El Estado de las cuentas regionales frena el plan de depuradoras
El endeudamiento, el deterioro de la coyuntura y la pérdida de fondos europeos ha estrechado el margen de las comunidades autónomas para financiar las obras del segundo Plan Nacional de Calidad de las Aguas, dotado con 19.000 millones. Sólo Aragón y Asturias han firmado acuerdos con Medio Ambiente.
Uno de cada tres municipios en España aún no depuraba sus aguas en 2005. Esa carencia provocó la aprobación de un segundo Plan Nacional de Calidad de Aguas, con una duración de ocho años (2007-2015) y una financiación de 19.000 millones, de los que 6.300 serían aportados por el Ministerio de Medio Ambiente y el resto por las comunidades autónomas.
Sin embargo, la coyuntura económica ha cambiado en el último año y ha desbaratado el esquema inicial de financiación. El deterioro de las cuentas públicas, unido al fuerte endeudamiento regional (ascendió a 59.711 millones en 2007) y la perdida de fondos europeos, utilizados para la construcción de depuradoras, ha ralentizado los plazos de cumplimiento.
Lo más urgente, según Medio Ambiente, es resolver cómo se financiaran las 800 actuaciones en municipios de menos de 15.000 habitantes que no tienen depuradoras y no recibieron el visto bueno de Bruselas, que amenazó con sancionar a España por el retraso. Esa será uno de los primeros problemas que tendrá que resolver la nueva directora general del Agua, Marta Moren, nombrada en el Consejo de Ministros del viernes.
Medio Ambiente baraja costear algunas actuaciones con fondos dedicados a Desarrollo Rural
Medio Ambiente ya ha anunciado que se pondrá en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para establecer las actuaciones prioritarias, que podrían ser financiadas a través de partidas asignadas a la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. La FEMP cuenta con dos representantes en el Consejo para el Medio Rural, el organismo encargado de coordinar políticas de desarrollo rural con las comunidades autónomas, y que aún no se ha constituido de forma oficial.
Por ahora sólo Aragón y Asturias han firmado convenios de financiación con Medio Ambiente. Entre ambas comunidades apenas representan 1.000 de los 19.000 millones del plan, lo que refleja las dificultades para encontrar dinero. Aragón no es una excepción y por ello ha apostado por el modelo de concesión, de tal manera que las constructoras harán las obras y recuperarán la inversión a través de un pago que el gobierno regional les abonará anualmente.
Y el dinero para pagar a las constructoras procederá del canon de saneamiento, el más alto que se cobra en España (sólo está implantado en diez regiones), con un fijo por usuario de 3,66 euros al mes y un variable de 0,44 euros por metro cúbico de agua. Esa cifra representa más del triple de lo que se paga en otras regiones.
En este escenario, Ángel Cajigas, presidente de la Asociación Tecnología de Tratamiento de Aguas, el lobby que reúne a las filiales de agua de las grandes constructoras, considera imprescindible que los gobiernos autonómicos apuesten por el modelo de concesión. 'Pero para ello es necesario que aprueben cánones las regiones que no lo tienen y que los eleven aquellas que sí lo han aprobado', resalta. En su opinión, el precio que cobra Aragón es el que está más ajustado para que el modelo de concesión sea rentable. 'Este sistema permitiría a las regiones hacer las obras sin tener que endeudarse más y le daría un fuerte impulso a la obra civil en un momento de desaceleración económica'.
Cajigas afirma que se han detectado caídas en la licitación de obras, 'al coincidir unas elecciones, un fuerte crecimiento de la deuda autonómica, una nueva ley de contratos y el incremento de expedientes por declaración de impacto ambiental', dice.
Respecto a la nueva ley de contratos, Cajigas asegura que es muy compleja e introduce cambios en los pliegos, 'que están ralentizando la licitación'. En lo que se refiere a la declaración de impacto ambiental espera más sensibilidad por parte de Medio Ambiente. En 2006, último dato disponible, había 1.580 obras pendientes de la declaración de impacto, con un coste de 80.000 millones. Entre ellas 29 depuradoras y 15 desaladoras.
Bruselas ya amenazó con sancionar a España
La Comisión Europea remitió a finales de 2005 una carta de emplazamiento (el paso previo a la apertura de un expediente sancionador) al Ejecutivo español por no cumplir los plazos convenidos por Bruselas para depurar de forma correcta sus aguas.Ante la posibilidad de recibir sanciones y por lo tanto perder parte de los fondos europeos, el anterior director general del Agua, Jaime Palop, negoció con Bruselas una moratoria a la espera de que se presentara el borrador definitivo del Plan Nacional de Calidad de Aguas 2008-2015. En su defensa argumentó los buenos resultados del primer plan nacional, que consiguió que se pasara de depurar el 40% del agua en 1995 al 92% en 2005, sumando las obras que estaban en ejecución.