Los economistas coinciden en que elevar el fondo de garantía no era estrictamente necesario
Expertos en Economía valoraron hoy las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para garantizar la liquidez del sistema financiero español, si bien coincidieron en que incrementar de 20.000 a 100.000 euros por persona y entidad el importe garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos no era "estrictamente necesario" en España.
A juicio del catedrático de Hacienda Pública y director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno durante la primera legislatura de José María Aznar José Barea, se trata de una medida "lógica, aunque quizá no necesaria", si bien consideró que el Ejecutivo se ha visto obligado a tomar esta decisión para evitar la deslocalización de los ahorros de los españoles hacia entidades bancarias extranjeras, por el comportamiento de otros países de la Unión monetaria.
Según señaló, muchos países europeos se precipitaron a incrementar los fondos de garantía de depósitos, lo que constituye una "muestra más" de la falta de unidad de criterios en política financiera dentro de la Unión Europea, donde "no se habla con una sola voz".
Barea, quien recordó que este fondo sólo cubre el dinero en metálico de cuentas corrientes o depósitos a plazo, también consideró acertada la creación del fondo de 30.000 millones de euros, ampliable, para garantizar la liquidez del sistema.
En su opinión, el Tesoro Público tiene "buena credibilidad" y no tendrá problemas para la suscripción de títulos, del mismo modo que la medida no implicará pérdidas si se compran activos "sanos".
En cualquier caso, el economista sostuvo que al tratarse de una emisión de deuda pública, esta medida no debe constituir un "cheque en blanco", por lo que se deben establecer mecanismos de control sobre el destino de los fondos, para que lleguen a pymes y autónomos, así como sobre la calidad de los activos que se adquieran.
Según defendió, "lo ideal" es que sea supervisado de forma conjunta por el Banco de España y la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, para que exista control financiero y de los fondos públicos.
El director del Gabinete de Previsiones y Coyuntura de Funcas, Angel Laborda, aprobó igualmente la iniciativa del Gobierno, que, en su opinión, difiere "bastante" de los planes adoptados en Estados Unidos y Gran Bretaña, dado que las instituciones financieras españolas no tienen en sus balances "vehículos complejos" emitidos por bancos estadounidenses afectados por las hipotecas 'subprime'.
Problemas de refinanciación de la deuda
No obstante, admitió que el sistema español, como consecuencia de la crisis financiera y la pérdida "total" de confianza en los mercados de capitales, sufre problemas de refinanciación de la deuda que va venciendo y para financiar a particulares y empresas, lo que repercute sobre la demanda, la producción y el empleo.
"La falta de financiación asfixia a la economía y puede abocar a la recesión", declaró Laborda, para quien las medidas del Gobierno son "coherentes" y un inicio para solventar el problema, aunque "no lo solucionará al 100%".
En la presentación de un estudio realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo, el decano de la Facultad de Economía de Granada, Santiago Carbó, coincidió con Barea y Laborda en que aumentar el fondo de garantía no era necesario, aunque se hace para impedir a corto plazo el traslado de los ahorros a países con mayor garantía.