Las urgencias financieras de los municipios
Las alarmas han saltado -con razón- entre las constructoras, que en plena crisis temen acabar siendo los paganos de la escasez financiera de los municipios. A los retrasos que están sufriendo en los pagos de las Administraciones públicas se puede unir la obligación de abonar el IBI (impuesto de bienes inmuebles) por las autopistas de peaje en sombra que gestionan. Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional -pendiente de recurso- ha aceptado la solicitud del Ayuntamiento madrileño de San Fernando de Henares de cobrar este tributo por el tramo de la autopista M-45 que recorre su término. Si finalmente el recurso es favorable a las tesis locales, el resto de los ayuntamientos en la misma situación no tardarán en pasar la minuta a las concesionarias. De hecho, el de Madrid ha confirmado que pedirá el impuesto por el tramo de la M-45 que le corresponde.
La actual legislación establece que las vías estarán exentas de pagar el IBI si son públicas y gratuitas. La duda jurídica, aprovechada por los ayuntamientos, estriba en la gratuidad de las autopistas de peaje en sombra, que, aunque no facturan a los usuarios por transitarlas, sí cobran un canon a la Administración propietaria de la infraestructura. Y, por tanto, la concesionaria obtiene un lucro.
De momento se desconoce el impacto que podría suponer tal pretensión si finalmente prospera, pues por sorprendente que parezca nadie se presta a cuantificar los kilómetros de peaje en sombra que hay en España en estos momentos. Sin embargo, el temor de las constructoras no se deriva de lo actual, sino de lo venidero, ya que la reforma de las autopistas de primera generación (las seis radiales) está planificada con esta modalidad de financiación. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares calcula que podría recibir alrededor de 1,2 millones de euros al año por nueve kilómetros. De ser así, las concesionarias tendrían que asumir un coste de unos 130.000 euros anuales por kilómetro. Sólo las de primera generación sumarán 2.000 kilómetros.
El pago del IBI implicaría un cambio de las reglas de la concesión y exigiría unos cálculos de rentabilidad nuevos. Así pues, sería lícito que las constructoras demandaran a su vez una revisión del canon que paga el dueño de la autopista en sombra. Aunque todo es negociable, cabría esperar que al final la Comunidad de Madrid -propietaria de la M-45- tendría que pagar más por la gestión de la autopista. Y, en definitiva, los madrileños con sus impuestos. Será, pues, como desvestir a un santo para vestir a otro.
Actualmente está en revisión el modelo de financiación de las autonomías y de los ayuntamientos. Es en este contexto en el que se debe decidir de dónde obtienen los ingresos las corporaciones locales, como también cuáles serán los servicios que deben prestar al ciudadano. Hasta entonces, no parece muy riguroso que carguen contra todo lo que se pone a tiro para obtener dinero.