Inversiones que hacen aguas
Una de las carencias más notables de España en el campo de las infraestructuras es el de la depuración de sus aguas residuales. Oculto habitualmente bajo el manto de la política hidrológica y de trasvases, mucho más polémica, aparece siempre en segundo término cuando debería estar en el proscenio. Y no sólo por su trascendencia desde el punto de vista ecológico y del respeto a la naturaleza, sino también por lo que significa desde el punto de vista económico y su impacto en el desarrollo sostenible. El abandono histórico y el descuido con que, una vez utilizadas, se han tratado las aguas en nuestro país no era más que el retrato de un abandono que no concuerda con el retrato actual de una España que transita con soltura entre las economías más avanzadas.
Por esas razones, es especialmente preocupante que la financiación del Plan Nacional de Calidad de las Aguas esté en estos momentos en peligro. El deterioro de las cuentas públicas de las comunidades autónomas, afectado por la coyuntura, el fuerte endeudamiento de las Administraciones regionales y la pérdida de los fondos europeos han estrechado fuertemente su margen para financiar dicho plan, presupuestado inicialmente con 19.000 millones de euros. En la actualidad sólo dos autonomías, Asturias y Aragón, han suscrito acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar sus planes de depuradoras. Con ser positivo para los territorios afectados, este dato explica por sí solo el problema, ya que la inversión conjunta en estas dos comunidades representa solamente el 5% del total.
La Comisión Europea ya remitió a finales de 2005 una carta de emplazamiento al Gobierno por no cumplir los plazos convenidos con Bruselas para depurar las aguas conforme a las exigencias mínimas europeas. Esta advertencia, un aviso previo a la sanción según los mecanismos burocráticos europeos, debió bastar para encender las señales de alarma. De hecho, la Dirección General de Aguas negoció entonces una moratoria, a la espera de la presentación del plan definitivo, hoy ya vigente para el periodo 2008-2015.
Tanto el aumento de la deuda como el recorte de los fondos europeos, las principales dificultades que afronta el plan, son dos circunstancias perfectamente previsibles por las autoridades. Estarán ciegas, por tanto, o simplemente estarán empleando mal los recursos que pone en sus manos los ciudadanos si no dan prioridad a este problema. El hecho de que estén pendientes de resolver, por citar un solo ejemplo, ni más ni menos que 800 actuaciones en núcleos de población de menos de 15.000 habitantes da idea de la urgencia del problema. Y eso sin necesidad de poner sobre la mesa las habituales consideraciones sobre el cambio climático y la buena gestión del agua, de la que la Expo de Zaragoza es ahora mismo un escaparate mundial.
Pero el caso es además doblemente preocupante. Porque también es un síntoma de que el recorte de ingresos que están experimentando las Administraciones locales, en una importante medida a causa de la desaceleración económica, se está trasladando al capítulo del gasto. Es deseable que el Estado -y a veces hay que recordar que las Administraciones locales y autonómicas son una parte de él- afronte sus compromisos de inversión, y más en partidas tan vitales como el agua.