COLUMNA

Mensajes de los Presupuestos

El primer mensaje que recibimos de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 es que el crecimiento del gasto no financiero, una vez consolidados los presupuestos de los organismos que lo integran, crecen el 5% con respecto a los del año anterior: tasa superior a la prevista para el PIB a precios de mercado del 3,5%. Tal decisión no parece muy aconsejable en una época de fuerte crisis, camino de la recesión, como la que estamos atravesando, que continuará en el próximo año, acompañada de una aguda crisis financiera a nivel mundial, que está ocasionando una fuerte restricción crediticia de las instituciones financieras españolas. Tal política nada tiene que ver con la austeridad presupuestaria que preconiza el Gobierno, que da lugar a un déficit de la Administración central del 1,5% del PIB.

El segundo mensaje es que el principio de estabilidad presupuestaria, que es básico en el Tratado de la Unión, queda roto, ya que sin contar la Seguridad Social, el déficit público de la Administración central, autonómica y local se estima para el próximo año en el 2,7% del PIB, cercano al límite máximo del 3% fijado en el Tratado. En cuanto al superávit de la Seguridad Social, hemos de decir que no depende de decisiones del Gobierno, sino principalmente de la demografía. A partir del 2015, en que el envejecimiento de la población se acentúa, el sistema de pensiones públicas no será sostenible y entrará en déficit, si antes no se efectúan reformas estructurales. Por otra parte, parece exagerada la estimación de superávit de la Seguridad Social para 2009 (0,8% del PIB), cuando las afiliaciones están cayendo, el paro aumentando y el número de pensionistas y la pensión media subiendo.

El tercer mensaje que emana de los Presupuestos es que los gastos sociales van a resolver la crisis que estamos teniendo. En la página 99 del Informe Económico y Financiero se dice que 'los Presupuestos para 2009 seguirán priorizando la inversión productiva para garantizar el crecimiento futuro y mantendrán el gasto social para apoyar a los ciudadanos más perjudicados'. Analicemos con las cifras del Presupuesto esta afirmación.

Los Presupuestos consolidados para 2009 aumentan con respecto a los de 2008 en las dotaciones asignadas a operaciones corrientes, operaciones de capital y activos financieros en 15.374,01 millones de euros, éste es el margen que tiene el Gobierno para asignar nuevos recursos a las políticas de gasto. Dicha asignación aparece para 2008 y 2009 en el cuadro de la página 138 del Informe Económico y Financiero. De los 15.374,01 millones de euros citados, corresponden a los servicios públicos básicos 181,65 millones de euros (el 1,18%); al gasto social, 15.063,16 millones de euros (el 97,98%); las actuaciones de carácter económico experimentan una reducción de 656,98 millones de euros, el -4,27% del aumento del total del gasto, y a las actuaciones de carácter general le corresponden 786,16 millones de euros, el 5,11%.

En resumen, del aumento en las políticas de gasto, casi el 98% corresponden al gasto social, las políticas que contribuyen al cambio del modelo de desarrollo (educación, infraestructuras, e I+D+i) apenas participan del aumento de la tarta o inclusive se reducen sus dotaciones.

Si del cuadro de políticas de gasto se eliminan las dotaciones del capítulo VIII, activos financieros, incluyendo sólo las de operaciones corrientes y las de capital, la participación en el aumento de las dotaciones a distribuir entre las políticas de gasto experimentan una ligera variación: servicios públicos básicos 0,10%, gastos sociales 94,60%, actividades de carácter económico -0,30% y actividades de carácter general 5,60%. Como puede observarse, a los gastos sociales corresponde también en este supuesto la casi totalidad del aumento del gasto.

El cuarto mensaje es que, para salir de la crisis, se hubiera requerido un fuerte aumento de las dotaciones en capital humano, físico y tecnológico, y lo que se desprende del Presupuesto consolidado para 2009 es lo contrario: los gastos corrientes aumentan a una tasa doble que los gastos de capital.

Un quinto mensaje es que los gastos de personal van a aumentar a una tasa (5,6%) superior a la del IPC, quizás para recuperar el diferencial de inflación habido en el corriente año, entre la real y la prevista. Que los incrementos de salarios se liguen con la inflación da lugar a efectos económicos conocidos de segunda ronda, introduciendo una espiral inflacionista en todo el proceso productivo. Además, es un mal ejemplo para la Administración autonómica y local, así como para la negociación de los convenios colectivos.

El sexto mensaje es que si bien las operaciones de capital tienen una tasa de aumento del 2,6%, las inversiones reales directas del Estado, organismos autónomos administrativos y Seguridad Social disminuyen en el 2,7%, las transferencias de capital a sociedades estatales y entidades públicas empresariales aumentan en el 10%.

Un último mensaje se desprende de los Presupuestos en relación con la distribución territorial de la inversión real en 2009, relativa al sector público estatal y es que frecuentemente dicha distribución aparece más ligada a criterios políticos que a análisis económicos. En efecto, en los estatutos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña e Islas Baleares se incluyen determinados criterios para establecer, de forma permanente o temporal, el volumen de la inversión total que el Estado ha de destinar al territorio de la comunidad respectiva. De ellas, cuatro tienen Gobierno del PSOE y una del PP. Para el resto de las comunidades, el Informe Económico Financiero no explicita los criterios que han servido de base para localizar los proyectos de inversión en cada comunidad (análisis coste-beneficio, coste-eficacia, coste-eficiencia, etcétera).

Las infraestructuras son bienes de capital, generalmente de naturaleza pública, de difícil sustitución, que sustentan la estructura productiva y facilitan la distribución y el consumo, tanto privado como público, como la actividad humana en la sociedad. Según la OCDE, forman parte del stock de capital las carreteras, autopistas, infraestructuras hidráulicas, estructuras urbanas, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Otros autores incluyen las construcciones y equipamientos de sanidad y educación, así como las actividades culturales y recreativas.

En 2001, la OCDE revisó la metodología empleada. En sus nuevos manuales distingue entre el capital riqueza y el capital productivo. Las nuevas estimaciones toman en consideración 15 tipos de activos, de los cuales cuatro pertenecen al grupo de las infraestructuras (carreteras, autopistas de peaje, infraestructuras hidráulicas y ferrocarriles) y tres al sector de las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC): software, hardware y telecomunicaciones. Tanto la elasticidad con relación al PIB de las infraestructuras y de las TIC son altas, pero las de estas últimas son inclusive más elevadas, y tanto unas como otras tienen un efecto positivo sobre el crecimiento de la economía.

Por ello es preocupante que cuando la inversión real del sector público estatal asciende según los Presupuestos a 31.482 millones de euros, su distribución territorial y sectorial se efectúa con criterios políticos, sin que se realicen los oportunos análisis sobre su influencia en el PIB nacional y regional. En este campo de análisis de proyectos de inversión, la Administración central del Estado se ha deteriorado.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid