La necesidad de limitar los plazos de pago
La economía española ha dado pasos hacia delante en las últimas décadas, como hace unos días reconocía la OCDE al referirse a la liberalización de los mercados. Pero seguimos teniendo problemas estructurales que lastran la competitividad. Al hablar de baja productividad tendemos a pensar en que hemos basado nuestro crecimiento en sectores de menor valor añadido, como la construcción o el turismo, lo que ha dado acceso a nuestro mercado de trabajo a una gran riada inmigratoria con, en general, escaso nivel de formación. Se echan en falta más investigación, más empresas líderes en sectores de tecnologías avanzadas o de diseño, que establezcan unas bases sólidas de crecimiento futuro.
Esto es verdad, pero los análisis se limitan casi siempre a enumerar causas de manual de economía, y, a veces, proceden del exterior. Se habla poco de otras debilidades estructurales muy específicas de nuestra forma de trabajar, que representan un enorme obstáculo para la modernización económica. Entre ellas, destaca el hábito de pagar a plazos excesivos. Pagar tarde es pagar mal y muchas veces lleva a no pagar. La mayor parte de los autónomos y pymes en este país deben dedicar una parte excesiva de sus fondos a financiar circulante, porque sus clientes les pagan a 90, a 120 ó a 180 días y aún se registran plazos más largos. Esa situación les hace depender excesivamente del crédito bancario, les expone mucho a cualquier aumento de la morosidad y evita que dispongan de recursos para inversiones en capital o en formación o en investigación que son las que sirven para mejorar la productividad. Forzando un poco el idioma, puede afirmarse que el vicio del largoplacismo en los pagos genera la enfermedad del cortoplacismo en la gestión.
Sean bienvenidas las recientes palabras del secretario de Estado de Hacienda, que este periódico destacaba recientemente en su primera página, en el sentido de que se estaba estudiando que el ICO ayudara a los ayuntamientos a acortar sus delirantes plazos de pago. Pero no nos debemos quedar ahí, hay que extender la medida a todo el tejido productivo, hay que hacer de la necesidad virtud y terminar con un problema que debilita nuestra competitividad, pero que además, en estos momentos, está llevando al paro a numerosos autónomos y al cierre a miles de pequeñas y medianas empresas. Hace unos días se manifestaba, frente al Congreso de los Diputados, la Asociación de Proveedores Impagados de la Construcción, pidiendo que la ley fijara un plazo máximo de pago. La manifestación no encontró mucho eco en los medios, aunque recogía el grito desesperado de los muchos que no pueden pagar porque no les pagan, de los que no son capaz de descontar un pagaré.
Cuando se gestaba la Ley de Morosidad 3/2004 ya se intentó fijar un plazo legal a los pagos entre empresas. Entonces no fue posible conseguirlo por la presión de algunas grandes compañías. Ahora es inaplazable. Pero, para hacerlo viable, habría, primero, que fijar una reducción escalonada de plazos que suavizara la entrada en vigor de la norma hasta que se llegara a un límite de, por ejemplo 60 días, en enero del 2011 y, segundo, añadir ayudas a las empresas deudoras para reestructurar su pasivo y adaptarlo a los nuevos plazos legales de pago. El apoyo se podría materializar en avales del ICO para realizar emisiones de deuda o conseguir préstamos a largo.
El riesgo que asumiría el Estado se vería sobradamente compensado. No sólo eliminaría un defecto estructural de la economía española, que saldría reforzada de la recesión, sino que inyectaría liquidez a la mayor parte del tejido productivo de forma inmediata y generalizada, sin contar con el canal bancario, que en una coyuntura como la actual tiene su propia problemática y es lento de reacción. Es más, la rápida mejora de su salud financiera abriría a muchos agentes económicos las puertas de los bancos y cajas, los proveedores naturales del crédito. Es la única medida que puede conseguirlo. Otros nos sacan ventaja, Francia ya fijó plazos máximos en su Ley de Modernización de la Economía del pasado agosto, a pesar de ser sede de muchos de los mayores grupos de distribución europeos, y hay quien no lo necesita, en un país tan competitivo como Finlandia, el plazo medio de pago entre empresas es de 26 días (aquí sube a 89).
Enrique Sáez Ponte. Economista y empresario en el sector de distribución de productos siderúrgicos