COLUMNA

Agujero en las tarifas eléctricas

Por decisión del Gobierno, no se repercute en las tarifas la totalidad del coste de producción de la energía eléctrica, lo que origina un déficit en las compañías, que debe ser financiado a las mismas. Parece lógico que si el Estado, por razones de política económica, interviene en el mercado de la energía eléctrica, fijando un precio inferior al de su coste de producción, la diferencia se subvencione por el Presupuesto. El hecho de que se trate de un mercado regulado no quiere decir que el Estado fije de manera arbitraria los precios, sino para que el precio que pudieran fijar las compañías eléctricas no sobrepase los costes de producción, más el beneficio que pudiera considerarse normal para dicha actividad.

Desde que en el año 2000 se creó el sistema tarifario, su cuantía acumulada sobrepasará a finales del año los 16.000 millones de euros, de los cuales 1.500 millones corresponden al período 2000-2003, lo que muestra el camino ascendente del mismo; el déficit del corriente año se estima en 6.700 millones de euros.

Para financiar el déficit se establece un recargo sobre el consumo de energía durante 14 años. Tratándose de un bien privado, como es la electricidad, no es admisible, desde el punto de vista de la equidad, que el coste de consumir la misma se traslade en parte a otra persona que no la ha consumido; es un principio general de una economía de mercado que en los bienes privados el que consume paga su coste. Por tanto, se daría una falta de equidad intergeneracional, ya que los nuevos consumidores pagarían una luz más cara que su coste, para compensar la rebaja que ellos no disfrutaron. Lo más lógico es que cuando el Estado toma la decisión de bajar los precios de un producto o servicio por debajo de su coste, afronte él el coste de tal decisión a través de una subvención presupuestaria. Al no aplicarse la fórmula de quien decide la rebaja paga, se incentiva las intervenciones del Gobierno en los mercados, ya que sobre otros recaerá el coste de sus decisiones. Desde el punto de vista de la eficiencia, tampoco es lógica la decisión, ya que al tratarse de un bien que en un alto porcentaje proviene de productos importados, se fija por el Gobierno un precio inferior a su coste, que dará lugar a un consumo superior al que se hubiera efectuado si el precio se ajustase a su verdadero coste.

El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95, Eurostat) establece que 'los conceptos administrativos no suelen ser los más indicados para el análisis económico', y el Manual del SEC-95 sobre el déficit y la deuda pública (Comisión Europea, Eurostat 2002) dice que 'la denominación que puede tener una operación tanto en las cuentas públicas como en la contabilidad empresarial, no condiciona necesariamente su clasificación en las cuentas nacionales'. El destino que a tal recargo se da, la financiación del déficit tarifario originado por la decisión pública, me reafirma más en considerarlo como un impuesto.

La Administración Pública establece un recargo sobre el consumo de energía eléctrica para financiar el déficit que otra decisión pública ha originado. Se establece un circuito al margen del Presupuesto, con falta absoluta de transparencia, enmascarando la verdadera situación de las finanzas públicas en cuanto a ingresos, gastos y déficit público. Y todo ello basado en decisiones de la Administración al margen del Parlamento, del Presupuesto y del control de la Intervención General de la Administración del Estado, lo que da lugar a que las cuentas económicas del Estado no den la verdadera situación de la actividad económica del mismo, de su deuda y de su déficit.

Si en 2008 hubiera sido el comienzo de pasar por contabilidad nacional el déficit tarifario, resultaría que el déficit del Estado hubiera aumentado en 6.700 millones de euros, menos los ingresos obtenidos del recargo sobre el consumo de energía, que se estima en 478 euros, resultado de dividir por 14 el déficit tarifario.

Las tarifas eléctricas se han utilizado por los Gobiernos para que su incidencia en los precios no alarmara a los consumidores, ya que en general las subidas han estado por debajo del índice de precios al consumo. Al ser los costes superiores a las subidas autorizadas, se han ido originando déficit tarifarios, que las compañías eléctricas titulizaban y eran adquiridos por los bancos, a los que se les paga la amortización de dicha deuda y los intereses a los largo de 14 años con un recargo en el recibo de la luz. El Boletín Oficial del Estado de 15 de marzo del corriente año, publicó una Orden que regulaba, por una parte, el derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit ex-ante de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas y, por otra, el procedimiento de subasta. Con el nuevo sistema se fija una anualidad constante comprensiva de los intereses y de la amortización de la deuda, de forma tal que al cabo del período que se fija la deuda queda totalmente amortizada, y los bancos reciben un flujo mensual fijo. A consecuencia de la crisis financiera mundial, no se han adjudicado las subastas de los derechos de cobro del déficit tarifario de 2007 y 2008, con la consiguiente repercusión en los ingresos monetarios de las compañías eléctricas.

La polémica que se ha originado con respecto a la propuesta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de revisión de la tarifa eléctrica para el 1 de enero de 2009, elevándola en un 31%, creo que quedaría resuelta con transparencia, que debe ser siempre la guía de toda actuación pública. Para ello, la CNE y la patronal de las empresas eléctricas deberían hacer públicos los siguientes datos: a) fuentes generadoras de la energía eléctrica y la cuantificación de cada una de ellas; b) los costes de cada una de dichas fuentes; c) cómo se calcula el coste de la tarifa según la regulación; y d) propuesta de una nueva regulación en el supuesto de que la actual produjera falta de equidad en la fijación de la tarifa, y cuál sería el resultado.

Me surge la siguiente pregunta: ¿es posible la liberalización de las tarifas, o la falta de un número adecuado de productores de energía eléctrica lo hace imposible por el poder de mercado? Lo que no es posible es continuar con el sistema actual, engordando cada vez más el déficit tarifario.

José Barea. Catedrático Emérito de la UAM