poder.

RTVE había acumulado una deuda de más de 7.000 millones de euros que fue absorbida por el Estado y además para iniciar la nueva andadura se procedió a reducir en más de 4.000 empleados la plantilla mediante un expediente de regulación de empleo que no reparó en costes. La nueva corporación, sucesora del ente, cerró el balance económico de su primer ejercicio en 2007 con un beneficio de 18,4 millones de euros antes de impuestos, resultado 'que avalaba el rigor con el que se estaba gestionando el dinero público y el que se obtenía por ingresos comerciales', según sus responsables.

Pronto vuelve la burra al trigo, así es que cuando se facilitó el avance de las cuentas del ejercicio de 2008 vimos que arrojaba un déficit de 71,8 millones de euros. Una cifra que supera el máximo permitido fijado por ley en el 10% de la aportación del Estado para la prestación del servicio público, cantidad que para ese año fue de 500 millones.

Otra cosa es que sigamos ayunos de la contabilidad analítica que debería separar las cuentas del servicio público y las de las restantes actividades de RTVE. Una obligación legal que requeriría determinar cuál es el perímetro de dicho servicio público, es decir, qué programas lo componen. Sucede que sólo están fijados de manera muy minuciosa los parámetros de cómo debe prestarse, con qué criterios debe hacerse, pero sin especificar el objeto de su aplicación.

Tampoco se ha firmado el contrato-programa trienal entre la Corporación RTVE y el Gobierno, al que se refiere el llamado mandato-marco aprobado por el Congreso de los Diputados en 2007. El borrador de dicho contrato-programa es de junio de 2008 pero parece que verdes las han segado. Todo ello no empece para que el presidente Luis Fernández haya establecido como prioridad el cambio a una nueva sede proyectada con la ambición de ser un hito arquitectónico. En parte alguna consta que las sedes de la BBC, de las cadenas de Alemania, de Suecia o de tantos otros países, que gozan de unas televisiones públicas dignas de servirnos de modelo, sean 'hitos arquitectónicos' ni falta que les hace. Pero aquí seguimos afectados por el mal de la piedra, el mismo que padece nuestro cardenal arzobispo Antonio María Rouco Varela, empeñado en construir su pequeño Vaticano para destrozar la cornisa de San Francisco el Grande.

Así que sigue pendiente la deuda histórica que las televisiones públicas del Estado y de las comunidades autónomas tienen con la ciudadanía, empeñadas como están en una espiral hacia la basura con las cadenas privadas, con daño y empobrecimiento para todos.