COLUMNA

Inflación y política social

El último dato conocido sobre la inflación en España (mes de junio de 2008) es que ésta se había situado en un crecimiento interanual del 5%, tasa desconocida desde que ingresamos en la Unión Monetaria. En tal aumento ha tenido una gran incidencia el aumento de los precios del petróleo, que ha visto duplicado el mismo en un año, así como los de las materias primas.

Como se trata de bienes importados, tal hecho supone como si los productores de los bienes hubieran establecido un impuesto sobre los consumidores españoles, originando una transferencia de renta a favor de los productores extranjeros, financiada con la renta disponible de los españoles. En definitiva, los ciudadanos españoles nos hemos empobrecido en un año en un importe equivalente al desorbitado crecimiento de los precios del petróleo y de las materias primas.

Se trata de una inflación importada, cuyos efectos sólo en parte pueden contrarrestarse haciendo un uso racional de la energía, disminuyendo su consumo de una manera eficiente, sustituyéndolas, en el caso del petróleo, por energía nuclear o energías renovables que podamos producir en España. Es algo que debería haberse planteado ya y discutido abiertamente para tomar la opción de modelo energético que se considere más razonable para que nuestro futuro desarrollo no se vea tan condicionando, que pueda dar lugar a un estrangulamiento del mismo.

Frente a la crisis, el presidente del Gobierno ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado para 2009 se concentrarán en las políticas sociales. El Gobierno va a movilizar todos los recursos para cumplir sus compromisos electorales. Se subirán las pensiones mínimas y el salario mínimo por encima de la inflación, y el resto por la inflación; se van a aumentar las becas y no se van a recortar las prestaciones por desempleo ni la indemnización por despido.

No habrá cambios en el mercado laboral, y en la Seguridad Social se estará al acuerdo de los empresarios y de los sindicatos. Tal política de gastos sociales se justificó por el presidente en el hecho de que la crisis estaba afectando principalmente a los de estratos sociales de menor renta y que era necesario realizar políticas socialdemócratas contra la crisis.

No debería ignorar el presidente del Gobierno que nuestro sistema de pensiones público contributivo no es un instrumento de redistribución de la renta en favor de los que menos pensión cobran, sino para distribuir la renta en el ciclo vital de una persona: pagan cotizaciones sociales cuando están trabajando, que constituye un ahorro forzoso, y empiezan a cobrar la pensión cuando pasan a jubilados, y la propia Ley General de Seguridad Social establece el principio de proporcionalidad entre lo aportado a través de cotizaciones y lo percibido por pensión. El programa de pensiones de jubilación profesional y contributiva pretende efectuar una mejor asignación de la renta entre consumo presente y consumo futuro, a lo largo del ciclo vital de un mismo individuo (Monasterio).

Es muy difícil establecer en un régimen de pensiones públicas de reparto mecanismos que cierren todos los circuitos que las políticas pueden emplear para utilizar las pensiones como un instrumento de captación de votos. Para el intercambio de pensiones por votos se argumentan criterios de solidaridad, que va, como hemos dicho, en contra de nuestro ordenamiento positivo.

La utilización de criterios de solidaridad da entrada a supuestos de redistribución horizontal o vertical, que da lugar a la aparición de desequilibrios financieros, como lo muestra la deuda implícita de las pensiones en vigor, que es superior al PIB y que, unido a la deuda invisible en la terminología del FMI derivada de los derechos de los actuales cotizantes, que asciende a más del 100% del PIB, resulta más del doble del PIB. Y este desequilibrio empezará a manifestarse a través del déficit en pensiones a partir de 2015, que dará lugar a la no sostenibilidad del sistema y al comienzo del déficit.

En cuanto al mercado de trabajo, tanto la Comisión Europea como la OCDE han puesto de manifiesto al Gobierno español la necesidad de suprimir que los salarios se indexen con la inflación, pues ello da lugar a la espiral inflación-salarios-inflación, con los perjudiciales efectos de segunda ronda que origina sobre la economía.

Con una inflación que en parte significativa tiene su origen en el exterior, el problema se agrava aún más, ya que la pérdida de riqueza que ello supone en la renta disponible de los agentes económicos tiene que ser soportada por ellos, o reducir su impacto haciendo, como hemos dicho, un uso más racional de la energía, y a medio plazo cambiando nuestro modelo energético. Los salarios deben ser negociados a nivel de empresa y no por la cúpula de las organizaciones empresariales y sindicales, tomando como base la productividad de cada empresa.

El ex primer ministro inglés Tony Blair, del Partido Laborista, en el Libro Verde Un nuevo contrato para el bienestar, decía que 'el Estado del bienestar tiene que cambiar, porque el mundo ha cambiado radicalmente desde la generación de Beveridge, el mundo laboral no es el mismo, el papel de la mujer y la estructura de la familia se ha alterado, y sin embargo el sistema de protección social ha quedado desfasado con respecto a los cambios en el mundo'.

El Libro Verde pretende dar una respuesta a la pregunta de qué se pretende conseguir con el Estado del bienestar, eligiendo un tercer camino: no plantea desmantelar todo el sistema de protección social dejando lo justo e imprescindible para los indigentes; tampoco plantea dejarlo seguir funcionando de una manera poco eficaz, lo que se pretende es llevar a cabo una reforma basada en un contrato nuevo con el ciudadano para tener un Estado del bienestar justo y transparente que beneficie a todos, hecho a medida del mundo moderno, eficiente y con un coste asumible. Un pacto justo para todas las generaciones.

Para Tony Blair, la tercera vía ha de estar alejada de dogmatizaciones. Cree que, en la actualidad, la economía marca el destino de los pueblos y condiciona la política, pero que la gestión económica 'no es de derechas ni de izquierdas, es buena o mala'.

Por todo lo expuesto pienso que la política de gasto social para combatir la crisis, a pesar de considerarla el presidente como socialdemócrata, no es buena en la actual situación de entrada en recesión y con déficit, hechos que se verán más acentuados en el próximo año. En previsión de lo que iba a suceder, propuse antes de las elecciones que debería formarse un Gobierno de coalición, cualquiera que fuera el resultado, capaz de llevar a cabo las fuertes reformas estructurales que para salir de la crisis España iba a necesitar.

José Barea, Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid