El cuidado de dependientes será gratuito para las rentas mínimas
El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron ayer que las personas dependientes que tengan rentas iguales o inferiores a 517 euros mensuales recibirán los servicios de atención de forma gratuita. A partir de ese nivel de renta, cada región fijará qué parte de los cuidados abonará cada beneficiario, según su capacidad económica.
La Ley de Dependencia cerró ayer los dos flecos que tenía pendientes para su desarrollo definitivo: la determinación de un mínimo de renta para la gratuidad de los servicios de atención y el establecimiento de los requisitos de calidad que deberán cumplir los servicios y centros de atención a personas dependientes.
Finalmente, y tras varios intentos fallidos de establecer criterios comunes para que en todas las comunidades autónomas los beneficiarios de la atención a la dependencia cofinancien la misma parte de los servicios en función de su renta y patrimonio, el Gobierno sólo ha podido arrancar un acuerdo que establece el mínimo de renta para recibir los servicios de forma gratuita. Este límite será el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que este año está fijado en 517 euros al mes. Las personas dependientes con rentas inferiores recibirán los servicios de forma gratuita y el 100% de las prestaciones.
A partir de rentas superiores, será cada comunidad la que determine la capacidad económica del beneficiario en función de su renta y su patrimonio, tal y como se hacía hasta ahora.
Además, la prestación que reciba el beneficiario nunca podrá ser inferior al 40% de la cuantía establecida anualmente para la prestación económica vinculada al servicio y del 75% para la de cuidados en el entorno familiar.
Los sindicatos y las regiones del PP criticaron este sistema, ya que interpretan que los beneficiarios pagarán una parte mayor o menor de los servicios y prestaciones dependiendo de en qué territorio vivan.
Otro de los acuerdos económicos alcanzados ayer modifica en parte el espíritu inicial de la ley de Dependencia. En un principio, el proyecto del Gobierno aseguraba que la vivienda habitual de la persona dependiente no se tendría en cuenta a la hora de fijar su capacidad económica para cofinanciar los servicios que reciba. Sin embargo, según el acuerdo alcanzado ayer, la vivienda habitual del beneficiario sí computará como patrimonio en los casos en los que la persona dependiente opte a una plaza en una residencia asistida y viva sola.
Asimismo, cada comunidad autónoma acreditará los centros y servicios en función de los criterios que fije cada una. Sí habrá unas pautas comunes a todas las regiones para la capacitación de los profesionales de los centros y servicios del sistema de dependencia.
Estos requisitos, que se exigirán progresivamente hasta 2015, incluyen también el ratio de profesionales cualificados para cada centro, en función de su tamaño.
Habrá 17 modelos de atención diferentes
Las comunidades autónomas tendrán más competencias de las establecidas en un principio por los ideólogos de la Ley de Dependencia. El hecho de que sean las autoridades autonómicas las que vayan a determinar la capacidad económica de los beneficiarios y los porcentajes de cofinanciación de los servicios ha llevado a los críticos con esta norma a resaltar que habrá 17 modelos de atención a la dependencia diferentes: uno por cada comunidad. A esta crítica se une la de las comunidades populares y Canarias, que ayer se abstuvieron en la votación de los acuerdos, que aseguran que el Gobierno incumple su compromiso de financiar al 50% junto a las autonomías la parte pública del sistema.