COLUMNA

Actuaciones ante el paro

El número de personas en paro aumentó en 36.492 en el mes de julio comparado con junio. En términos interanuales son catorce los meses seguidos que viene aumentando y, en comparación con el número de parados registrados en el mismo mes del año pasado, el aumento absoluto es de 456.578 parados, para alcanzar una cifra que supera los 2,4 millones. El número de personas afiliadas a la Seguridad Social se mantiene en 19,38 millones lo que supone una pérdida de unos 110.000 cotizantes respecto al mismo mes del año pasado.

El hecho de que el número de afiliados, en comparación con el aumento del paro, haya bajado relativamente poco, justifica a quienes quitan hierro a las cifras sin más pretensión que la de relajar la tensión asociada al desempleo. Una actitud más realista requiere anticipar nuevos datos en la misma línea, pero con mayor cuantía, lo que insta a realizar acciones que frenen ese aumento, consoliden el empleo y las actividades que tienen posibilidades de subsistencia y den lugar a otras nuevas. La diferencia no está en optimismo o pesimismo, que no son criterios de análisis sino estados de ánimo, sino en hacer o no hacer, que se refieren a la responsabilidad frente a la apatía o la irreflexión.

La trayectoria del empleo está ligada al descenso del ritmo de actividad y ésta responde a situaciones de caída en la demanda, aumento del coste del crédito y de la dificultad de obtenerlo, evolución adversa de la inflación y el tipo de cambio, etc. Las políticas económicas capaces de dar la vuelta a la situación o, al menos, facilitarla, tienen que impulsar la oferta por la vía de eliminar costes no productivos -en las empresas y en las administraciones públicas- incentivar la inversión y la mejora de eficiencia, promover la contratación por tiempo indefinido… Las restricciones vienen de la necesidad de mantener el control del coste público y la eficiencia en el gasto y, también, de la premura asociada al poco tiempo disponible.

Una parte del problema tiene que ver con la falta de liquidez. Si las administraciones públicas, que son el principal comprador y contratista del país, consiguen pagar como en Francia, a un mes, la necesidad de descontar facturas y certificaciones de obra se reduce y con ello se liberan recursos que quedan libres para otras empresas. Otra parte viene de costes no productivo, como los asociados a las bajas impuestas por la incapacidad temporal, donde, si se logra una reducción media generalizada de cinco días por año, se incrementarían las horas trabajadas en casi un 2,1%, con los ahorros consiguientes para empresas, Seguridad Social y otros. Las cargas impuestas en España por regulaciones redundantes, ineficientes, intervencionistas, innecesarias o contradictorias, son las más altas de la OCDE, por lo que un esfuerzo de simplificación, eliminación de normas, registros y trámites innecesarios, junto con las correspondientes inspecciones, sanciones, comparecencias, alegaciones, recursos, etc. está más que justificado, especialmente si se une a un proceso de mejora en el contenido de las nuevas normas.

La asimetría entre el sector público y el privado se amplia continuamente. No sólo las condiciones de trabajo difieren, sino que la actitud respecto a obligaciones y derechos está descompensada, de modo que la administración puede reservarse años para incoar un expediente y deja diez días para que el particular o la empresa puedan recurrir. Por otra parte, cuando se recurre a los tribunales la burocracia puede hacerlo sin pensar en costes, cosa que los particulares deben sopesar cuidadosamente pues mantener una disconformidad durante seis u ocho años es difícil de soportar. El particular paga por sus errores y contradicciones pero las administraciones públicas no, de ahí la diferencia de opiniones en casos como el de la opa sobre Endesa, donde hubo seis tomas de posición pública diferentes.

Las administraciones públicas pueden aportar eficiencia eliminando derroche y primando la inversión basada en criterios de coste y beneficio. Pueden recapacitar sobre la pertinencia de parte de las agencias públicas existentes y de la duplicación de organismos que entienden en los mismos problemas. Se puede instar a un mejor uso de recursos públicos y un largo etcétera. En cuanto a la configuración del futuro, un compromiso de Pacto de Estado en temas cruciales como la energía, el agua, la formación y el apoyo a la innovación, si se une a lo expuesto, podría dar la confianza que, en su día merecieron los Pactos de la Moncloa. Lo expuesto se completa con medidas fiscales para impulso de la oferta y la contratación por tiempo indefinido. Lo hecho en 1945 y 1994 -hoy sería algo diferente- pero también daría resultados en términos de inversión y empleo, porque mejoraría la eficiencia, sin cuestionar la recaudación. Puede actuarse antes de que el empleo aumente en un millón o dos. Es de esperar que los datos de septiembre sean suficientes.

Joaquín Trigo. Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional