La Ronda de Doha, una oportunidad perdida
Cuando hace un mes Pascal Lamy, el director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), convocó la reunión ministerial que acaba de celebrarse en Ginebra, era consciente del riesgo que asumía por la cantidad y complejidad de temas abiertos sobre los que decidir. Sin embargo, nadie opinó entonces que el acuerdo en la actual Ronda de negociaciones, lanzada hace ya casi siete años en Doha (Qatar), no era factible.
Esta negociación, que nació con el compromiso asumido de que los más beneficiados por su resultado deben ser los países más pobres, pretende contribuir al crecimiento económico y desarrollo mundial fomentando y facilitando los intercambios de bienes y servicios mediante la reducción de barreras entre los 153 países miembros de la OMC. Trata además de actualizar y mejorar las reglas del comercio internacional, para que las empresas se desenvuelvan en un entorno más seguro, transparente, predecible y de competencia leal. En el periodo transcurrido desde su lanzamiento se han ido sentado las bases para el eventual acuerdo, cuyo último hito se produjo en la Conferencia Ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005. Desde entonces los principales actores han hecho varios intentos infructuosos de abrirse paso hacia un acuerdo final, el último de los cuales concluyó, desafortunadamente sin éxito, el 29 de julio pasado.
Ya en los primeros pasos de la reunión ministerial, el 21 de julio, la tarea parecía francamente difícil. Sin embargo el 25 se produjo un avance sustancial cuando el director general Lamy y los países miembros del denominado G7 (EE UU, UE, Japón, Australia, India, Brasil y China) presentaron un paquete de parámetros sobre temas pendientes como base para el acuerdo de modalidades de negociación, que posteriormente fue considerado válido por los países participantes en las negociaciones de la Sala Verde (G7 más otros 30 países). Este paquete definía el grado de reducción de los aranceles que pagarían los productos agrarios e industriales extranjeros en frontera, determinaba la reducción de las ayudas distorsionantes del comercio que los países desarrollados conceden a sus agricultores, ofrecía flexibilidades a los países en desarrollo con exigencias menores y a plazos más largos, y establecía las salvaguardias que los países podrían aplicar para proteger a sus productores en caso de incrementos súbitos de las importaciones o bajadas de los precios.
Al aceptarlo, la Unión Europea se comprometía, si la Ronda acababa con éxito, a reducir un 80% de las ayudas agrarias distorsionantes, a suprimir las ayudas a la exportación, a rebajar un 54% los aranceles agrarios, todo ello consistente con la Política Agrícola Común reformada, y a dejar en la mitad los ya bajos aranceles industriales. También los parámetros permitían identificar con más claridad las nuevas oportunidades de acceso a los mercados que podrían ofrecerse a las empresas exportadoras europeas en los mercados desarrollados y emergentes. Las perspectivas de nuevo acceso en materia de servicios también eran prometedoras, y el componente de desarrollo de la Ronda quedaba consolidado con ese avance. España se manifestó dispuesta a asumir este paquete si se resolvían satisfactoriamente otras cuestiones importantes que debían formar parte del acuerdo final, como la protección reforzada de las Denominaciones de Origen, la resolución del conflicto comercial del plátano, las ayudas al algodón y algunas otras cuestiones técnicas (simplificación arancelaria, lista de productos tropicales o erosión de preferencias).
Sin embargo no hubo finalmente oportunidad de alcanzar el acuerdo para éstas y otras cuestiones porque, antes de que ello fuera posible, EE UU, India y China no llegaron a conciliar sus posturas en cuanto al denominado Mecanismo Especial de Salvaguardia, por el cual las economías emergentes podrían salvaguardar de la competencia exterior un número, excesivamente alto en opinión de EE UU y otros exportadores agrícolas, de productos agrarios. Este desacuerdo desencadenó la ruptura de la negociación a última hora del 29, tras nueve días de intensos esfuerzos y de liderazgo incansable y admirable de Pascal Lamy.
No deja de sorprender el repentino fracaso de estas negociaciones, teniendo en cuenta que se había alcanzado un acuerdo sobre más del 90% de las cuestiones pendientes en agricultura y productos industriales, y que se había celebrado una conferencia sobre servicios cuyos resultados eran prometedores.
La UE acudió a la reunión a negociar seriamente, y dispuesta a asumir los compromisos necesarios para alcanzar un acuerdo, ejerciendo un papel de liderazgo. Hay que subrayar que la Comisión ha realizado una gran labor negociadora, defendiendo bien los intereses de la UE en una negociación sumamente compleja desde los puntos de vista técnico y político. Al mismo tiempo se ha puesto de manifiesto que otros miembros no tenían la misma voluntad, ambición o capacidad política para llegar a un acuerdo, lo que les llevó a endurecer sus posturas en los últimos días. La inquietud causada por la reciente crisis alimentaria ha tenido su influencia también en el desenlace.
La OMC calcula que el acuerdo fallido habría permitido un ahorro arancelario en los intercambios comerciales de 130.000 millones de dólares anuales, de los que 35.000 millones corresponderían a agricultura y 95.000 a bienes industriales. Este ahorro habría beneficiado sobre todo a los países en desarrollo, al mismo tiempo que habría abierto nuevas oportunidades para los operadores de los países desarrollados en los mercados emergentes. El acuerdo de modalidades podría haber conducido a unas mayores oportunidades de negocio para nuestras empresas exportadoras de bienes y servicios en los mercados prioritarios para nuestro país, y a un reforzamiento de las reglas del sistema multilateral de comercio (más necesario a medida que avanza el proceso de globalización), al mismo tiempo que cumplíamos nuestro objetivo plenamente asumido de que fueran los países más pobres los mayores beneficiarios del resultado.
Muchos países ya han reaccionado respecto al fracaso de las negociaciones. La mayoría se resiste a admitir que lo logrado en estos días pueda desperdiciarse y solicitan al director general Lamy que busque fórmulas para retener lo mucho que hay sobre la mesa. Pero el calendario político de los próximos meses en varios países podría provocar una suspensión del proceso de hasta dos años.
España, a pesar de todo, mantiene su confianza en el futuro del sistema multilateral de comercio y trabajará intensamente para que sea posible recoger cuanto antes los frutos del ingente esfuerzo que la comunidad internacional ha dedicado en los últimos años a la Ronda de negociaciones comerciales más ambiciosa y compleja jamás puesta en marcha.
Silvia Iranzo. Secretaria de Estado de Comercio