Los municipios quieren cobrar el IBI por las vías de 'peaje en sombra'
La sentencia de la Audiencia Nacional a favor del Ayuntamiento de San Fernando de Henares en Madrid por la que la autovía M-45 deberá pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) ha abierto la espita para que los municipios quieran cobrar este tributo a todas las carreteras con peaje en sombra, vías gratuitas para el usuario pero en las que las concesionarias cobran un canon de la Administración.
El brusco crac inmobiliario ha dado al traste con los ingresos de todos los ayuntamientos, que además están fuertemente endeudados (las últimas cifras estiman una deuda de casi 31.000 millones de euros). De ahí que las corporaciones estén buscando recursos alternativos para poder mantener el mismo nivel de servicios a sus ciudadanos.
La legislación vigente establece que las carreteras, caminos y toda clase de vías cuya utilización sea pública y gratuita están exentas de tributar por IBI, de ahí que las autopistas de peaje tradicional sí tengan que pagar este impuesto. Sin embargo, expertos juristas consultados por CincoDías recuerdan que la redacción de la ley es lo suficientemente antigua como para dar lugar a distintas interpretaciones. "Como la fórmula del peaje en sombra es relativamente nueva en nuestro país, no había experiencia sobre qué ocurría con esta clase de vías, de ahí la trascendencia de esta sentencia (a la espera del último recurso), que puede sentar un claro precedente", explica Antonio Padilla, socio de Garrigues. El modelo del peaje en sombra consiste en que la Administración y no el usuario paga al concesionario privado que gestiona la vía un canon o peaje, según el tráfico que genere.
La M-45, que recorre los municipios de Madrid, San Fernando deHenares, Coslada, Getafe y Leganés, se gestiona a través de una concesión dividida en tres tramos que se reparten Globalvía, de FCC y Caja Madrid, Abertis, Cintra y OHL.
Según la sentencia de la AudienciaNacional, aunque los ciudadanos no pagan por circular por esa carretera, su aprovechamiento no es gratuito, ya que las obras ejecutadas y la explotación de las infraestructuras resultantes se han realizado mediante concesión administrativa a favor de una entidad privada con ánimo de lucro, a la que la Comunidad de Madrid abona anualmente una cantidad económica en función del número de vehículos.
Madrid se sumará
Los primeros cálculos del Consistorio de San Fernando de Henares indican que las arcas municipales podrán recaudar por el IBI de los nueve kilómetros de M-45 que discurren en su territorio 1,2 millones de euros al año los primeros 10 ejercicios de la concesión y después más del doble de esa cantidad anual, según fuentes locales. En la capital estudian la iniciativa con sumo interés. "Creemos acertada la sentencia porque incide en el hecho de que existe una empresa privada que obtiene un beneficio por la explotación de la vía", subraya RosanaNavarro, directora general de Tributos del Ayuntamiento deMadrid, que, por supuesto, comenzará a gravar el IBI a los kilómetros de la M-45 que recorren el término municipal de la capital cuando exista sentencia firme.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por su parte, está llevando a cabo un "seguimiento" de este asunto. En opinión del Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la Colaboración Público Privada (Cecopp), el verdadero problema que puede suscitar esta resolución judicial es que aunque ahora no son muchas las vías con peaje en sombra, el plan de renovación de las autovías de primera generación, valorado en 6.344 millones, se ha puesto en marcha con ese mecanismo. Son, por tanto, 2.131 kilómetros de carreteras que discurren a través de cientos de municipios y que podrían tener que pagar IBI si el recurso interpuesto a la sentencia de la AudienciaNacional es desestimado.
"No más trabas a la iniciativa privada"
El sector de las concesionarias de autopistas vive con preocupación la actual coyuntura. La caída del 5% de los tráficos en 2008 en un entorno de crisis económica no es tan grave, como la quiebra técnica que tendrán que encarar algunas empresas. El motivo es que deberán pagar 2.000 millones de euros por expropiaciones, si no prosperan las negociaciones con Fomento, cuandoel coste inicial previsto era hasta un 1000% inferior. Abogados, ingenieros y economistas partidarios de la iniciativa privada en la financiación de infraestructuras reclaman que no se pongan"más trabas a esta clase de proyectos", que son básicos para mantener el fuerte ritmo inversor del pasado."Para aliviar esa deuda se debería conceder un crédito participativo a las compañías con el que poder hacer frente a los pagos, cuya devolución no fuese obligatoria hasta el término de la concesión", apuesta Antonio Illana, ex subdelegado del Gobierno en las Autopistas Nacionales de Peaje hasta 2006. Otra posibilidad, en su opinión, es que el Estado recupere por anticipado elcontrol sobre los terrenos de las autopistas, pague las expropiaciones y después cobre un canon a las concesionarias por el uso de esos suelos.