El dinero público toma la banca

¿Van en contra de la competencia las ayudas al sector financiero?

La recapitalización de los bancos con fondos públicos es uno de los asuntos que más polémica ha suscitado en los círculos financieros internacionales durante los últimos meses. La cuestión comenzó a trasladarse al panorama nacional después de que la quiebra de Lehman Brothers precipitase las operaciones de este tipo en Estados Unidos y Reino Unido. En un primer momento se debatió en un plano teórico. Más tarde, la situación fue denunciada por la banca española al considerar que generaba competencia desleal, pues beneficiaba a sus rivales europeos. Ahora, la sombra de la intervención pública en la banca se va convirtiendo, día a día, en una realidad cada vez más palpable.

La primera pista de esta materialización surgió en La Moncloa. El 13 de octubre, José Luis Rodríguez Zapatero presentó dos medidas de choque para apoyar a la industria bancaria. El día siguiente los titulares eran unánimes al destacar la primera de ellas: el Tesoro avalará emisiones de la banca española por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Sin embargo, el calado de la segunda disposición adoptada por el Consejo de Ministros era mucho mayor: el Ministerio de Economía quedaba habilitado para comprar títulos de entidades financieras que necesitasen reforzar su capital.

El presidente del Gobierno se aprestó a asegurar que se trataba de un 'instrumento preventivo' y explicó que se había dispuesto 'en el marco de las acciones coordinadas de los países de la zona euro'. Ese segundo artículo del Real Decreto Ley 7/2008, que tiene una redacción muy escueta, limita las formas de recapitalización a la adquisición de 'participaciones preferentes y cuotas participativas' de bancos y cajas de ahorros, respectivamente. Además, exige que el Banco de España realice un informe previo al acuerdo de compra.

La inclusión de un precepto legal tan relevante apenas generó debate público en un primer momento. Todo el arco parlamentario respaldó la adopción de esta medida de urgencia, y nadie alzó la voz para advertir que se había dotado al Gobierno de un instrumento para nacionalizar el sistema financiero.

La situación cambió cuando otros países europeos comenzaron a extender el uso de esta medida. Si en un principio se había concebido como instrumento de último recurso, ahora comenzaba a generalizarse. Primero la banca islandesa, luego la británica y así hasta llegar a la alemana, la belga, la holandesa... En total, un grupo de 10 países europeos desembolsó más de 124.500 millones de euros en poco más de 100 días, convirtiendo al sector público en accionista de referencia de gigantes financieros como Royal Bank of Scotland, Fortis o UBS. Estados como Islandia o Bélgica han pasado a controlar por completo su gran banca.

La primera reacción en España fue denunciar el refuerzo, con dinero público, del capital de entidades financieras. Ya en noviembre, el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España criticaba que algunos de los títulos utilizados por los Gobiernos se estaban considerando como capital Tier 1 -el de máxima calidad-, sin que realmente lo fueran, lo que representaba un caso de competencia desleal.

Después de que el supervisor bancario dejara clara su postura al respecto, la banca española comenzó a pronunciarse. Tanto las patronales del sector -CECA y AEB-, como los propios directivos, cargaron con dureza contra las ayudas a otros bancos europeos. El principal problema es que con la ingente inyección de fondos públicos, los estándares de solvencia habituales han subido.

Tras varias semanas descartando que la nueva posición de sus rivales les obligara a ampliar capital, las entidades españolas han acabado por apelar al mercado. El primero fue Santander, que emitió nuevas acciones por 7.000 millones de euros. Luego le siguieron Popular, Sabadell... El quid de la cuestión es que los mercados mayoristas se han vuelto más selectivos y discriminan a las entidades que presentan ratios de capital en niveles previos a la crisis. Además, el mercado percibe que los bancos que han recibido ayuda estatal están inmunizados contra una posible quiebra: su Gobierno nunca los dejará caer.

Hastiados de comprobar las ventajas con que cuentan otros países europeos, la banca nacional ha pasado del debate teórico al práctico: ¿Cómo se podría articular una recapitalización con fondos públicos en España? Por ahora, hay una discrepancia de posturas. Los bancos defienden continuar con la vía tradicional, que consistiría en recurrir al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en caso de que una entidad atravesara serias dificultades. 'El que la hace, la paga', ha declarado en varias ocasiones el presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín.

Las cajas, por su parte, quieren ampliar las competencias del FGD de modo que su actuación no se circunscriba a casos extremos, a supuestos claros de mala gestión, sino que pueda ser utilizado como banco malo que pueda adquirir algún tipo de activos con problemas. Algunos expertos del sector han indicado que esa entidad podría hacerse cargo de préstamos a promotores con problemas.

En el caso de que se realizasen en España recapitalizaciones, la vía más plausible sería la suscripción por el Estado (o incluso por las Comunidades Autónomas) de cuotas participativas emitidas por las cajas de ahorros y de participaciones preferentes emitidas por los bancos. Esto supondría la adopción del modelo de Estados Unidos (entrada en el capital sin ejercicio de derechos políticos, ni participación en la gestión), en lugar del modelo británico (entrada en el capital, con participación en el consejo de administración y ejercicio de derechos políticos). El umbral máximo de participación que se baraja sería del 25% ya que, por encima del mismo, las exigencias de responsabilidad en las inversiones, aconsejarían el ejercicio de los derechos políticos proporcionales.

Otro aspecto relevante sería el modo de puesta en práctica. Los casos de los avales públicos y el fondo de adquisición de activos ha puesto de manifiesto el temor de las entidades a la estigmatización en caso de solicitar este tipo de ayudas públicas. Lo más recomendable, a decir de los expertos, sería utilizar el sistema opting out: el Estado reserva fondos para recapitalizar a todo el sector, pero cada una de ellas decide si quiere o no participar en el programa.