La empresa en la futura Ley de la Ciencia y la Tecnología
En la actual economía globalizada, la competitividad de las empresas depende cada día más de su capacidad de innovar, es decir, de aprovechar el conocimiento para crear o mejorar productos, servicios, prácticas comerciales o modos de organización. En consecuencia, es más necesaria que nunca la incorporación de conocimiento a la empresa, bien sea adquiriéndolo o generándolo internamente.
Por este motivo, cualquier ley que quiera ordenar la actividad científica o tecnológica debe tener en cuenta los intereses de las empresas, si bien está claro que es el uso para la innovación de los resultados de la investigación, propia o ajena, la razón de estos intereses.
Pero ni en la ley actual ni en el borrador de la futura ley se aborda la innovación de forma explícita. Como razones para ello, puede apuntarse que la ley vigente data de 1986, cuando aún no se había alcanzado en el mundo el actual interés por la innovación (la primera edición del Manual de Oslo de la OCDE es de 1992), y que las competencias constitucionales en materia de innovación siguen siendo hoy día motivo de polémica.
Sin embargo, como no podía ser de otra manera, la empresa aparece frecuentemente en el articulado que propone el actual borrador, resaltando su papel en la política científica y tecnológica que propone. De manera general, se reconoce que la futura ley debe servir para acelerar el ritmo de transformación de nuestro país en una economía del conocimiento, se afirma que una razón de ser de un sólido sistema de ciencia y tecnología es la competitividad del tejido productivo, se identifica a la empresa como un agente ejecutor de I+D, a la par que la investigación pública, y se establece que los intereses empresariales deben ser tenidos en cuenta en la llamada estrategia española de ciencia y tecnología.
Y de forma más concreta, el borrador prevé acciones de fomento novedosas y exclusivas para la actividad empresarial de I+D, como son la compra pública de tecnología innovadora y la llamada compra precomercial del sector público, una nueva figura de política tecnológica que está impulsando la Comisión Europea.
Cuando define al personal investigador, incluye al que desarrolla su actividad en el entorno empresarial, por lo que las nuevas figuras contractuales propuestas para este personal pueden ser utilizadas por la empresa, si lo considera oportuno. Y esta equiparación llega a permitir que se incorporen a ella los investigadores del sistema público, en régimen de excedencia por un plazo de hasta cinco años, con derecho a reserva de plaza y a cómputo a efectos de antigüedad y de evaluación de la actividad investigadora.
La transferencia a la empresa de los resultados de la I+D pública ocupa varios artículos del borrador, y en ellos se reconoce la necesidad de incentivar acciones que apoyen la difusión del conocimiento, ayuden a estimular su demanda y favorezcan la iniciativa pública y privada en actividades de intermediación. Por otra parte, el articulado propuesto determina que sea el derecho privado el que regule los contratos para aquellas transferencias.
No cabe duda, por lo tanto, que si bien el actual borrador no olvida a la empresa, tampoco ocupa en él un lugar destacado la cuestión del impulso a la innovación como actividad fundamentalmente empresarial y necesaria para un país como el nuestro.
Es muy posible que no sea una ley, cuyo potencial se basa fundamentalmente en obligar y prohibir, la que deba ocuparse de esta cuestión y así parecen haberlo entendido otros países que ya han asumido aquella necesidad, aunque sea para ellos menos urgente que para nosotros. En estos países se prefiere hablar de estrategias nacionales de innovación, que comprometen no sólo a la mayoría de los departamentos ministeriales y organismos autónomos en sus ámbitos de competencia, sino también a una parte importante de la sociedad civil, a la que impulsan a adquirir compromisos porque finalmente les benefician.
Seguramente, y más que nunca en las actuales circunstancias, ha llegado el momento de que, en paralelo con la tramitación de esta ley, se inicie la definición de la estrategia española de innovación, con la implicación de las Administraciones central y autonómicas y, por supuesto, con la de todos los agentes sociales.
Juan Mulet Meliá . Director general de COTEC