COLUMNA

La crisis, esa desconocida

Para tomar las medidas adecuadas para corregir la situación de nuestra economía es necesario realizar un diagnóstico de cómo se encuentra, como hace un médico cuando reconoce a un paciente. A mi entender, padecemos un descontrol de las magnitudes representativas de la estabilidad macroeconómica: alta inflación en el entorno del 5%, fuerte déficit exterior del orden del 10% del PIB en tasa interanual y desaparición del superávit del Estado, que se convertirá en déficit al finalizar el año. El control de la estabilidad macroeconómica, y por tanto de estas magnitudes, es competencia del Gobierno, siendo ésta condición necesaria para un funcionamiento eficiente de la actividad económica de un país.

La falta de este control nos ha llevado a la caída de la actividad económica (el Gobierno ha admitido ya que el crecimiento del PIB estará por debajo del 2%, la OCDE lo ha fijado en el 1,6%, que dará lugar a la pérdida de la estabilidad presupuestaria), la tasa de paro se remontará este año al 11%, lo que está ya ocasionando una fuerte caída del consumo de los hogares, con una deuda de las familias del 140% de su renta bruta disponible.

El deterioro de la economía real se ve acentuada por la contracción del crédito. A consecuencia de ello y del aumento del tipo de interés, el margen de nuestras instituciones financieras se reduce y sus cuentas de resultados empiezan a sentir los efectos de la grave situación. Si a ello se une que las instituciones financieras tendrán que hacer frente este año a pagos por vencimiento de préstamos recibidos por 62.000 millones de euros, y en el próximo trienio a una media anual 67.500 millones de euros, la situación de los mercados financieros españoles no permitirá alegrías expansionistas.

El panorama descrito lleva a considerar que nos encontramos conceptualmente en una profunda crisis de la economía española, a pesar de que el Gobierno no ha aceptado aún tal denominación, aunque sí está ya reconociendo la gravedad de la situación.

Conviene conocer por qué se ha llegado a esta situación. Después del ingreso de España en la Unión Monetaria, los tipos de interés en España cayeron entre 6 y 8 puntos, lo que dio lugar a que proyectos de inversión de las empresas que antes no eran rentables, sí lo fueran, y se pusieron en marcha. Igualmente, al no existir en España mercado de vivienda en alquiler, la gran reducción de los tipos de interés incentivó la demanda de compra de viviendas. Como el ahorro interno no era suficiente para financiar tal demanda, las empresas y las instituciones financieras acudieron a préstamos del exterior.

La necesidad de financiación de la economía española alcanzó en 2003 el 3% del PIB, que en 2007 ha resultado el 10%. En 2006 ya tuve ocasión de exponer que la causa del déficit exterior se encontraba en un crecimiento desequilibrado y en una pérdida de competitividad, ya que la sostenibilidad del déficit exterior dentro de la Unión Monetaria está relacionado con la percepción que los prestamistas tengan a largo plazo de la solvencia de los prestatarios, o con la percepción de un cambio en la sostenibilidad del modelo de crecimiento español.

En cualquier caso, una retirada de los flujos financieros del exterior es evidente que tendría consecuencias muy graves, al no poder seguirse financiando nuestro modelo de desarrollo, con una fuerte caída del crecimiento sostenido. Y esto es lo que realmente ha sucedido.

La no sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo basado en la demanda interna hace necesario su cambio hacia otro basado en la productividad, que permita reducir el déficit exterior y la inflación y mantener la estabilidad presupuestaria, condiciones necesarias para salir de la crisis. Ese cambio no es tarea fácil, pues depende del capital humano y del tecnológico, es necesario que la gestión de estos factores se efectúe con eficiencia, y de nada servirá que los Presupuestos le asignen más recursos, ya que se acumulará ineficiencia sobre ineficiencia.

La reforma del mercado de trabajo y la liberalización de los mercados de bienes y servicios cerrarían el cuadro de reformas estructurales a realizar para incrementar la productividad.

La reforma del proceso productivo de la educación es un instrumento fundamental para incrementar la productividad y sin embargo a pesar de su baja calidad, como ha puesto de manifiesto la OCDE, ninguna medida de las expuestas por el presidente del Gobierno hace referencia a su reforma. æscaron;nicamente se hace mención a la reforma de la formación profesional, veremos si esta vez se acierta.

Los nuevos manuales de la OCDE distinguen dos conceptos de capital: el capital riqueza y el capital productivo. El primero incluye las infraestructuras, a las cuales no hizo referencia el presidente, y en el segundo, las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), que tienen un mayor impacto sobre el crecimiento del PIB. A esta última la asignación de recursos públicos ha sido mínima; el presidente del Gobierno ni las nombró.

En cuanto a la I+D+i, que tanto influye en la productividad, tampoco fue nombrada entre las medidas a tomar. Los resultados del proceso de I+D+i han sido en España decepcionantes: índice bibliométrico de publicaciones científicas y número de solicitudes de patentes españolas en el total de las europeas. Dentro del sector público la organización de dicho proceso es caótica, dispersa, carente de coordinación y sin control de resultados.

La reforma estructural del mercado de trabajo tampoco entra en las medidas del presidente para elevar la productividad. En esta cuestión ha dicho que el Gobierno aceptará lo que las organizaciones sindicales y empresariales acuerden. Es una dejación de funciones del Gobierno en un tema que tanta incidencia tiene en la inflación, al indiciar los salarios con ella, y con la productividad, al no negociarse los convenios colectivos a nivel de empresa, teniendo en cuenta la productividad de la misma, sino a nivel de cúpula, y que lo acordado sea el nivel mínimo a partir del cual se negocie el convenio de empresa.

Sí ha encontrado lugar entre las medidas anunciadas la liberalización de los mercados de bienes y servicios. Reestructuración de AENA, dando entrada en la gestión a empresas privadas; la escisión en Renfe de la división de mercancías para liberalizarlas; la adaptación de la directiva europea de servicios; libertad de acceso a las profesiones; reducción de aranceles de notarios y registradores, y una nueva Ley sobre Eficiencia Energética y Energías Renovables. No se cita la apertura a la energía nuclear, cuestión esencial para nuestro desarrollo.

Para la estabilidad presupuestaria dijo que para 2009 se reduciría la oferta pública de empleo en una 70% respecto a la de 2008, y la congelación de sueldos de altos cargos, política que cambia el rumbo de la hasta ahora seguida de aumento de funcionarios públicos.

Por último, para aliviar la falta de liquidez de las pymes se ampliarían las líneas de crédito del ICO. El resto de las medidas son coyunturales, sin influencia en el cambio de modelo de desarrollo para aumentar la productividad, única salida de la crisis. Un problema que gravita fuertemente sobre nuestra economía, que pondría en peligro la estabilidad presupuestaria a medio plazo si no se toman las medidas oportunas de reforma del sistema público de pensiones; esto ni se nombró. De lo expuesto se deduce que tendremos crisis para largo.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid